Críticas de los vecinos a la política urbanística del Ayuntamiento de Zaragoza

El enfrentamiento entre las asociaciones de vecinos de los barrios de Zaragoza y el Ayuntamiento de la ciudad, latente durante los últimos meses, ha llegado a su punto culminante con el comunicado hecho público por los primeros, en el que se critica duramente la política municipal, acusándola de no ser verdaderamente popular ni participativa.El escrito, firmado por la práctica totalidad de las asociaciones de los barrios de Zaragoza, acusa también al PSOE de haber abandonado las tesis que compartía con ellos en anteriores etapas, al haber accedido al Ayuntamiento y ser en él el grupo mayoritar...

El enfrentamiento entre las asociaciones de vecinos de los barrios de Zaragoza y el Ayuntamiento de la ciudad, latente durante los últimos meses, ha llegado a su punto culminante con el comunicado hecho público por los primeros, en el que se critica duramente la política municipal, acusándola de no ser verdaderamente popular ni participativa.El escrito, firmado por la práctica totalidad de las asociaciones de los barrios de Zaragoza, acusa también al PSOE de haber abandonado las tesis que compartía con ellos en anteriores etapas, al haber accedido al Ayuntamiento y ser en él el grupo mayoritario.

De hecho, las asociaciones, capitalizadas en buena parte por grupos más a la izquierda que PSOE y PCE -los líderes del MC presiden, por ejemplo, la asociación del barrio de San José-, han venido manteniendo una abierta oposición a la Corporación actual, hasta que finalmente un problema urbanístico ha sido la causa precipitante de la crisis.

El tema concreto se refiere a la modificación del Plan General de Urbanismo, cuyo estudio aprobó el pleno, para que sean recalificados unos terrenos situados en el barrio de El Picarral. En él se asienta la empresa Campoebro, Sociedad Anónima, que elabora productos derivados del maíz, y que pretende una ampliación de sus instalaciones, con una Inversión inmediata de novecientos millones de pesetas y la creación de nuevos puestos de trabajo.

Los terrenos son, según el último plan aprobado, zona residencial, y la empresa solicita volver a la calificación del plan anterior, en donde Figuraba como zona industrial. Para ello ha propuesto ceder unos terrenos próximos para construir el centro escolar previsto en la actual ordenación, y acometer una serie de mejoras técnicas para eliminar las molestias derivadas del funcionamiento de la factoría.

Las posturas sobre este tema son encontradas y han producido varios altercados, como el del pleno del último fin de semana, que terminó con el desalojo de los representantes de los vecinos de San José y El Picarral, y que ha motivado el comunicado conjunto de las asociaciones. Los representantes de los vecinos insisten en que la industria debe trasladarse a otro lugar, a causa de las molestias y contaminación que produce. Exigen que se cumpla el plan tal como está en la actualidad y acusan de chantaje al barrio los argumentos de peligro en la continuidad de los puestos de trabajo.

En contra de esta opinión está la empresa, que argumenta que el traslado le supondría más de 3.000 millones de pesetas, y la permanencia sin ampliación, la muerte de la compañía, que en la actualidad goza de gran prosperidad.