Existen oscuras maniobras para cerrar el Migrans

«Han intentado incendiarnos el centro tres veces, la última el pasado sábado. Esto no es un hecho aislado, sino que forma parte de una campaña para echamos de aquí, pero estamos dispuestos a defenderlo hasta las últimas consecuencias.» Con estas palabras, la coordinadora que rige el centro Cultural Juvenil de San Blas inició una rueda de prensa convocada para denunciar las diferentes presiones que están sufriendo desde la apertura del centro.

Este centro cultural, más conocido por el Migrans, empezó a funcionar en mayo de este año. Está situado en el centro del barrio de San Blas y se t...

«Han intentado incendiarnos el centro tres veces, la última el pasado sábado. Esto no es un hecho aislado, sino que forma parte de una campaña para echamos de aquí, pero estamos dispuestos a defenderlo hasta las últimas consecuencias.» Con estas palabras, la coordinadora que rige el centro Cultural Juvenil de San Blas inició una rueda de prensa convocada para denunciar las diferentes presiones que están sufriendo desde la apertura del centro.

Este centro cultural, más conocido por el Migrans, empezó a funcionar en mayo de este año. Está situado en el centro del barrio de San Blas y se trata de un edificio de cinco pisos, con tres pabellones. Todo ello rodeado de amplios jardines. Anteriormente, el centro albergó a la institución Migrans, regida por sacerdotes. Posteriormente, se convirtió en sede de la Escuela Nacional José Antonio de mandos de la Falange.Tras las elecciones generales y la creación del Ministerio de Cultura, la Dirección General e la Juventud, dependiente de este organismo, se hizo cargo del local. La Subdirección General de Estudios optó por abrir de nuevo el centro, pero esta vez lo entregó a la coordinadora de entidades juveniles y culturales del barrio con la garantía de que todo el mundo tendría libre acceso al centro. Se creó así la primera experiencia piloto de este tipo a nivel nacional.

Según explicaron en la rueda de prensa, a la que también asistieron representantes de todos los partidos políticos de izquierda, a excepción del PSOE y el PTE, las dificultades para el funciona miento del centro se produjeron de manera inmediata. Además de suprimir todo tipo de ayuda económica -la anterior escuela llegó a percibir hasta 105 millones de pesetas- un amplio sector del antiguo cuerpo de funcionarios se encargó de bloquear la utilización de una gran parte del edificio. Además de esto han llegado a negarse a facilitar cubos o escobas a los voluntarios que pretendían acabar con la enorme suciedad del centro.

De las sesenta habitaciones del centro sólo pudieron utilizar tres habitaciones y la cafetería, debido a que los funcionarios aseguraban que los archivos no podían ser trasladados de sus dependencias actuales. Un funcionario permaneció viviendo con toda su familia durante dos meses.

Estas tensiones fueron acompañadas de una serie de incidentes aún no aclarados, como tres incendios, robos, una inundación producida por taponamiento de los lavabos, dejando los grifos abiertos, y numerosos insultos y amenazas a miembros de la coordinadora por parte de individuos que se identificaban como falangistas.

El boicot forzó a los jóvenes a ocupar y gestionar el local. Dejaron dos pisos para viviendas de funcionarios y el resto lo utilizaron para tres grupos de cante, música folk, marquetería, costura, electrónica, expresión corporal, teatro y varias cosas más.

La ocupación se produjo hace dos semanas, e inmediatamente después el centro ha dejado de depender de la subdirección general para pasar a la delegación provincial.

Este cambio ha coincidido con una campaña de difamación para los jóvenes del centro, que podría finalizar en el cierre del local. Los argumentos empleados para desprestigiar el centro han consistido en decir que en él se toman drogas, hay prostitución, delincuencia y que la mayoría de los habituales son gitanos. Este último punto ha sido el peor recibido por la coordinadora. Uno de sus miembros, gitano de raza, tras señalar su desprecio por quienes consideran un insulto ser gitanos, aseguró que llamarían a Juan de Dilos, diputado de UCD, para que discutiera políticamente el asunto.

Finalmente, la coordinadora manifestó que exigía al Ministerio de Cultura que negociara para el mantenimiento del centro y que de allí no estaban dispuestos a marcharse.