El Consejo de Ministros estudia hoy la derogación de la ley antiterrorista

El Gobierno ha decidido derogar la ley antiterrorista en "un plazo inminente", según manifestaron ayer fuentes gubernamentales, por lo que es muy probable que el Consejo de Ministros que se reúne hoy acuerde enviar a las Cortes la propuesta de dicha derogación. La decisión del Ejecutivo no supondría la automática pérdida de vigencia de esta legislación especial, que data de diciembre de 1984, ya que su derogación efectiva depende de la aprobación del Parlamento.La decisión del Gobierno de solicitar la derogación de la ley antiterrorista está relacionada, en el pasado inmediato, con el pacto an...

El Gobierno ha decidido derogar la ley antiterrorista en "un plazo inminente", según manifestaron ayer fuentes gubernamentales, por lo que es muy probable que el Consejo de Ministros que se reúne hoy acuerde enviar a las Cortes la propuesta de dicha derogación. La decisión del Ejecutivo no supondría la automática pérdida de vigencia de esta legislación especial, que data de diciembre de 1984, ya que su derogación efectiva depende de la aprobación del Parlamento.La decisión del Gobierno de solicitar la derogación de la ley antiterrorista está relacionada, en el pasado inmediato, con el pacto antiterrorista suscrito por 14 partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados. Dicho pacto, alcanzado inicialmente el pasado día 5 en una reunión de ocho horas y media de duración, incluía una manifestación de acuerdo "con la derogación de la ley antiterrorista". Una expresión que mostraba tanto un deseo de que dicha derogación se produjese como el apoyo al Gobierno para tomar esa iniciativa.

La decisión del Gobierno de derogar la ley antiterrorista fue una promesa formulada por el limpio Felipe González en el debate sobre el estado de la nación, celebrado en el Congreso el pasado febrero, pero que hasta ahora ni había quedado reflejada en los acuerdos del Consejo de Ministros.

Asimismo, no es ajeno al momento de la decisión la proximidad de la fecha en que el Tribunal Constitucional dictará sentencia sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados contra la ley antiterrorista por los Parlamentos autónomos de Euskadi y Cataluña. Fuentes socialistas interpretan que en el caso de que el alto tribunal considere inconstitucionales algunos preceptos, siempre tendrá menos coste político para el Gobierno si ese juicio adverso llega cuando el Ejecutivo ha tomado la iniciativa de derogar la ley.

En un deseo de preservar su independencia de criterio frente a posibles pretensiones del Gobierno, pero a la vez de intentar llegar a un acuerdo con él, los partidos reflejaron en el documento que sellaba el pacto antiterrorista "su voluntad de estudiar las modificaciones que sea preciso introducir en la legislación ordinaria, pretendiendo alcanzar el máximo acuerdo posible".

Negociación pendiente

El Gobierno anunció hace más de dos semanas que en los "próximos días" iban a comenzar las conversaciones con las fuerzas parlamentarias para negociar la reforma del Código Penal y de la ley de Enjuiciamiento Criminal en cuanto a normativa antiterrorista. Sin embargo, dichos contactos todavía no se han iniciado, lo que ya ha dado pie a algunos grupos de la oposición para afianzar su sospecha de que el Gobierno en lo que principalmente estaba interesado era "en la foto de todos los líderes suscribiendo el documento político contra la violencia terrorista".No obstante, fuentes del Ministerio de Justicia aseguraron ayer que es casi seguro que en la semana próxima tanto el titular de este departamento, Fernando Ledesma, como el ministro del Interior, José Barrionuevo, mantengan reuniones con representantes de las fuerzas parlamentarias para comenzar la búsqueda de un consenso.

Según estas fuentes, el Gobierno tiene ya concretada sus propuestas en relación con los plazos máximos de detención de los presuntos terroristas -la fórmula consultada a los líderes políticos sitúa el tope en cinco días- y sobre la participación de jueces naturales y juzgados centrales en la instrucción de los sumarios por delitos de terrorismo.