El Banco Rural y Mediterráneo perdió unos 3.400 millones en 1980

El Banco Rural y Mediterráneo, cuyo principal accionista es el Estado, con más de un 90% de participación, registró unas pérdidas de 3.400 millones de pesetas durante el ejercicio de 1980. Estos resultados negativos serán enjugados mediante una serie de operaciones tendentes a reordenar sus fondos propios. Básicamente consistirán en una reducción de su capital social en unos 740 millones, lo que representa el 50% del mismo; el destino de 1.400 millones, aproximadamente, de sus reservas, todas las aplicables a la cobertura de fallidos, y una posterior ampliación de capital al 200%, que supondrá...

El Banco Rural y Mediterráneo, cuyo principal accionista es el Estado, con más de un 90% de participación, registró unas pérdidas de 3.400 millones de pesetas durante el ejercicio de 1980. Estos resultados negativos serán enjugados mediante una serie de operaciones tendentes a reordenar sus fondos propios. Básicamente consistirán en una reducción de su capital social en unos 740 millones, lo que representa el 50% del mismo; el destino de 1.400 millones, aproximadamente, de sus reservas, todas las aplicables a la cobertura de fallidos, y una posterior ampliación de capital al 200%, que supondrá unos 3.500 millones y que cubrirá el Patrimonio del Estado. La mitad de esta aportación se destinará también a cubrir pérdidas.

Estos resultados negativos, que junto con la operación acordeón serán presentados a los accionistas de la entidad en el transcurso de la próxima junta general, que se celebrará en Madrid el próximo día 10 de abril, corresponden a los fallidos jurídicos que se han producido a lo largo del ejercicio de 1980 por operaciones realizadas en años anteriores.Además del plan de saneamiento, el banco recibirá las ayudas que tradicionalmente concede el Banco de España a las entidades de crédito en crisis.

Este conjunto de operaciones se complementará con la valoración en 280 millones de pesetas del paquete representativo del 38,3% de las acciones del banco que fueron propiedad de la familia Duque, quien las había cedido al Patrimonio del Estado y cuyo pago aún no se había efectuado por estar pendiente de la valoración que le atribuyesen dos empresas de auditoría. Estos 280 millones se destinarán directamente a disminuir los riesgos que el grupo Duque tiene contraídos con el banco, y que se estiman en unos 8.000 millones, de los que la mitad están sin consolidar.

El grupo Duque pretendió hacerse con el control del paquete mayoritario de las acciones del Rural cuando la extinguida Secretaría General del Movimiento cedió su participación a la entonces Organización Sindical. Los Duque procedieron a consolidar la posición que mantenían desde antes de la fusión de los dos bancos que dan nombre a la entidad, consiguiendo hacerse con un 38,3 % de las acciones del Rural.

En los últimos tiempos de permanencia de la Organización Sindical como titular del paquete accionarial mayoritario, y en la época inmediatamente posterior en que el Rural se encontraba presidido por José Utrera Molina, el grupo Duque consiguió préstamos y créditos del banco por un importe aproximado a los 8.000 millones de pesetas, lo que representaba casi un tercio de la actividad crediticia de la entidad.

Sustituido en la presidencia Utrera Molina por Nieves Borrajo, hombre próximo al ex presidente Suárez, se solicitó que aportaran las garantías suficientes como para hacer frente a las deudas contraídas. Así se establecieron hipotecas sobre los bienes de los Duque por un importe próximo a los 4.000 millones de pesetas. Para saldar el resto de la deuda ofrecieron su paquete accionarial, que adquirió el Patrimonio del Estado en 197 8 a través de Negocios Bonafé (Nevosa), empresa filial del Banco Rural.

280 millones a los Duque

El precio de este 38,3% de las acciones del banco quedó pendiente de fijar en base a los resultados que presentasen dos empresas especializadas en auditorías externas, contando con el arbitraje de una comisión compuesta por un representante del Banco de España, otro de la Dirección General del Patrimonio del Estado y otro del grupo vendedor.Estas dos empresas auditoras no presentaron unos resultados definitivos. Una dio valor cero a la participación de los Duque en base a la situación del banco. La otra no emitió ningún tipo de dictamen por considerar que no se le había aportado toda la información necesaria. Precisamente la valoración del 38,3% de las acciones del Rural en 280 millones de pesetas corresponde, según manifestaron a EL PAIS medios próximos al banco, a una estimación favorable para los vendedores.

Parece, pues, que termina un largo contencioso con la toma de posesión ya de hecho de algo más del 90% de las acciones del Banco Rural por parte del Estado. El 52% de ellas se encontraba en poder de la Asociación Institucional de Servicios Socioprofesionales (AISS), directa heredera de los antiguos sindicatos verticales, y el 32,3% ha pasado de forma definitiva al Patrimonio del Estado.

La incógnita que queda por despejar se refiere al futuro de la entidad. En las actuales circunstancias aún cuenta con pérdidas acumuladas que irán aflorando en sucesivos ejercicios. Su supervivencia dependerá de que se pueda conseguir un rápido aumento de los depósitos que se encuentran en las proximidades de los 30.000 millones de pesetas, junto con una política de reducción de personal, pues, según manifestaron medios del sector, sus cargas en este sentido son a todas luces excesivas.

Como no parece posible que vaya a darse ninguna de estas dos condiciones y, por otra parte, tampoco es previsible que el Estado vaya a dar por perdido el dinero empleado cerrando el banco, resulta lógico pensar que el Rural terminará englobado en otra organización bancaria más potente.

Aquí es donde vuelven a aparecer los viejos proyectos de integración en el Exterior, el más privado de los bancos públicos, sobre todo cuando ya se han iniciado los pasos para el saneamiento del Rural, que era la principal condición que en su día presentaron los responsables del Exterior para hacerse cargo del banco de los sindicatos verticales.