Una decisión sonrojante
LAS SANCIONES de tres meses -en realidad uno, septiembre- impuestas a tres jugadores del Barcelona y a otros tres del Athlétic de Bilbao han vuelto a poner de manifiesto la necesidad de un cambio radical en las estructuras y personas que gobiernan el fútbol español. El llamado Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol no ha asombrado prácticamente a nadie con estas decisiones, tras los graves incidentes acaecidos en la final de la Copa del Rey de fútbol. Otros fallos anteriores procedentes de esa misma fuente contribuyeron tan sobradamente a su descrédito que lo más sorprendent...
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LAS SANCIONES de tres meses -en realidad uno, septiembre- impuestas a tres jugadores del Barcelona y a otros tres del Athlétic de Bilbao han vuelto a poner de manifiesto la necesidad de un cambio radical en las estructuras y personas que gobiernan el fútbol español. El llamado Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol no ha asombrado prácticamente a nadie con estas decisiones, tras los graves incidentes acaecidos en la final de la Copa del Rey de fútbol. Otros fallos anteriores procedentes de esa misma fuente contribuyeron tan sobradamente a su descrédito que lo más sorprendente ahora hubiese sido una actuación jurídico-deportiva ejemplar.Lo que 100.000 testigos en el campo, millones de personas en directo ante el televisor y un número todavía mayor con posterioridad a través de las repetidas imágenes del vídeo y la Prensa han conocido, entre avergonzados y atónitos, no ha sido capaz de descifrarlo el comité federativo, que ha optado no sólo por una parodia de sanción, sino, a la vez, una grotesca componenda en el número, burlescamente igual por cada bando, de los culpables.
Independientemente de quiénes estuvieron implicados en la refriega final, todo el mundo -menos, curiosamente, los tres jueces del césped y luego los cinco del comité- conoce quién y cómo inició los enfrentamientos y quiénes se vieron involucrados en ellos. Todos los protagonistas de esa reyerta se hicieron acreedores de castigo, pero un mínimo sentido de la justicia sugiere que no ha de corresponder a todos la misma pena, tanto por razón de quién provocara los enfrentamientos como por el grado de participación en ellos. Sin embargo, parece vano reclamar del. comité un supuesto interés en aplicar con independencia e imparcialidad las leyes. Antes que justicia, el comité hace política, y como en tantas otras ocasiones, su actuación se encuentra menos dirigida por los principios de equidad que por las sugerencias que el poder de los clubes dicta.
La revisión de los códigos por los que se rigen tanto los árbitros, como los órganos enmarcados en la federación debe ser objeto de un tratamiento tan urgente como radical. No hacerlo antes ha supuesto propiciar que el fútbol español se convierta en un hervidero de arbitrariedades y agravios comparativos tan numerosos que han sumido ya a jugadores, técnicos y aficionados en la desmoralización o el desconcierto. Que los jugadores culpables de los bochornosos incidentes de la final de la Copa reciban, por ejemplo, la misma sanción que el madridista Pineda por una agresión incomparablemente menor da muestra del errático criterio de los juzgadores.
La declaración de que las sanciones a los jugadores del Athlétic de Bilbao y al Barcelona se adoptaron "tras un profundo y meditado análisis del asunto", en palabras del presidente del Comité de Competición, mueven a la irrisión. Las cintas de vídeo fueron visionadas por los jueces junto a dos personas ajenas al comité, de cuya presencia no se ha dado explicación suficiente. Efectivamente, las irregularidades, la duplicidad en los cargos y las trastiendas, tan frecuentes y amplias, hacen hoy de las instituciones que rigen el mundo del fútbol un indigno foco de favoritismos personales y atropellos que cualquier autoridad responsable y digna no debería seguir tolerando más.