El atentado terrorista de Madrid coincide con un relanzamiento de las vías de reinserción de antiguos terroristas

ETA militar ha dado una respuesta clásica -según la impresión generalizada que ayer fue posible recoger entre observadores que conocen bien o tienen alguna relación con los refugiados en el País Vasco francés- a la presión que ha sufrido allí desde que el 19 de octubre pasado se iniciara una operación de amenaza con el secuestro de dos de sus jóvenes militantes, José Antonio Lasa Aróstegui y José Ignacio Zabala Artano, y los atentados mortales del GAL contra Ramón Oftaederra y Mike1 Goikoetxea. Las órdenes francesas de confinamiento y deportación contra dirigentes de la rama militar y l...

ETA militar ha dado una respuesta clásica -según la impresión generalizada que ayer fue posible recoger entre observadores que conocen bien o tienen alguna relación con los refugiados en el País Vasco francés- a la presión que ha sufrido allí desde que el 19 de octubre pasado se iniciara una operación de amenaza con el secuestro de dos de sus jóvenes militantes, José Antonio Lasa Aróstegui y José Ignacio Zabala Artano, y los atentados mortales del GAL contra Ramón Oftaederra y Mike1 Goikoetxea. Las órdenes francesas de confinamiento y deportación contra dirigentes de la rama militar y la político-militar (VIII asamblea) representan el otro brazo de la herramienta, que ha tenido prácticamente paralizados los dispositivos terroristas desde el 15 de diciembre pasado, fecha de su penúltimo asesinato.Desde el inicio de la transición política en España, los análisis de la situación que manejan los dirigentes de ETA insisten en la teoría de la cautividad del Estado en manos de los militares. Con ella explican el fracaso de su estrategia, orientada a obligar a las autoridades democráticas a rendirse a una negociación en mesa pública de la plataforma KAS. El asesinato del teniente general Guillermo Quintana se produce, por otra parte, cuando un nuevo contingente de activistas de ETA político-militar VII asamblea, incluido algún significativo dirigente, como José María Lara Fernández, acaba de regresar a territorio español y consígue públicamente normalizar su situación legal, en aplicación de los acuerdos negociados en 1982 por el diputado de Euskadiko Ezkerra Juan María Bandrés y el ministro del Interior, Juan José Rosón.

Existen suficientes indicios de que el desarrollo y el éxito práctico de las medidas de reinserción derivadas de aquel acuerdo entre Rosón y Bandrés, recibido en muchos ámbitos de la izquierda abertzale con sincero escepticismo, han dado credibilidad a esta solución y han abierto importantes vías de agua en la organización de los político-militares (VIII asamblea) y en muchos descolgados de ETA militar, que se ven obligados a residir en el País Vasco francés y contribuyen a reforzar el núcleo de los refugiados, entre los que también se encuentran los elementos activos y peligrosos de ETA militar.

Tanto los milis como los polis-milis están interesados en abortar a cualquier precio la extensión de esta vía de reinserción social. El asesinato del capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios, según muchos conocedores de la historia y la situación de ETA, tuvo mucho que ver con los contactos que una buena parte de los presos afectos a esta organización habían iniciado desde Nanclares de la Oca, a través de personalidades del PNV, para sondear la posibilidad de una operación de reinserción.

Otro punto de coincidencia entre distintas fuentes es que, por primera vez, ETA se encuentra profundamente desorientada. Sus activistas están convencidos de que en esta ocasión, a diferencia de lo que sucedió en otras anteriores, las autoridades francesas "van en serio". La expulsión de territorio galo de seis dirigentes milis y poli-milis, el 10 de enero, y el confinamiento de otro grupo en áreas alejadas de la frontera hispanofrancesa parece un resultado irreversible de la ofensiva diplomática española, incluida la visita del presidente del Gobierno, Felipe González, al presidente francés, Frangois Mitterrand, el 20 de diciembre del pasado año. A esa sensación de desconcierto e impotencia en las filas de ETA hay que añadir, en el caso de los milis, la división entre duros, partidarios de "responder a cualquier reto" y acentuar la escalada terrorista, y la fracción más dispuesta a entablar a medio plazo alguna forma de negociación. Hay indicios que apuntan al apartamiento o expulsión de algunos militantes históricos y a la existencia de discusiones acaloradas y enfrentamientos fisicos.

Sin embargo, nadie se atreve a deducir de esta situación una hipótesis sobre los ejecutores más directos del atentado o su significación en las luchas intestinas. La violencia ha servido frecuentemente para dirimir disputas por la dirección entre fracciones de ETA. Los observadores consultados ayer creen que el asesinato del teniente general Quintana puede ser obra de los duros, empeñados en proseguir la escalada y demostrar que la tenaza en el País Vasco francés no les ha arrebatado la iniciativa, o de la facción menos reacia a una negociación. Para estos últimos, serviría ante sus adversarios internos como prueba de que no han perdido capacidad ni espíritu combativo, y operar al niÍsmo tiempo de elemento de presión para que el Gobierno acepte elevar el tope de una hipotética negociación hasta el punto que consideren aceptable para la mayoría de los activistas.