Los conservadores copan la directiva de la Asociación Profesional de la Magistratura
El sector conservador de la magistratura española logró copar los órganos directivos centrales (comisiones permanente y ejecutiva) de la Asociación Profesional de la Magistratura, hasta ahora única organización asociativa surgida en el ámbito judicial español, así como colocar a sus hombres en la candidatura presentada por dicha asociación para cubrir los doce puestos de vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial.
La elección de los órganos centrales de la Asociación Profesional de la Magistratura se produjo en el congreso extraordinario, de carácter constituyente, celebr...
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El sector conservador de la magistratura española logró copar los órganos directivos centrales (comisiones permanente y ejecutiva) de la Asociación Profesional de la Magistratura, hasta ahora única organización asociativa surgida en el ámbito judicial español, así como colocar a sus hombres en la candidatura presentada por dicha asociación para cubrir los doce puestos de vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial.
La elección de los órganos centrales de la Asociación Profesional de la Magistratura se produjo en el congreso extraordinario, de carácter constituyente, celebrado por esta asociación el pasado fin de semana en Madrid. Al mismo asistieron unos 130 compromisarios, que representaban a los asociados de los dieciséis territorios judiciales de España.Un sector minoritario, formado por 42 compromisarios, que pasa por representar la tendencia progresista dentro de la magistratura, ha hecho pública una nota, que se adjunta a esta información, en la que denuncia su «exclusión deliberada» de los órganos centrales de la asociación. Al mismo tiempo, miembros de este sector minoritario ha anunciado la presentación de un posible recurso de inconstitucionalidad contra las normas reguladoras del asociacionismo judicial, que, a su juicio, hacen inviable el ejercicio del derecho constitucional de asociación, al establecer, por una parte, el tope mínimo del 15% de los integrantes en la carrera judicial para la creación de asociaciones y, por otra, permitir que éstas estén abiertas a todos los que quieran integrarse en ellas.
La candidatura de la Asociación Profesional de la Magistratura al Consejo General del Poder Judicial, cuya elección está señalada para los días 14 y 15 del próximo mes de mayo, está formada por las siguientes personas: Rafael Gimeno, presidente de Sala del Tribunal Supremo, y José Ignacio Jiménez y Adolfo Carretero, magistrados del Tribunal Supremo; Antonio Gimeno Aunquet, Luis María Díaz de Valcárcel, Diego Palacios, José de Leyva y Jesús Marina, magistrados; Rafael Martínez Emperador, magistrado de Trabajo; José Ramón Ferrándiz, juez de primera instancia e instrucción, y Ramón Godoy y Jesús Ortiz, jueces de distrito.
Es probable que esta candidatura sea única, dado que actualmente forman parte de la Asociación Profesional de la Magistratura las dos terceras partes de los jueces y magistrados de España. Por otra parte, no es fácil la formación de candidaturas independientes, que deben estar avaladas por un 10% de los electores. La forma de elección de la candidatura presentada por la Asociación Profesional de la Magistratura convierte en papel mojado el sistema electoral fijado por la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial, el cual «será el mayoritario corregido para permitir la representación de un sector minoritario».
Exclusión deliberada
«Durante los días 21, 22 y 23 del presente mes se ha celebrado el congreso extraordinario de la Asociación Profesional de la Magistratura. Un 30% de los compromisarios asistentes han sido deliberadamente excluidos de los órganos centrales de la asociación, a través de una aplicación de los estatutos, que, sin vulnerar estrictamente la legalidad, ha conducido a resultados contrarios a las exigencias de un principio de representación proporcional.Al concluir las sesiones del congreso, los compromisarios representantes de esa minoría exponen a la opinión pública estos hechos que lamentan, al tiempo que ratifican sus profundas convicciones democráticas, su concepción de la justicia como servicio al pueblo, su voluntad de que el poder judicial signifique la suprema garantía de las libertades que la Constitución reconoce, así como el propósito de utilizar cuantos medios estén a su alcance para que su voz llegue siempre a Ia sociedad