Unos pocos

LA ACCIÓN huelguística de un reducido grupo de trabajadores, estratégicamente situados en el sector del tráfico aéreo, reprodujo el jueves pasado y ayer mismo una escenografía bien conocida por los usuarios de aeropuertos: centenares de vuelos postergados o lisa y llanamente cancelados, esperas interminables y resignadas, y todo ello entre la más absoluta indefensión del desinformado pasajero. Los protagonistas de medida tan desproporcionada han sicio esta vez 28 técnicos de mantenimiento de los sistemas de control aéreo integrados en la Asociación Nacional del Cuerpo Especial de Técnicos Espe...

LA ACCIÓN huelguística de un reducido grupo de trabajadores, estratégicamente situados en el sector del tráfico aéreo, reprodujo el jueves pasado y ayer mismo una escenografía bien conocida por los usuarios de aeropuertos: centenares de vuelos postergados o lisa y llanamente cancelados, esperas interminables y resignadas, y todo ello entre la más absoluta indefensión del desinformado pasajero. Los protagonistas de medida tan desproporcionada han sicio esta vez 28 técnicos de mantenimiento de los sistemas de control aéreo integrados en la Asociación Nacional del Cuerpo Especial de Técnicos Especialistas Aeronáuticos (ANCETEA), promotora de una huelga cuya principal reivindicación es la inclusión de sus afiliados en una determinada categoría laboral. Para que nada les fuera ahorrado a los atribulados usuarios del transporte aéreo, el paro coincidió con una avería -que Aviación Civil atribuye a un posible sabotaje- en el centro de control de tráfico de Paracuellos del Jarama (Madrid), vital para las comunicaciones aéreas en toda la Península.Cada vez que se produce una situación así, la pregunta es inevitable: ¿cómo tan pocos, y a veces por cosas de tan poca monta, pueden hacer tanto daño a tan alto número de personas? Pero la cuestión, interesantísima para el conjunto de los ciudadanos, deberían planteársela sobre todo los poderes públicos y las ejecutivas sindicales. La instalación permanente de la huelga salvaje en la empresa estatal cuestiona tanto los métodos de actuación de los administradores públicos como las tácticas reivindicativas de los sindicatos. Y, desde luego, el reiterado recurso a tan viciada práctica sindical es un reclamo constante para que los ciudadanos se manifiesten cada vez más claramente a favor de la regul ación del derecho de huelga.

Seguramente esta regulación es inevitable, tanto por su carácter constitucional como por la presión social y política derivada de la exacerbación del ejercicio del derecho de huelga. Pero sería ingenuo pensar en esta medida como una especie de bálsamo de Fierabrás capaz de remediar por sí mismo los actuales abusos. En gran medida, éstos se producen por el rechazo sindical de los servicios mínimos decretados unilateralmente por los poderes públicos, que luego son incapaces de hacer cumplir. Si no cambian los métodos de negociación colectiva y persiste la actual estrategia de tensión entre el Gobierno y los sindicatos, de poco va servir un mayor control legal del derecho de huelga tendente a suavizar sus secuelas en la prestación de los servicios públicos.