Querella contra ex consejeros de una caja de Orense

El abogado Rogelio García Villalonga ha presentado, en el Juzgado Nacional número 2 de Madrid, una querella criminal contra las once personas que formaron parte de los distintos consejos rectores de la Caja Interprovincial de Crédito durante los tres últimos años.El letrado García Villalonga lleva la representación legal de más de 150 vecinos de Orense, quienes se sienten especialmente afectados por la quiebra de la referida cooperativa de ahorro, cuyas actividades fueron clausuradas por el Banco de España a mediados del pasado año.

Entre los denunciados se encuentran algunos nombres mu...

El abogado Rogelio García Villalonga ha presentado, en el Juzgado Nacional número 2 de Madrid, una querella criminal contra las once personas que formaron parte de los distintos consejos rectores de la Caja Interprovincial de Crédito durante los tres últimos años.El letrado García Villalonga lleva la representación legal de más de 150 vecinos de Orense, quienes se sienten especialmente afectados por la quiebra de la referida cooperativa de ahorro, cuyas actividades fueron clausuradas por el Banco de España a mediados del pasado año.

Entre los denunciados se encuentran algunos nombres muy conocidos públicamente, entre ellos los del general de la Guardia Civil Manuel Prieto López, quien fue director general de la Institución, y el también general del Ejército Francisco Alvarez Arenas Pacheco.

Se calcula que casi un millar de pequeños ahorradores orensanos han resultados perjudicados por las irregularidades de la Caja Interprovincial. En concreto, son más de 350 millones de pesetas, depositados en la entidad antes de su cierre, los reclamados por los antiguos clientes, quienes, para recuperar sus fondos, vienen realizando numerosas gestiones ante los partidos políticos con mayor representación y las autoridades orensanas y españolas. Sobre la Caja Interprovincial de Crédito en Orense pesa también una amenaza de desahucio, por impago del alquiler del edificio que ocupa, prevista en principio para el próximo miércoles día 3.

Sin embargo, esta medida del juzgado tropieza con el importante inconveniente de que la totalidad del mobiliario y el material que existía en aquellas oficinas se encuentra embargado por una resolución de la Magistratura del Trabajo. Tal decisión responde a una reclamación para hacer frente a las deudas salariales y a las indemnizaciones correspondientes a los despidos improcedentes realizados por la entidad de ahorro.