Puesta en libertad de dos responsables de la mina 'Sarita'

Uno de los arrendatarios de la mina Sarita, situada en Ribera de Folgoso, Miguel Torres Alonso, y un palista de esta explotación minera, Miguel Ángel Freire García, fueron detenidos y encarcelados como medida preventiva por un presunto delito de homicidio por imprudencia en la persona de Marcelino González, de 39 años de edad, quien falleció el pasado día 3 de agosto, en el interior de la citada concesión minera, como consecuencia del desprendimiento de un costero y cuyas pruebas fueron ocultadas y trastocadas por ambos detenidos hasta el pasado martes. Ayer los dos detenidos fueron...

Uno de los arrendatarios de la mina Sarita, situada en Ribera de Folgoso, Miguel Torres Alonso, y un palista de esta explotación minera, Miguel Ángel Freire García, fueron detenidos y encarcelados como medida preventiva por un presunto delito de homicidio por imprudencia en la persona de Marcelino González, de 39 años de edad, quien falleció el pasado día 3 de agosto, en el interior de la citada concesión minera, como consecuencia del desprendimiento de un costero y cuyas pruebas fueron ocultadas y trastocadas por ambos detenidos hasta el pasado martes. Ayer los dos detenidos fueron puestos en libertad bajo fianza de 300.000 pesetas cada uno, al mismo tiempo que se abría el sumario del caso.La primera versión del accidente mortal, ofrecida por Torres Alonso y Freire García, como testigos presenciales, señalaba que la muerte de este trabajador se produjo el caer parte de una antigua escombrera de la mina, mientras Marcelino González procedía a recoger hierros y piedras para cerrar una finca colindante de su propiedad, desligando a éste de cualquier relación laboral con la empresa.

Esta interpretación de los hechos fue ratificada, días más tarde, en un comunicado por el Gobierno Civil de León, la Dirección Provincial de Industria y la Asociación de Empresarios de Minas de Antracita de la provincia, en contra de la opinión de las centrales sindicales mayoritarias, UGT y CC OO, que desde el primer momento aseguraron que la muerte se había producido en el interior del pozo, basándose en llamadas y cartas anónimas enviadas a la sede de la central socialista en Ponferrada, presuntamente realizadas por compañeros del minero fallecido.

Según fuentes judiciales, el caso ha estado rodeado de un gran silencio por parte de los testigos que presenciaron el accidente, "quizá por temor al despido". La reciente decisión del titular del juzgado de instrucción número 2 de Ponferrada, José Antonio Goicoa, flue tomada tras observar éste varias contradicciones en las declaraciones de estos dos testigos del suceso, y a la vista del informe forense, el cual indica la muerte por un solo impacto en el cuerpo.

Asimismo, no se descarta el procesamiento de otras dos personas más, copropietarios de la mina.