Los fiscales sostienen que Pujol sigue siendo accionista de Banca Catalana

Los fiscales del caso Banca Catalana sostienen en la petición de procesamientos presentada el pasado 30 de junio al pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona que el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, sigue siendo titular del paquete, de 97.702 acciones que en mayo de 1982 donó a la Fundació Catalana, debido al incumplimiento de una de las condiciones del pacto de traspaso.

El ministerio público asegura también que en enero de 1982 Pujol vendió un pequeño paquete de 1.057 acciones a una sociedad instrumental, prácticainente en situación de quiebra y con un pasivo de más de 1...

Los fiscales del caso Banca Catalana sostienen en la petición de procesamientos presentada el pasado 30 de junio al pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona que el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, sigue siendo titular del paquete, de 97.702 acciones que en mayo de 1982 donó a la Fundació Catalana, debido al incumplimiento de una de las condiciones del pacto de traspaso.

El ministerio público asegura también que en enero de 1982 Pujol vendió un pequeño paquete de 1.057 acciones a una sociedad instrumental, prácticainente en situación de quiebra y con un pasivo de más de 1.700 millones de pesetas, que se vilo obligada a solicitar un préstamo a la propia Banca Catalana para pagar el importe de estos valores.Estas operaciones financieras son las que han llevado a los fiscales, José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo, a introducir, en la petición de procesamiento, el presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas. Fuentes de la defensa de Pujol no quisieron ayer hacer declaraciones sobre estos extremos.

En el escrito de los fiscales se afirma que la donación definitiva a la Fundació Catalana del paquete de 97.702 acciones, cuyo valor nominal era de 188 millones de pesetas, sin recibir a cambio ninguna compensación económica, se condicionó al cumplimiento del artículo 7 de los estatutos de Banca Catalana -en el que se ampara el derecho preferente de los accionistas a ser informados de la transmisión y a subrogarse los títulos-, según se desprende del documento de cesión firmado en la notaría Roca-Sastre, que está incorporado al sumario.

Según el ministerio público, el incumplimiento del citado requisito "produce la inexistencia de la transmisión", por lo que Ias acciones siguen siendo suyas [de Pujol], en espera de la eventual recuperación de valor". En el documento de los fiscales se detallan también las operaciones presuntamente irregulares que se realizaban con la llamada caja b.

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