Las eléctricas repartirán el mismo dividendo que en 1985, con excepción de Unión-Fenosa, que lo aumenta
Las compañías eléctricas, una vez fijadas por la Administración las compensaciones interempresas, han cerrado en su mayor parte los balances y cuentas de resultados correspondientes a 1986 con el visto bueno de la Dirección General de la Energía. Prácticamente, todas las grandes compañías del sector repartirán el mismo dividendo que el pasado año, con excepción de Unión-Fenosa, que ha sido autorizada a distribuir un 5,5% neto, un punto más que el año anterior.
A pesar de que aún quedan dos empresas por anunciar oficialmente el dividendo complementario -Iberduero y Sevillana-, fuentes de...
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Las compañías eléctricas, una vez fijadas por la Administración las compensaciones interempresas, han cerrado en su mayor parte los balances y cuentas de resultados correspondientes a 1986 con el visto bueno de la Dirección General de la Energía. Prácticamente, todas las grandes compañías del sector repartirán el mismo dividendo que el pasado año, con excepción de Unión-Fenosa, que ha sido autorizada a distribuir un 5,5% neto, un punto más que el año anterior.
A pesar de que aún quedan dos empresas por anunciar oficialmente el dividendo complementario -Iberduero y Sevillana-, fuentes del sector y de la Administración informan que todas las grandes compañías repartirán el mismo porcentaje que en 1985. Esto significa que Iberduero dará a sus accionistas un 8,5%. neto; Sevillana, un 6,5%, lo mismo que Hidrola, mientras Unión-Fenosa aumentará del 4,5% al 5,5%, una vez concluido su programa de saneamiento financiero y contable.Lo más llamativo de los balances y cuentas de resultados que presentarán las empresas en los dos próximos meses se refiere a la institucionalización de la denominada partida costes diferidos, que refleja aquellos gastos financieros que, debido a la entrada en funcionamiento, de alguna instalación de producción con inversión intensiva, las compañías no pueden absorber en el ejercicio y difieren para su pago, con autorización de los auditores externos, en próximos ejercicios. Resalta el esfuerzo de saneamiento que realiza, con cargo a reservas, alguna compañía.
Así, Unión-Fenosa, la compañía que preside Julián Trincado, presenta una disminución de sus reservas voluntarias de 87.000 millones de pesetas y otra partida de 34.000 millones con destino a provisiones, en su mayor parte relacionada con el fondo de pensiones. Sus beneficios globales son del orden de los 8.200 millones de pesetas, de los que distribuirá 7.207 millones, con el resto dedicado a remanente. Los costes diferidos se elevan a 6.800 millones.
Central de Cofrentes.
Hidroeléctrica Española, que también ya ha confirmado su dividendo del 6,5%, presenta un ejercicio, en cuanto a beneficios, muy similar al anterior, pero la partida de costes diferidos ha pasado de 13.000 millones de pesetas en 1985 a cerca de los 20.000 millones. Ambos se deben a la entrada en funcionamiento de la central nuclear de Cofrentes y otras de origen hidráulico y térmico. La compañía debe decidir aún si sanear, con cargo a reservas, los costes diferidos del pasado año.Iberduero, que ha visto su cuenta de compensaciones reducida de unos 21.000 millones el pasado año a 18.900 millones, presentará probablemente una disminución de reservas muy similar a la de 1985, como consecuencia del saneamiento que realiza ya sobre Lemóniz. No hay, sin embargo, costes diferidos, al no tener prácticamente instalaciones nuevas en servicio, y su dividendo es el más elevado entre las grandes empresas. Sevillana también tiene partidas significativas que sanear y ofrece el mismo dividendo en la misma línea que el año anterior.
Tanto Hidrocantábrico, pese a su cuenta de compensaciones, como Electra de Viesgo ofrecerán un balance muy similar al del año previo, según el sector. Esta última compañía. ha abierto un contencioso con la pública Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA) a raíz de su recurso contra la orden de febrero que introduce modificaciones en el cálculo de las compensaciones para 1987 y que impide que una empresa privada establezca acuerdos de venta de energía con otra del sector que no sea ENDESA.