El Gobierno español gestiona con países africanos y asiáticos el confinamiento de terroristas vascos

El Gobierno va a iniciar gestiones con países africanos y asiáticos "susceptibles de sus relaciones con España" para que acojan en régimen de confinamiento a aquellos terroristas vascos que sean expulsados próximamente de Francia, informó a este periódico un alto funcionario del Ministerio del Interior. Con ello, el Gobierno intenta facilitar a las autoridades francesas un amplio abanico de posibilidades para los confinamientos de terroristas, hasta ahora centrados en cuatro países latino americanos. Las gestiones, según este alto funcionario, se extenderán también a algunos países europeos de...

El Gobierno va a iniciar gestiones con países africanos y asiáticos "susceptibles de sus relaciones con España" para que acojan en régimen de confinamiento a aquellos terroristas vascos que sean expulsados próximamente de Francia, informó a este periódico un alto funcionario del Ministerio del Interior. Con ello, el Gobierno intenta facilitar a las autoridades francesas un amplio abanico de posibilidades para los confinamientos de terroristas, hasta ahora centrados en cuatro países latino americanos. Las gestiones, según este alto funcionario, se extenderán también a algunos países europeos del área nórdica.

Aunque la fuente informante no quiso revelar el nombre de los países con los que se va a intentar negociar el confinamiento de los terroristas, es muy posible que entre ellos se encuentren algunos Estados árabes con los que España mantiene tradicionales lazos de amistad, por encima de los intereses comerciales. Probablemente, aunque este extremo no ha sido confirmado por parte de ningún funcionario gubernamental, esta operación del Gobierno, de la que Francia no es ajena, llevará incluida algún tipo de compensación, todavía no determinada.Hasta la fecha son cuatro los países que se han mostrado sensibles al intento del Gobierno español de alejar de su territorio, concretamente del sur de Francia, a los miembros de las distintas ramas de ETA y de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA): México, Panamá, Venezuela y Cuba. La disposición de estos países ha sido posible tras arduas negociaciones, y en algunos casos han primado. más las relaciones entre gobernantes que el verdadero deseo de los habitantes, no muy favorables al recibimiento de terroristas.

En los últimos tiempos, en algunos países centroamericanos, especialmente en Costa Rica, se está extendiendo lo que llaman la sombra de ETA, organización que, por la sensibilidad que existe hacia España en América Latina, es sobradamente conocida.

No sólo en Costa Rica, donde se encuentra encarcelado el etarra Gregorio Jiménez Morales, al que se ha involucrado en un intento de atentado contra el opositor nicaragüense Edén Pastora, existe este síndrome de ETA como terrorismo internacional. Hace unos días, en la República Dominicana fue detenido un grupo terrorista en el que figuraba su súbdito dominicano de origen vasco. Las autoridades dominicanas, en sus primeras investigaciones, no dudaron en sospechar que este individuo pudiera tener conexiones con ETA.

Los mismo ocurrió en El Salvador el pasado año, cuando los servicios de seguridad de ese país detectaron la presencia de un comando de ETA Político-militar que, según los investigadores salvadoreños, llegó al país con intención de asesinar al ministro de Defensa. El Gobierno de El Salvador tenía ya conocimiento de la presencia de etarras en su país y había informado a la policía española de que en su territorio se efectuó en 1980 una transacción de 250.000 dólares de ETApm a la organización clandestina de la oposición salvadoreña Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). La persona que actuó por parte de ETA fue el polimili Ignacio Martínez, Italo.

Comprensión hacia España

Sin embargo, frente a este temor de algunos países de América Latina hacia ETA existe también la comprensión de otros países hacia España, y debido a ello se ha producido la colaboración, en el último caso con Cuba, país que ha acogido a seis destacados etarras, dos de ellos miembros de la dirección de la rama militar: Carlos Ibarguren, responsable del control financiero, Y José Luis Ansola, responsable de los comandos de información e infraestructura.

El alto funcionario consultado manifestó que estas gestiones no se han improvisado en los últimos tiempos, sino que forman parte de un plan diseñado en octubre de 1983 para combatir el terrorismo de ETA sobre tres frentes: internacional, policial y político. Del primero de ellos forman parte las negociaciones que se están llevando .a cabo con otros países para el confinamiento de los terroristas.

En el esquema del frente internacional figuran también la mejora de las relaciones con el Gobierno francés, actualmente en su mejor momento en cuanto a la erradicación de ETA de su territorio, y la de presentar el terrorismo en los foros internacionales como un mal global contra las democracias, sin diferenciar países.

El segundo frente, netamente interno, afecta a los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado. En primer lugar se están recopilando en un solo ordenador, con la colaboración de otros países, todos los datos referentes a las organizaciones terroristas que actúan en España, y, en segundo lugar, intentando mejorar los niveles de información y de coordinación policial en cuanto a operatividad, para lo cual se constituyó la llamada Junta Coordinadora Informativa, que dirige el subsecretario de Interior, Rafael Verá, asistido por el director de la Seguridad del Estado, Julián San Cristóbal.

El llamado frente político es el que engloba el plan de reinserción social del Gobierno sobre tres fases: una primera, relacionada con los residentes vascos de Francia que no tienen requisitorias policial y judicial; otra, con los terroristas perseguidos en España pero que no tienen delitos de sangre, y una última para aquellos que están implicados en asesinatos. Los incluidos en los dos primeros casos podrán, presumiblemente, regresar a España, mientras que los últimos serán confinados en otros países. De estas medidas se podrían beneficiar entre 800 y 900 terroristas.