La policía francesa detiene a otros dos activistas, siguiendo su campaña contra 'etarras' reclamados por Interpol

La policía francesa ha detenido en las últimas horas a otros dos presuntos activistas de ETA Mil¡tar, Francisco Alberdi Beguiristáin y Luciano Arambarri Badiola, reclamados por juzgados españoles a través de la Interpol, por presuntos delitos calificados de comunes en las peticiones españolas. Con estas dos detenciones son ya cinco las practicadas en este semana por la policía francesa a instancias de Interpol. Por otra parte, los abogados de los dos supuestos etarras detenidos en Bélgica, Salvador Ormaza y Joseba Arteche, han afirmado que el Gobierno de ese país está estudiando su extradición...

La policía francesa ha detenido en las últimas horas a otros dos presuntos activistas de ETA Mil¡tar, Francisco Alberdi Beguiristáin y Luciano Arambarri Badiola, reclamados por juzgados españoles a través de la Interpol, por presuntos delitos calificados de comunes en las peticiones españolas. Con estas dos detenciones son ya cinco las practicadas en este semana por la policía francesa a instancias de Interpol. Por otra parte, los abogados de los dos supuestos etarras detenidos en Bélgica, Salvador Ormaza y Joseba Arteche, han afirmado que el Gobierno de ese país está estudiando su extradición a España, tal y como Madrid lo ha solicitado.

Luciano Arambarri, de 30 años de edad, natural de Azcoitia, fue detenido en la madrugada de ayer en el puerto pesquero de San Juan de Luz, donde trabajaba habitualmente. El Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, de Madrid, que ha solicitado su extradición, le acusa de delitos de intimidación y de portar armas cuando participaba en un atraco.El otro presunto activista de ETAm, Francisco Alberdi Beguiristáin, nacido en San Sebastián hace 42 años y refugiado en Francia desde hace tres, está acusado de tentativa de asesinato y de atentado contra un agente policial. Su detención se produjo en la tarde del lunes cuando abandonaba su lugar de trabajo, gracias a una llamada anónima efectuada a la policía por un ciudadano francés.

El número de presuntos miembros de ETA reclamados por la justicia española y detenidos en los últimos días asciende así a cinco. Todos ellos permanecen encarcelados en la prisión de Bayona, a la espera de que los jueces franceses analicen las pruebas judiciales existentes en su contra y se pronuncien sobre las demandas de extradición. Algunos abogados opinan que las acusaciones existentes contra es tos detenidos no son lo suficientemente graves como para esperar que los tribunales franceses accedan a conceder la extradición.

Otras fuentes, y en concreto la abogada francesa Christian Fandó, habitual defensora de refugiados vascoespañoles, interpretan sin embargo que la situación es preocupante para los refugiados, toda vez que existe como precedente una decisión anterior de la Cámara de Pau favorable a la concesión de la extradición. En este caso, la decisión judicial no fue ejecutada al no ser ratificada por el Gobierno francés.

Los temores de Christian Fandó, miembro de Anai-Artea, la asociación de defensa de los refugiados, se sustentan igualmente en la decisión de la Cámara de Pau de poner en libertad a nueve personas acusadas por la policía francesa de pertenecer a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).

'Etarras' en Bélgica

Por otra parte, Louis Rombaut y Mark de Cock, los abogados de los dos supuestos etarras detenidos el pasado 30 de octubre cerca de Amberes, Salvador Ormaza y Joseba Arteche, declararon ayer en una conferencia de prensa celebrada en Bruselas que el Gobierno belga quiere expulsar de su territorio a los dos detenidos, pero no encuentra ningún país que quiera acogerlos, informa Andrés Ortega.En consecuencia, según estos abogados, el Gobierno está contemplando su extradición, con ciertas garantías, a España, tal y como Madrid lo había pedido. Los abogados consideraron "aberrante" este razonamiento según el cual si ningún país acepta a Ormaza y Arteche la solución es extraditarlos a España.

Rombaut y De Cock afirmaron, al explicar las razones jurídicas y políticas por las que se oponían a la extradición, que en España existen la tortura y los malos tratos, y que "España es una democracia en equilibrio precario entre la voluntad popular y la presión militar". Insistieron en el carácter "político" de los delitos supuestamente cometidos por sus clientes en España. "La ley no define qué es un delito político", consideró De Cock, "aunque la ley prohíbe la extradición en estos casos". La decisión final corresponde ahora al Gobierno belga, que la hará pública próximamente.

Ningún país, según estos abogados, quiere acoger a Arteche y Ormaza. Ni siquiera Francia, que estaría obligada a hacerlo, ya que era su país de residencia antes del arresto. El Gobierno belga está sondeando, al parecer, a diversos países latinoamericanos. De concederse la extradición -aunque fuera acompañada de garantías sobre buenos tratos y juicio ecuánime sobre los únicos delitos por los que España pide esta medida-, los abogados acudirán al Tribunal de Estrasburgo, aunque reconocen su falta de eficacia.