Un millar de altos cargos, fuera del control de las incompatibilidades

Cerca de un millar de personas que tienen la consideración de altos cargos permanecen al margen de los controles establecidos para comprobar la correcta aplicación de la ley de incompatibilidades. Fuentes de la Inspección General de Servicios, que es el órgano encargado del control, admiten que sólo se realiza un seguimiento sistemático de los cargos nombrados por el Consejo de Ministros y de algunos otros que, sin serlo, adquieren notoriedad pública.Los cargos nombrados por Consejo de Ministros, unos 500, están obligados a realizar una declaración sobre la totalidad de sus actividades pública...

Cerca de un millar de personas que tienen la consideración de altos cargos permanecen al margen de los controles establecidos para comprobar la correcta aplicación de la ley de incompatibilidades. Fuentes de la Inspección General de Servicios, que es el órgano encargado del control, admiten que sólo se realiza un seguimiento sistemático de los cargos nombrados por el Consejo de Ministros y de algunos otros que, sin serlo, adquieren notoriedad pública.Los cargos nombrados por Consejo de Ministros, unos 500, están obligados a realizar una declaración sobre la totalidad de sus actividades públicas y privadas. En teoría, los presidentes de empresas públicas también tienen que hacerla. Cada vez que se produce el nombramiento de un alto cargo, la Inspección General de Servicios envía un cuestionario a la persona designada. Pero trunscurren varias semanas, e incluso meses, entre la recepción de estos documentos y la comprobación de si el afectado incurre o no en alguna incompatibilidad. Y son numerosos los casos en que pasa aún más tiempo hasta la regularización de la situación legal de los mismos.

La falta de controles estrictos sobre todos los altos cargos, unida a la ausencia de regulación legal en muchas circunstancias, preocupan e inquietan al Gobierno y al PSOE, en cuyo seno hay posiciones encontradas.

Estas discrepancias no sólo son políticas, sino que inciden de lleno en el campo jurídico. Rafael Suñol, presidente del Banco Industrial de Crédito (BCI), ha salido al paso de un dictamen jurídico elaborado por la Administración y ha asegurado que su actual cargo en la banca oficial es compatible con el puesto de consejero en la empresa privada FECSA. Paulina Beato, presidenta de otra empresa pública y consejera del Banesto, asegura que ha notificado al Gobierno este último nombramiento y que está esperando una respuesta sobre la compatibilidad o no del mismo con su actual cargo. Página 15