La devolución de ahorros en Fidecaya se retrasa varias semanas por problemas administrativos
La devolución de los casi 15.000 millones de pesetas garantizados por el Estado a los ahorradores de Fidecaya no se iniciará hasta mediados del presente mes, con varias semanas de retraso sobre las previsiones iniciales, según fuentes de la empresa. No hay problemas de dinero, pues ya está disponible la cuenta del Tesoro público en el Banco de España; el principal obstáculo ha sido la confección de listas territorializadas de lo que corresponde recibir a cada uno de los casi medio millín de cedulistas.
Desde que el Consejo de Ministros acordó, el pasado 4 de septiembre, la liquidación d...
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La devolución de los casi 15.000 millones de pesetas garantizados por el Estado a los ahorradores de Fidecaya no se iniciará hasta mediados del presente mes, con varias semanas de retraso sobre las previsiones iniciales, según fuentes de la empresa. No hay problemas de dinero, pues ya está disponible la cuenta del Tesoro público en el Banco de España; el principal obstáculo ha sido la confección de listas territorializadas de lo que corresponde recibir a cada uno de los casi medio millín de cedulistas.
Desde que el Consejo de Ministros acordó, el pasado 4 de septiembre, la liquidación de la empresa y nombró una comisión encargada de ello, el ordenador de Fidecaya ha trabajado al servicio de la comisión. Los datos disponibles hasta entonces eran del 31 de julio último (véase cuadro adjunto), cuando los ahorros totales ascendían a 16.837 millones de pesetas, sobre los cuales las garantías gubernamentales de devolución cubrían 15.419 millones de pesetas y eran propiedad de 451.654 titulares (una cuenta o cédula podía tener varios titulares).Sin embargo, en la primera semana de agosto, al publicarse las Primeras noticias sobre la demanda de embargo interpuesta por el grupo holandés Hilders contra los bienes de Cemesa, propiedad de Vicente Edmundo Alfaro, titular desde varios meses antes de Fidecaya, hubo una fuerte retirada de depósitos en esta entidad de ahorro particular. Datos de la empresa indican que, entre el 11 y el 17 de agosto, los reintegros ascendieron a casi seiscientos millones de pesetas, mientras que los ingresos rondaron sólo la décima parte.
Las peticiones y formalizaciones de reintegros a través de las 314 oficinas y 5.100 delegados de Fidecaya generaron gran cantidad de apuntes contables. Fuentes de la empresa han informado que entre finales de julio y mediados de agosto, cuando se suspendieron las operaciones, había 25.000 operaciones pendientes de contabilizar en la central por nuevos ingresos y más de 50.000 de salidas.
Aunque fuentes de la Administración indicaron, a principios de septiembre, que la devolución de cantidades garantizadas empezaría a Finales de mes, la marcha de los trabajos administrativos ha impedido realizar esta voluntad. No obstante, el decreto-ley aprobado el 20 de agosto indica que en un plazo de tres meses deberán haber sido devueltos el 25% de los ahorros, y el resto, en un año.
Medios de la comisión han informado a EL PAÍS que, para cumplir su deseo de iniciar cuanto antes las devoluciones, podían haber puesto ya en marcha el plan en alguna delegación. Pero entendieron que ello daría mala sensación entre las otras delegaciones. Ahora, una vez que tengan todas las listas, esperan decidir, quizá la próxima semana, sobre el comienzo general. De acuerdo con las normas del Gobierno, cada cedulista, aunque una cuenta tenga varios, recibirá el 100% de sus ahorros y los intereses hasta el 4 de septiembre hasta 200.000 pesetas de tope, el 75% de 200.000 a 750.000, y el 50% de 750.000 a 1.500.000. Los primeros serán 469.096, los del 75%, unos 74.442, y los del 50%, otros 6.748, según los datos de 31 de julio.
La Administración ha dado instrucciones a la comisión liquidadora para que, en todo caso, aplique siempre la fórmula más favorable para los ahorradores, en su gran parte del medio rural. En este sentido, cabe la posibilidad de que, en lugar de utilizar la red de Fidecaya para las devoluciones, se pasen los listados a alguna, varias o todas las entidades bancarias que trabajaban con Fidecaya (en total, 44). Si fuera así, los titulares de cédulas de ahorro sólo tendrían que acreditarse ante éstas para cobrar.
Los propietarios de ahorros no garantizados por el Estado deberán esperar a que la comisión realice o venda los activos de Fidecaya (deudas, inmuebles, solares, etcétera) para ver si queda algo para pagarles. Ello afecta a unas 16.000 personas propietarias de 8.000 cuentas. El 25% no garantizado por las cuentas de 200.000 a 750.000 pesetas asciende a 443 millones de pesetas; el 50%, por depósitos de 750.000 a 1.500.000, llega a 412 millones, y los depósitos superiores al millón y medio suponen otros 561 millones de pesetas.