Los bienes de Cemesa, propietaria de Fidecaya, embargados desde el pasado lunes

Desde el pasado lunes, los bienes de la compañía Cemesa, sociedad que tiene concedida la construcción del puerto deportivo de Benalmádena y es propietaria de Fidecaya, sufren embarga preventivo. La causa es una demanda de rescisión de contrato de financiación interpuesta por el grupo holandés Hilders, que hasta la fecha ha aportado casi 1.500 millones de pesetas para la ejecución de las obras del mencionado puerto deportivo, sin que, según los demandantes, se hayan cumplido por la otra parte las condiciones estipuladas en el contrato.

El pasado día 21, el grupo holandés Hilders presentó...

Desde el pasado lunes, los bienes de la compañía Cemesa, sociedad que tiene concedida la construcción del puerto deportivo de Benalmádena y es propietaria de Fidecaya, sufren embarga preventivo. La causa es una demanda de rescisión de contrato de financiación interpuesta por el grupo holandés Hilders, que hasta la fecha ha aportado casi 1.500 millones de pesetas para la ejecución de las obras del mencionado puerto deportivo, sin que, según los demandantes, se hayan cumplido por la otra parte las condiciones estipuladas en el contrato.

El pasado día 21, el grupo holandés Hilders presentó demanda de rescisión de contrato de financiación de las obras del puerto deportivo de Benalmádena por valor de 1.500 millones de pesetas, aproximadamente, contra la sociedad Cemesa. Esta empresa, propiedad de Edmundo Alfaro Villén, desarrolla entre otras actividades el servicio de recogida de vehículos -grúa- de Madrid y es propietaria de Fidecaya.Una semana después de presentada la demanda, el pasado lunes día 28, el juez de primera instancia número 1 de Madrid dispuso el embargo preventivo de casi todos los bienes conocidos de Cemesa, entre otros las acciones de la naviera Novamar, las acciones de Cosol Artes Gráficas, las acciones de Fidecaya y los ingresos procedentes de la contrata de la grúa madrileña y de recogida de basuras en Albacete y Alicante.

Interpuesta la demanda y practicado el embargo, Cemesa lo impugnó intentando sustituirlo por un aval de Fidecaya. Por auto del pasado viernes, día 30, el juez de primera instancia denegó el recurso por entender que la situación económica de Fidecaya no es tan boyante como pretende Cemesa y dada la íntima vinculación que existe entre ambas sociedades, punto este que equivaldría a un autoaval.

La demanda interpuesta por el grupo Hilders, y en concreto la compañía Almathon, también se dirige contra las empresas Entreprise Jean Spada y Spada Ibérica -constructoras del puerto deportivo de Benalmádena- y Outinord y Ocatic, coordinadoras de las obras.

La presentación de la demanda por parte del grupo Hilders obedece a que la empresa Cemesa, en opinión de aquella sociedad, no ha cumplido las condiciones estipuladas en el contrato de financiación del puerto deportivo y complejo inmobiliario de Benalmádena. Asimismo, el grupo Hilders entiende que hay motivos racionales para pensar que en un futuro puede existir ocultación o malbaratamiento de bienes por parte de Cemesa,

Los terrenos del puerto deportivo de Benalmádena, cuya construcción fue otorgada mediante concesión a la empresa Cemesa tras la decisión judicial, están asimismo embargados.

Una concesión atípica

En noviembre de 1978, el Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga), después de una concesión fallida y un concurso de construcción desierto, adjudicó a Cemesa la construcción del puerto deportivo de Benalmádena. De acuerdo con el pliego de condiciones, Cemesa no percibiría ninguna cantidad en metálico por las obras, pero sí el derecho de urbanizar 40.000 metros cuadrados ganados al mar. El contrato estipulaba la construcción de 60.000 metros cuadrados, 20.000 de los cuales eran accesos, y el resto, los 40.000 mencionados, explotación edificable.Concedidas las obras -cuya inversión prevista fue de 2.200 millones de pesetas-, Cemesa buscó y encontró financiación en el grupo holandés Hilders, que la contrató completa en las siguientes condiciones: un 1 % de interés mensual sobre saldos, 250 millones de pesetas de participación en la explotación del complejo urbanístico y 88 millones de pesetas de comisión. Las garantías fijadas fueron las siguientes: otorgamiento de avales, cumplimiento de los plazos de construcción, pignoración (dar en prenda) de la concesión y garantías sobre los terrenos ganados al mar y construcciones edificadas.

En concreto, las condiciones estipulaban que el gfupo Hilders aportarla 2.200 millones de pesetas para la construcción de las obras del puerto deportivo de Benalmádena y de su complejo inmobiliario. Por su parte, Cemesa se comprometía a finalizar las obras del puerto deportivo en octubre de 1980, y el complejo inmobiliario, en su primera fase, en enero del presente año.

A juicio de los demandantes, los avales están perdidos, los plazos de construcción no se han cumplido -a la fecha de hoy, salvo detalles, el complejo inmobiliario no se ha iniciado- y no existen garantías sobre los terrenos ganados al mar -Cemesa ha hecho pública su transferencia a Fidecaya de los derechos sobre los terrenos-. Por todo ello, el grupo Hilders considera que existe un incumplimiento de garantías.

La compañía Cemesa (Conservaciones Electromecánicas y Electrónicas, Sociedad Anónima), con domicilio social en Madrid, está controlada por Edmundo Alfaro Villén, ingeniero industrial de 48 años de edad. La sociedad tiene 450 millones de pesetas de capital y una plantilla próxima a los 2.000 trabajadores.

Cemesa participa de las acciones de Naviera Novamar, dispone de la contrata de la grúa madrileña y de recogidas de basura en Albacete y Alicante, es propietaria de Aerolíneas Cemesa, y desde el pasado día 5 de mayo ostenta la propiedad de Fidecaya.

Fidecaya, una de las entidades de ahorro y capitalización más conocidas -recuérdese la publicidad del humorista Gila en la televisión- y extendidas del país, nació en 1952 y su actividad fue regulada por ley en diciembre de 1955, y el reglamento de abril de 1957, de entidades de capitalización y ahorro. La mayoría del capital de la entidad pasó por diversas manos, hasta que el Gobierno dio luz verde a su venta al grupo Edmundo Alfaro Villén en una peseta la acción. Esta decisión gubernamental la motivó la difícil situación que atravesaba Fidecaya en aquella época, como consecuencia de la política de inversiones seguidas y algunas operaciones de incierta rentabilidad.

Fidecaya, a finales del pasado mes de febrero, disponía de 16.523 millones de pesetas aportados por los 234.769 ahorradores -un gran porcentaje de los cuales están localizados en Extremadura y Andalucía-, que le hablan confiado su dinero a una media de 60.000 pesetas por ahorrador. En esa época, Fidecaya tenía alrededor de 5.400 delegados repartidos por toda la geografía española.