El Tribunal Constitucional dictará sentencia sobre la expropiación de Rumasa
El Tribunal Constitucional decidió ayer admitir a trámite el auto del juez José María Gil Sáenz, titular del Juzgado número 18 de Primera Instancia de Madrid, en el que planteaba la cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley por la que se expropió el grupo Rumasa.La admisión a trámite del citado auto supone que, una vez recogidas las alegaciones del fiscal general, del Gobierno, del Senado y del Congreso de los Diputados, el Tribunal Constitucional en pleno tendrá que dictar sentencia sobre la legalidad o ilegalidad de la expropiación de Rumasa.
El Ministerio de Economía y Hacienda n...
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El Tribunal Constitucional decidió ayer admitir a trámite el auto del juez José María Gil Sáenz, titular del Juzgado número 18 de Primera Instancia de Madrid, en el que planteaba la cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley por la que se expropió el grupo Rumasa.La admisión a trámite del citado auto supone que, una vez recogidas las alegaciones del fiscal general, del Gobierno, del Senado y del Congreso de los Diputados, el Tribunal Constitucional en pleno tendrá que dictar sentencia sobre la legalidad o ilegalidad de la expropiación de Rumasa.
El Ministerio de Economía y Hacienda no ha mostrado especial inquietud por este acontecimiento y su portavoz oficial lo ha considerado como lógico y normal". El abogado de José María Ruiz-Mateos, Crispín de Vicente, ha manifestado su gran satisfacción por una decisión que califica de "muy positiva" para su defendido.
José María Ruiz-Mateos declaró ayer, tras conocer la noticia, que estaba "plenamente satisfecho". "Sigo recuperando la fe y la confianza en la justicia", añadió el ex presidente de Rumasa, "ya que he sufrido mucho y en algunos momentos he vacilado, pero ahora confío plenamente en la justicia, y ello supone un gran descanso para mí".
José Luis de Vicente, del equipo jurídico de Ruiz-Mateos, manifestó que las dudas sobre la legalidad de la expropiación de Rumasa están afectando negativamente a la reprivatización que está realizando el Gobierno, y que el grupo kuwaití comprador de la cadena de hoteles Hotasa no pagará un solo plazo más al Gobierno hasta que se resuelva esta cuestión de inconstitucionalidad.
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