La Rumasa expropiada pagó letras falsas por indicaciones de la policía

Rumasa pagó en julio pasado cuatro letras falsas, por valor de unos 20 millones de pesetas, para comprar una empresa aceitera -escándalo en el que aparece el inspector Juan José Medina- siguiendo instrucciones de la policía, según ha sabido EL PAIS. El pago formaba parte de una operación, luego frustrada, que era el cebo para descubrir la trama de un gigantesco mercado clandestino de alcohol y aceite, con beneficios atípicos de 8.000 millones de pesetas anuales. Las investigaciones se iniciaron siguiendo pistas sobre actividades involucionistas de la extrema derecha.

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Rumasa pagó en julio pasado cuatro letras falsas, por valor de unos 20 millones de pesetas, para comprar una empresa aceitera -escándalo en el que aparece el inspector Juan José Medina- siguiendo instrucciones de la policía, según ha sabido EL PAIS. El pago formaba parte de una operación, luego frustrada, que era el cebo para descubrir la trama de un gigantesco mercado clandestino de alcohol y aceite, con beneficios atípicos de 8.000 millones de pesetas anuales. Las investigaciones se iniciaron siguiendo pistas sobre actividades involucionistas de la extrema derecha.

El resultado ha consistido, sin embargo, en una presunta estafa por unos 20 millones de pesetas, en cuatro letras falsas pagadas por la Rumasa expropiada, y el hurto de 1,9 millones de litros de aceite de girasol (unos 200 millones).La desviación masiva de alcohol industrial desnaturalizado hacia el consumo humano, que investigaba Medina, recuerda el tráfico ilegal de aceite de colza que precedió al dramático síndrome tóxico en 1980.

La falsificación de las cuatro letras era un cebo con el que la Brigada de Interior trató de capturar a los alcoholeros clandestinos. Las letras, con la firma falsificada de Ruiz-Mateos -aceptadas con fecha 4 de enero de 1983 y con vencimiento el 27 de junio de 1983-, implicaban el compromiso de pago que Rumasa adquiría al comprar la empresa aceitera Skill, SA, propiedad de José Moisés Domínguez Saiz, quien, al parecer, colaboró alguna vez con la Dirección General de Aduanas y con la policía en la información sobre contrabando y desviación de alcohol y aceite.

El subcomisario Baniandrés acababa de ser destituido de su cargo en la Brigada de Interior. El 1 de julio, su colaborador Medina, que, al parecer, no fue apartado de las investigaciones, dijo en Rumasa que el plan antialcohol seguía adelante y que había que pagar las letras ya vencidas. Tras consultar a las autoridades policiales, Rumasa pagó los 20 millones de las cuatro letras que servían como cebo. Asimismo, el SENPA retiró su vigilancia sobre la empresa Skill a petición de la policía, para proseguir la penetración en las redes fraudulentas. Las denuncias del Patrimonio del Estado y del SENPA a raíz de sospechas de la policía acerca de un supuesto doble juego del inspector Medina hicieron perder las esperanzas en tan delicada y confusa operación.

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