Pedro Altares,

ex director del desaparecido semanario Cuadernos para el Diálogo, se encuentra inmerso estos días en un caso insólito y no menos sorpresivo, de esos que cuestan trabajo creer por su continua complejidad. Resulta que el periodista en cuestión recibió días pasados una comunicación de la justicia española en la que se le citaba ante los tribunales sin detallar el porqué. Soprendido por esta citación judicial, Altares, como cualquier otro español, indagó para saciar su curiosidad y pudo comprobar, con sorpresa mayúscula, que el asunto no era otro que recibir la comunicación de su procesamie...

ex director del desaparecido semanario Cuadernos para el Diálogo, se encuentra inmerso estos días en un caso insólito y no menos sorpresivo, de esos que cuestan trabajo creer por su continua complejidad. Resulta que el periodista en cuestión recibió días pasados una comunicación de la justicia española en la que se le citaba ante los tribunales sin detallar el porqué. Soprendido por esta citación judicial, Altares, como cualquier otro español, indagó para saciar su curiosidad y pudo comprobar, con sorpresa mayúscula, que el asunto no era otro que recibir la comunicación de su procesamiento por una carta al director publicada hace cinco años en la revista que dirigía. Pero eso no fue todo. Cuando Altares buscó entre sus notas los nombres de los abogados que en su día se encargaron de la defensa, comprobó, ésta vez quizás atónito, que se trataba ni más ni menos que del mismisimo presidente del Congreso de los Diputados, Gregorio Peces-Barba, del ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra Salcedo y del subsecretario de Justicia, Liborio Hierro, que por incompatibilidad manifiesta no podrán continuar encargándose del caso. Descartados los nombres, Altares se presentó en el juzgado y comunicó el nombre de Joaquín Ruiz-Giménez como encargado de su defensa. La respuesta que recibió le dejó aún más sorprendido. Y es que Ruiz-Giménez va a ser con casi toda probabilidad elegido Defensor del Pueblo, por lo que de poco le va servir si el juicio, a la vista de los cinco años transcurridos desde que se iniciaron las diligencias, se retrasa por algún tiempo. De seguir así, Altares va a tener que recurrir a las listas del colegio de abogados, al menos para evitar infructuosas visitas al juzgado.