Veintidós partidos cometieron infracciones en sus declaraciones de gastos
Alrededor de 2.000 millones de pesetas gastaron los partidos políticos en la campaña electoral del 15 de junio de 1977, según la justificación de gastos entregada a la Junta Electoral Central. De dichos datos se desprende que veintidós partidos políticos han cometido irregularidades en sus declaraciones, y entre ellos figuran los más importantes del país: Unión de Centro Democrático, Partido Socialista Obrero Español, Alianza Popular, Partido Comunista de España y Partido Nacionalista Vasco, entre otros.
No obstante, estas irregularidades se consideran sólo infracciones y no...
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Alrededor de 2.000 millones de pesetas gastaron los partidos políticos en la campaña electoral del 15 de junio de 1977, según la justificación de gastos entregada a la Junta Electoral Central. De dichos datos se desprende que veintidós partidos políticos han cometido irregularidades en sus declaraciones, y entre ellos figuran los más importantes del país: Unión de Centro Democrático, Partido Socialista Obrero Español, Alianza Popular, Partido Comunista de España y Partido Nacionalista Vasco, entre otros.
No obstante, estas irregularidades se consideran sólo infracciones y no delitos, en todos los casos. La Junta Electoral Central remitió los correspondientes expedientes al fiscal del Reino, quien contestó que, no apareciendo hechos de naturaleza delictiva, devolvía la documentación a la Junta «a los efectos que estime procedentes». La Junta Electoral entendió que debía abrir, expedientes por infracciones, y en este sentido ha hecho recaer las correspondientes sanciones.Sin embargo, no se ha hecho pública la cuantía de las sanciones acordadas. Legalmente, la Junta Electoral está facultada para imponer multas entre mil y 25.000, pesetas por cada infracción cometida, cuando sean realizadas por particulares; la cuantía es más alta en caso de que el infractor sea funcionario público.
Los partidos que no han cometido irregularidades son ocho: Democracia Cristiana Aragonesa (declara 1,8 millones de pesetas), Lliga de Catalunya (5,5 millones),
Pacte Democratic per Catalunya (53,7 millones), Partido Popular Canario (un millón), Partido Socialista Gallego (1,5 millones), Partido Socialista Unificado de Cataluña (32 millones), Partido Socialista Vasco (ocho millones), y la Unió del Centre i de la Democracia Cristiana de Catalunya (48 millones).
Resulta curioso que casi todos los partidos parlamentarios más importantes hayan sido objeto de sanción por irregularidades en la declaración de gastos. La mayor honradez en este aspecto corresponde al Pacte Democratic, que reúne, entre otros nombres significativos, los de Miguel Roca y Jordi Pujol; así como el PSUC (Gutiérrez Díaz, López Raimundo, Solé-Turá) y el Centre i la Democracia Cristiana de Catalunya, donde se puede mencionar, como nombre más conocido, el de Antón, Cañellas.
Inicialmente se observaron también irregularidades en las cuentas del Partido Agrario Español (declara dos millones) y del Equipo de la Democracia Cristiana (60,6 millones), pero fueron subsanadas.
Al margen de las posibles irregularidades citadas, el examen del conjunto de las cuentas conforma la tesis de que el dinero no es el factor principal, para ganar o perder elecciones. Sin espacio para publicar los datos de la totalidad de los partidos -muchos de ellos sin ningún interés político en la actualidad-, el gráfico que acompaña este texto permite comprobar que los partidos que presentan cuentas más altas no consiguieron siempre inversiones rentables.
Los casos más sangrantes parecen los de Alianza Popular, que invirtió casi tanto dinero como UCD para lograr resultados quince veces inferiores, y el del PSOE histórico, que gastó más dinero que algunos importantes partidos de las nacionalidades -PNV, PSUC- para no obtener ni un solo parlamentario.
Finalmente, no han podido determinarse los datos correspondientes a cinco partidos: Acción Nacionalista Vasca, Frente Democrático de Izquierdas, Partido Proverista, Partido Socialista Democrático Español y Reforma Social Española. En todos ellos, la Junta Electoral Central manifiesta la imposibilidad de determinar dichos datos. «debido a las deficiencias existentes en la contabilidad presentada».