Elecciones contra golpismo

LOS CIUDADANOS españoles acuden hoy a las urnas para elegir los diputados y senadores que representarán durante cuatro años a la soberanía popular en las Cortes Generales. El clima de la campaña ha estado cargado de cierta tensión, no tanto por los enfrentamientos -en general correctos- entre los partidos, como por los temores que suscitan los rumores acerca de los planes conspirativos de quienes se proponen derribar por la fuerza las instituciones de la Monarquía parlamentaria, atentar contra el Rey y arrebatar a los españoles sus libertades. La ominosa perspectiva de ese "golpe anunciado", c...

LOS CIUDADANOS españoles acuden hoy a las urnas para elegir los diputados y senadores que representarán durante cuatro años a la soberanía popular en las Cortes Generales. El clima de la campaña ha estado cargado de cierta tensión, no tanto por los enfrentamientos -en general correctos- entre los partidos, como por los temores que suscitan los rumores acerca de los planes conspirativos de quienes se proponen derribar por la fuerza las instituciones de la Monarquía parlamentaria, atentar contra el Rey y arrebatar a los españoles sus libertades. La ominosa perspectiva de ese "golpe anunciado", cuya imposibilidad de triunfo a corto o medio plazo no significa necesariamente que sea improbable como desesperado y sanguinario intento, debe constituir un acicate más para que los hombres y las mujeres de nuestro país ejerzan sus derechos electorales y cumplan sus deberes cívicos ante las urnas.La abstención, ciertamente, es el reflejo, en la mayoría de los casos, de un conjunto de factores que nada tienen que ver con el rechazo del sistema democrático, y menos aún con una, apuesta en favor de un régimen autocrático. Dejando a un lado los fallos puramente técnicos de la Administración en el registro de los censados o en la recepción del voto de los emigrantes, y descontando también las causas excepcionales -desde las enfermedades a las ausencias- de marginación electoral, la apatía ante las urnas suele proceder de la incapacidad para conectar el mundo privado con la vida pública o de la suficiencia de quienes tratan de convertir a sus prójimos en clientes de su escepticismo profesional. Sin embargo, sería una grave equivocación olvidar que los golpistas, en su agobiante soledad, buscan siempre excusas para justificar sus crímenes de lesa patria, orientados a secuestrar la voluntad popular y dirigir las armas contra los españoles. Y uno de esos inconvincentes pretextos podría ser, precisamente, la débil participación ciudadana en la elección de sus representantes.

Ni que decir tiene que la abstención no es, en modo alguno, la forma escogida por los cómplices y encubridores de los golpistas para manifestarse electoralmente. Así lo muestra el simple hecho de que, al igual que en convocatorias anteriores, tampoco en esta ocasión faltan candidaturas que pidan abiertamente el voto para los aspirantes a dictadores. La gran novedad de los comicios de 1982 es que las listas de Solidaridad Española, encabezadas por el todavía teniente coronel Tejero Molina, condenado por el Consejo Supremo de Justicia Militar a treinta años precisamente por su asalto al Congreso, reclaman inequívocamente esos sufragios. Pero también otros partidos involucionistas más veteranos, como el acaudillado por el notario Blas Piñar, se sitúan en posiciones claramente emparentadas con los liberticidas. El cinismo y la falta de escrúpulos de los enemigos de la Monarquía parlamentaria, que apuntan contra el propio Rey las miras telescópicas de su odio visceral, no les comprometen, por supuesto, con ninguna prueba. Si un número excesivo de españoles se abstienen pasivamente ante las urnas, la interpretación de los ideólogos cavernarios será que esa desasistencia significa un apoyo activo a los golpistas. Pero si la participación es elevada, estos asalariados de la subversión se encargarán rápidamente de buscar otro sofisma para justificar sus infamias. La tarea de ir pinchando uno por uno los globos retóricos de los conspiradores no debe desviar, en ningún caso, a los responsables de la seguridad del Estado de su trabajo fundamental, que no es otro sino desarticular y desactivar, con el peso de la ley, las tramas sediciosas. Pero es también un deber de los ciudadanos privar, con su participación política, del más mínimo pretexto a los enemigos de las instituciones democráticas.

Parece un dato cierto que en esta convocatoria la abstención podría castigar sobre todo a aquellas zonas del electorado que votaron en 1977 y 1979 a Unión de Centro Democrático pero que hoy, tras rechazar las propuestas de Alianza Popular y del PSOE, se sienten desconcertadas ante la doble oferta de la UCD de Lavilla y el CDS de Suárez. A estos ciudadanos cabría recomendarles tres soluciones: que decidan con la razón o con el corazón en la mano entre CDS y UCD, que echen una moneda al aire para resolver su dilema o que voten en blanco. Pero que voten. Todo menos quedarse en sus casas para incrementar el partido de la abstención.

La estúpida fábula de que los ayuntamientos socialistas habían manipulado el censo para despojar de sus derechos electorales a los candidatos y simpatizantes de Alianza Popular ha sido desbaratada por el Instituto Nacional de Estadística, dependiente del Ministerio de Economía. Este desvergonzado rebrote de los viejos esquemas de la conspiración judeo-masónico-marxista quedará registrado en los anales de estos comicios como un recurso absurdo destinado a restar de antemano legitimidad democrática al resultado de las urnas. La irresponsabilidad de sus artífices queda probada por el entusiasmo con que los ideólogos del golpismo han aireado la argucia, la única auténticamente sucia de una campaña que, por lo demás, se ha desarrollado en líneas generales de manera correcta.

En cualquier caso, dos noticias contribuirán a tranquilizar los ánimos de los ciudadanos que hoy acudan a depositar sus votos en las urnas. De un lado, en estos días se reúne en Madrid la sesión preparatoria de la VI Conferencia de Tribunales Constitucionales Europeos, cuya reunión plenaria está prevista para el otoño de 1984 en la capital de España. El presidente de nuestro Tribunal Constitucional será el anfitrión de sus colegas de la República Federal de Alemania, Austria, Italia y Suiza, que han ratificado de esta manera, con su voto unánime, la confianza de las más altas instancias judiciales de los Estados de derecho europeos en la estabilidad y en el futuro de nuestro sistema democrático. De otro lado, la audiencia dada ayer por el Rey a los candidatos de los siete principales partidos que concurren a las urnas es una nueva y espléndida manifestación del firme compromiso de la Corona con el pluralismo político, el régimen parlamentario, los derechos humanos y las libertades cívicas. Si los españoles pueden acudir hoy a las urnas en la seguridad de poder votar en conciencia y sin el chantaje del miedo, con la certeza de que el futuro dependerá tan sólo de sus sufragios, lo deben en buena medida a uno de esos valerosos gestos con los que don Juan Carlos, en su papel de árbitro y moderador del sistema, sintoniza en su debido momento con el pueblo para dejar en claro que los enemigos de la libertad son también los de la Corona, y que no hay más futuro en paz para este país que el previsto por las leyes refrendadas por la soberanía popular.