El PCE considera a Barrionuevo "incapaz" de dirigir la política antiterrorista

El secretariado del Comité Central del Partido Comunista de España (PCE) juzgó ayer que las afirmaciones hechas por el ministro del Interior, José Barrionuevo, en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados muestran su "incapacidad" para "afrontar cualquier medida política que tienda a resolver la situación". Comisiones Obreras opinó ayer que Fomento Nacional del Trabajo pretende la creación de un "sindicato de pistoleros" interpretación que fue considerada como falsa y sectaria por la CEOE.

Tras opinar que, en relación con la actividad terrorista, "el problema polí...

El secretariado del Comité Central del Partido Comunista de España (PCE) juzgó ayer que las afirmaciones hechas por el ministro del Interior, José Barrionuevo, en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados muestran su "incapacidad" para "afrontar cualquier medida política que tienda a resolver la situación". Comisiones Obreras opinó ayer que Fomento Nacional del Trabajo pretende la creación de un "sindicato de pistoleros" interpretación que fue considerada como falsa y sectaria por la CEOE.

Tras opinar que, en relación con la actividad terrorista, "el problema político que se plantea no es otro que el aislamiento social de ETA", la dirección del PCE defendió en una declaración que "es preciso desarrollar esfuerzos colectivos que tiendan a resolver la situación en el País Vasco, sobre la base de una reflexión colectiva sobre el desarrollo de la autonomía, alternativas económicas, problemas sociales y políticas de seguridad".Los comunistas anuncian que participarán en iniciativas que aborden todas estas vertientes del problema del terrorismo, a la vez que sentencian que "toda iniciativa que camine por derroteros distintos está condenada al fracaso". Tras considerar que la declaración de la patronal catalana Fomento Nacional del Trabajo no aporta propuestas para solucionar la violencia terrorista, sino que más bien puede contribuir a agravarla, el PCE exhorta al Gobierno a no caer en "tentaciones" como "el mantenimiento de la ley antiterrorista, la ilegalización de Herri Batasuna o la justificación de grupos paramilitares".

Comisiones Obreras hizo pública asimismo una declaración de respuesta a Fomento Nacional del Trabajo en la que advierte que "todo apunta en el comunicado de los empresarios catalanes que ha hecho suyo hoy (por ayer) la CEOE, a un propósito macabro cual sería la constitución de un 'somatén', que en rigor se traduciría en un 'sindicato de pistoleros'".

Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), replicó a CC OO que es "falso y sectario" el contenido del documento de este sindicato al que reprochó tener experiencia propia para hablar de "pistolerismo" por el apoyo que, según la CEOE, prestó durante la campaña electoral a HB.

El presidente nacional de Alianza Popular, Antonio Hernández Mancha, se declaró ayer partidario de ilegalizar a Herri Batasuna mediante una fórmula "que respete siempre el cauce constitucional y su desarrollo". En una entrevista en Radio Nacional de España, Hernández Mancha resaltó que "el tema terrorista es un asunto de Estado que está por encima de la dialéctica de partidos. Para erradicar el terrorismo en España se pueden hacer muchas cosas más, pero que quede claro que frente al terrorismo, el espíritu de AP es de colaboración, no de contraposición".

La junta directiva nacional de Alianza Popular pidió el miércoles al Gobierno que abandone "su tradicional postura de rechazo en todas las iniciativas de la oposición" y acepte la colaboración y propuestas de AP.

El diputado de Eusko Alkartasuna (EA) Joseba Azkárraga, uno de los impulsores de la reinserción social de activistas de ETA, anunció ayer que ha pedido al ministro del Interior, en una carta abierta, un debate parlamentario urgente entre todas las fuerzas políticas sobre el terrorismo y las posibles soluciones.

A juicio de EA, la política del Gobierno socialista en relación con Euskadi es "errónea y absurda" y si las soluciones para erradicar la violencia en el País Vasco "pasaran por retirar las fuerzas de orden público de Euskadi, o reformar el estatuto de autonomía y la Constitución, habría que aceptarlo".