Posible giro de UCD en la negociación del Tribunal Constitucional
Las negociaciones actualmente en marcha entre Unión de Centro Democrático (UCD) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sobre las propuestas de candidatos para miembros del Tribunal Constitucional podrían haber registrado un giro por parte del partido gubernamental -no confirmado por UCD ni PSOE- encaminado. según fuentes bien informadas. a asegurar el predominio de las tesis centristas en el órgano supremo de interpretación de la Constitución. Los ocho candidatos del Parlamento pueden ser elegidos a final de mes. y es muy probable que el Gobierno proponga los dos que le corresponden -uno d...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
Las negociaciones actualmente en marcha entre Unión de Centro Democrático (UCD) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sobre las propuestas de candidatos para miembros del Tribunal Constitucional podrían haber registrado un giro por parte del partido gubernamental -no confirmado por UCD ni PSOE- encaminado. según fuentes bien informadas. a asegurar el predominio de las tesis centristas en el órgano supremo de interpretación de la Constitución. Los ocho candidatos del Parlamento pueden ser elegidos a final de mes. y es muy probable que el Gobierno proponga los dos que le corresponden -uno de ellos el ex ministro Aurelio Menéndez- en la reunión del Consejo de Ministros del próximo día 25.En esta fecha terminará el plazo para la propuesta de los dos candidatos gubernamentales y también de los dos del Consejo General del Poder Judicial. que. sin embargo. no podrán elegirse hasta que este órgano judicial quede constituido, este es, en mayo. Por su parte, el Congreso y el Senado -para los que el plazo no cumple hasta el 25 de febrero, debido a la vacación parlamentaria- es casi seguro que adelantarán sus propuestas, que se producirán en los Plenos de cada una de ambas Cámaras que se celebrarán a finales de mes.
La ausencia de los candidatos del Consejo General del Poder Judicial hará preciso que entre en juego la disposición transitoria segunda de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, según la cual. cuando falte algún nombramiento, el Tribunal «se constituirá y comenzará a ejercer sus competencias en los quince días siguientes al término del período de sesiones dentro del que se hubiesen efectuado los ocho primeros nombramientos. cualquiera que sea la razón que motive la falta de nombramiento de la totalidad de los magistrados». Esta disposición exige que las propuestas parlamentarias se produzcan antes de febrero. en evitación de que el Tribunal Constitucional retrase su formación hasta el 15 de julio, es decir, quince días después del final del período de sesiones febrero-junio.
La necesidad de contar con un órgano capaz de resolver las controversias ya surgidas -y las que previsiblemente surgirán- sobre el significado correcto de la Constitución, ha empujado al Gobierno y los principales partidos parlamentarios a acelerar los trámites para la entrada en funcionamiento del Tribunal Constitucional, que podrá producirse a mediados de febrero. Las mismas situaciones polémicas en torno a determinados textos constitucionales han motivado que UCD no renuncie a ejercer la influencia de sus votos en la formación del supremo intérprete de la Constitución. Este cambio de actitud. detectado en medios solventes. sobre el inicial acuerdo UCD-PSOE para garantizar una escrupulosa imparcialidad de los doce miembros del Tribunal Constitucional. ha sido desmentida a EL PAIS por fuentes próximas tanto a los negociadores por parte centrista como socialista. «Al menos, a nosotros no se nos ha planteado», afirmaron estos últimos.
Sin embargo, las mismas fuentes socialistas manifestaron que sobre la mesa de negociaciones había sido puesto por UCD el nombre del ex ministro Pío Cabanillas, que el PSOE ha rechazado. Asimismo, aludieron a la falta de entusiasmo centrista sobre la candidatura de Antonio Hernández Gil, hasta ahora presidenciable para ambos partidos.
Por su parte, los socialistas han puesto sobre el tapete un nuevo candidato, José Antonio González Casanova, catedrático de Teoría del Estado en Barcelona. Otras novedades en la negociación son la exclusión de Joaquín Ruiz Giménez -probable candidato para Defensor del Pueblo- y del administrativista José Ramón Parada. Este último sería sustituido por el catedrático de la misma disciplina en la Universidad de Palma de Mallorca, y letrado del Consejo de Estado, Rafael Gómez Ferrer.