Detenidos falsificadores de tarjetas de circulación para autobuses escolares

La Guardia Civil de Córdoba y Toledo ha desarticulado una red de falsificadores de tarjetas ITV (inspección técnica de vehículos) que autorizaban la circulación de autobuses de transporte escolar con matrículas avanzadas o procedentes de subasta.

Como consecuencia de esta operación, han sido detenidos los hermanos Miguel y Alfonso García López, vecinos de Torrijos (Toledo), como presuntos autores de las falsificaciones, así como Francisco A. P., Francisco H. L., C. S. M., M. A. y M. A. D., vecinos de Lucena (Córdoba). Esta red cobraba entre 25.000 y 150.000 pesetas por documentación fal...

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La Guardia Civil de Córdoba y Toledo ha desarticulado una red de falsificadores de tarjetas ITV (inspección técnica de vehículos) que autorizaban la circulación de autobuses de transporte escolar con matrículas avanzadas o procedentes de subasta.

Como consecuencia de esta operación, han sido detenidos los hermanos Miguel y Alfonso García López, vecinos de Torrijos (Toledo), como presuntos autores de las falsificaciones, así como Francisco A. P., Francisco H. L., C. S. M., M. A. y M. A. D., vecinos de Lucena (Córdoba). Esta red cobraba entre 25.000 y 150.000 pesetas por documentación falsificada, desconociéndose hasta el momento el número de las tramitadas.La Guardia Civil de Córdoba tuvo conocimiento de estos hechos a través de la Dirección General de Industria de la Junta de Andalucía, que advirtió que la estación ITV de Lucena había detectado una diligencia de reforma en este tipo de tarjetas de un vehículo, por la que se legalizaba el aumento del peso máximo autorizado a 30 toneladas, autorización sellada por la Delegación de Industria de Toledo. Se trataba de burlar lo previsto en el artículo 55 del Código de la Circulación que prohíbe que los vehículos rígidos de tres ejes superen lasa 26 toneladas.

El titular de la tarjeta falsificada, F. A. P., confirmó a la Guardia Civil que su vehículo no fue nunca a Toledo a pasar la inspección técnica, y que la misma había sido tramitada por Francisco H. L., vecino de Lucena (Córdoba).

Éste último aclaró a la Guardia Civil que había tramitado dicha documentación mediante el pago de 100.000 pesetas, cantidad que envió junto con la documentación a Miguel García López.

Otro de los detenidos, M.A.D., también vecino de Lucena, servía de intermediario entre los titulares de los vehículos y Miguel García, al que le enviaban las documentaciones que posteriormente le eran devueltas con diligencias e inspecciones falsificadas. García López cobraba el 507. del pago de estas autorizaciones.

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