El Gobierno británico prepara la privatización del agua en Inglaterra y Gales

El Gobierno británico acaba de publicar los términos del proyecto de ley para la privatización del agua en Inglaterra y Gales, uno de los más conflictivos que tiene en cartera. Nicholas Ridley, ministro de Medio Ambiente, dice que el principal motivo para privatizar el agua es conseguir una calidad que sólo la iniciativa privada puede ofrecer.

La oposición considera risible el argumento, que tampoco convence a todos los conservadores. La privatización del agua le va a suponer al Estado unos ingresos en torno a los 6.000 millones de libras (alrededor de 1,2 billones de pesetas)."Esta ley...

El Gobierno británico acaba de publicar los términos del proyecto de ley para la privatización del agua en Inglaterra y Gales, uno de los más conflictivos que tiene en cartera. Nicholas Ridley, ministro de Medio Ambiente, dice que el principal motivo para privatizar el agua es conseguir una calidad que sólo la iniciativa privada puede ofrecer.

La oposición considera risible el argumento, que tampoco convence a todos los conservadores. La privatización del agua le va a suponer al Estado unos ingresos en torno a los 6.000 millones de libras (alrededor de 1,2 billones de pesetas)."Esta ley representa el mayor avance que se haya producido en la historia legislativa medioambiental del Reino Unido", dice Ridley, quien basa su declaración en el establecimiento de un Organismo Nacional de los Ríos encargado de forzar el cumplimiento de las directivas comunitarias sobre calidad del agua y con poderes para imponer multas o encarcelar a quienes contaminen este elemento.

Será nombrado un director general, responsable sólo ante el Parlamento, y cuyas funciones consistirán en establecer precios, as¡ como en velar por los intereses de los consumidores. Asimismo, la ley contempla otros aspectos de carácter técnico, pero no detalla los financieros que el Gobierno tiene en mente para hacer atractiva la puja por un servicio que en la actualidad arrastra una deuda de unos 5.000 millones de libras.

Tampoco se sabe si el Estado va a mantener alguna capacidad de veto sobre el destino final del sector, con el fin de evitar, por ejemplo, su control por firmas extranjeras, temor suscitado por la notable implantación francesa en el sector de las aguas minerales.

A la oposición no le resulta visible ninguna razón para privatizar al agua, lo mismo que al ciudadano de a pie, al que además se le han garantizado sustanciales subidas en el precio del producto: desde el 7,5%. que estima el Gobierno hasta el 100% en cinco años que calculan algunos estudios independientes.

El Ejecutivo insiste en que ése es el precio que habrá que pagar por consumir un agua mejor y dice que él no puede llevar a cabo esa tarea purificadora porque se dan inevitables connivencias entre quienes comercializan el agua y los que velan por su pureza, todos ellos miembros de la nómina oficial.

Dogmatismo privatizador

Quienes no comulgan con el proyecto gubernamental acusan a la primer ministro, Margaret Thatcher, de haberse pasado de la raya y de ser víctima del dogmatismo privatizador. "Privatizar el agua es como privatizar el Ejército", ha llegado a afirmar un líder sindical.En el programa del Gobierno del Reino Unido se plantea el inicio de la oferta del agua a la iniciativa privada dentro de un año aproximadamente.

En cuanto a los pujadores que deseen participar en la adjudicación, tendrán ante sí la hercúlea tarea de renovar una red victoriana que ha sufrido muy pocos cambios desde su creación y el señuelo de unas 200.000 hectáreas de terreno, algunas de las cuales resultan muy propicias para la explotación inmobiliaria.