La junta de Campsa aprueba el intercambio de activos con el Estado

La junta general extraordinaria de accionistas de Campsa, celebrada ayer, aprobó la operación de intercambio de activos entre el Estado y Campsa, una ampliación de capital que se situará por encima de los 20.000 millones de pesetas y la necesaria modificación de los estatutos de la sociedad para que pueda adecuarse la estructura de la empresa a las necesidades del Mercado Común.En su intervención ante la junta general extraordinaria, el presidente de Campsa, José María Amusátegui, explicó los pasos dados para la reordenación del sector de cara a la entrada de España en el Mercado Común, y seña...

La junta general extraordinaria de accionistas de Campsa, celebrada ayer, aprobó la operación de intercambio de activos entre el Estado y Campsa, una ampliación de capital que se situará por encima de los 20.000 millones de pesetas y la necesaria modificación de los estatutos de la sociedad para que pueda adecuarse la estructura de la empresa a las necesidades del Mercado Común.En su intervención ante la junta general extraordinaria, el presidente de Campsa, José María Amusátegui, explicó los pasos dados para la reordenación del sector de cara a la entrada de España en el Mercado Común, y señaló cómo el primero de ellos fue la oferta de adquisición de acciones que realizó el Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), mediante la cual se constituyó en el propietario del 97% de las acciones de la compañía, al que siguen ahora el intercambio de activos entre Campsa y el Estado por una cifra que supera los 100.000 millones de pesetas.

El Estado cederá a Campsa la red primaria de distribución, constituida por las factorías, con sus instalaciones de almacenamiento, oficinas, buques, oleductos, flota de camiones y vagones cisterna, así como la red de ventas del Estado, constituida por 108 estaciones de servicio y 862 unidades de suministro. Todo ello valorado en algo más de 100.000 millones de pesetas. El Estado recibirá a cambio las participaciones accionarias que Campsa tiene en algunas empresas: el 32,87% de Petronor, el 50% de Butano y Asesa, el 25% de Proas y el 100% de Aplesa. Estas participaciones se valoran en 31.000 millones de pesetas.

Campsa cederá al Estado sus derechos de exploración minera y las concesiones de explotación petrolífera, valorados en 15.000 millones de pesetas. Para igualar los activos cedidos con los recibidos, Campsa aplicará los 10.000 millones de pesetas que tenía de un crédito a su favor frente al Estado. Las deudas a largo plazo existentes para la financiación de los buques y los oleoductos serán asumidas por Campsa dentro del acuerdo. El resto, unos 40.000 millones de pesetas hasta la total equiparación de intercambio de activos, Campsa lo pagará en metálico al Estado, para lo que no se descarta que tenga que acudir a obtener un crédito con el que pagar una parte.

La junta general extaordinaria, que tuvo una participación del 98% del capital y del 50,3% de los accionistas, aprobó además una ampliación de capital con cargo a las reservas voluntarias constituidas por valor de 10.010 millones de pesetas, que se realizará a lo largo del mes de febrero próximo y que supone doblar el capital existente en la actualidad.

Reparto de acciones

La próxima decisión a tomar dentro de la reordenación de la nueva Campsa es el reparto de las acciones de la compañía entre las refinerías públicas -Enpetrol y Petroliber, que contarán con el 42% del capital-, un porcentaje similar para las refinerías privadas -Cepsa (15%), Petronor (13,3%), Petromed (7,7%) y ERT (5,9)-, una participación superior al 8% para el INH, de forma que la mayoría del capital quede en el sector público y el resto de accionistas privados que prefirieron no vender sus acciones en la OPA del INH.La última fase de la reorganización será alcanzar acuerdos duraderos y estables con las estaciones de servicio privadas, de cara a que aparezca el símbolo de la compañía en las gasolineras y se vendan en exclusiva los productos de Campsa a cambio del pago de unas cantidades de dinero que justifiquen esa exclusividad.

José María Amusátegui señaló en una conferencia de prensa posterior a la celebración de la junta general extaordinaria que los beneficios de 1984 alcanzarán los 10.000 millones de pesetas. Claudio Boada, presidente del INH, en su intervención ante la junta general de Campsa, afirmó que 1985 sería el primer año en el que ninguna de las empresas públicas del sector necesitará ayudas del Estado reflejadas en los Presupuestos Generales del Estado.