La Constitución y las municipales

ESPAÑA No es todavía un país democrático. Los incuestionables avances que el país ha conocido desde el 20 de noviembre de 1975 y, sobre todo, desde el 15 de junio de 1977, en el camino de acercarse a los modelos de la democracia occidental, reconocidos dentro y fuera de nuestras fronteras, no deben hacernos olvidar la ausencia de un elemento fundamental de todo sistema auténticamente representativo: la democracia municipal y regional. A pesar de todo lo conseguido, de todos los esfuerzos y energías derrochados por la clase dirigente, y de la serenidad y apoyo que el pueblo, a costa de múltiple...

ESPAÑA No es todavía un país democrático. Los incuestionables avances que el país ha conocido desde el 20 de noviembre de 1975 y, sobre todo, desde el 15 de junio de 1977, en el camino de acercarse a los modelos de la democracia occidental, reconocidos dentro y fuera de nuestras fronteras, no deben hacernos olvidar la ausencia de un elemento fundamental de todo sistema auténticamente representativo: la democracia municipal y regional. A pesar de todo lo conseguido, de todos los esfuerzos y energías derrochados por la clase dirigente, y de la serenidad y apoyo que el pueblo, a costa de múltiples sacrificios, está mostrando, no hay en España un régimen democrático auténtico, ni lo habrá mientras no se hayan celebrado las ineludibles, urgentes y necesarias elecciones municipales.Más de dos años después de la desaparición del régimen anterior, y cerca de ocho meses más tarde de la celebración de las primeras elecciones generales libres en casi medio siglo, el pueblo español carece de una representación local y provincial democrática.Y no será porque hayan faltado las promesas -incumplidas-, las solemnes proclamaciones, las voces de alerta que se han multiplicado -algunas de ellas desde estas mismas páginas- y hasta las campañas de algún partido. De hecho, el tema de las elecciones municipales parece estar maldito por no se sabe qué extraño temor, miedo o conveniencia y por parte de quién. El portavoz oficial del Gobierno que designó Adolfo Suárez a raíz de las elecciones incluyó, en su primera y última declaración programática, el anuncio de que habría elecciones municipales antes de que terminase el año 1977. El Gobierno no ha dado explicaciones todavía de por qué no las convocó.

¿Quién teme a las elecciones municipales? La urgencia de la situación económica en crisis precipitó esa especie de Gobierno de concentración simbólica que tomó el nombre de pactos de la Moncloa. Nada impedía la celebración de elecciones municipales, cuya necesidad no era incompatible con la de la adopción de los programas económico y político que surgieron de dichos acuerdos. Sin embargo, la preparación y consecución de los pactos aparecen hoy como una especie de coartada que retrasó la democratización municipal y provincial del país.

Después de los pactos ha llegado el debate constitucional. Si la gravedad de la crisis económica avalaba la necesidad de aquéllos, no cabe duda de que la Constitución goza de prioridad absoluta en el proceso político español. Sin embargo, otra vez parece que se va a hacer primar en el tiempo la aprobación de la Constitución y el referéndum posterior sobre la celebración de elecciones municipales. Sin embargo, a nuestro juicio, lo uno no excluye lo otro; la Constitución no es incompatible con la democratización de nuestras instituciones provinciales y locales, aunque así se intente hacer ver.

Por último, ya ha surgido una noticia -que también parece un globo sonda- en el sentido de que el Gobierno puede estar dispuesto a convocar elecciones generales inmediatamente después del referéndum constitucional. Suárez utilizaría así una coyuntura favorable a su partido, tratando de apuntarse el éxito del referéndum y retrasando todavía más las municipales.

El resultado final bien podría ser, por este camino, el de volver a celebrar unas nuevas elecciones legislativas con los mismos ayuntamientos, las mismas diputaciones y los mismos resortes de poder en la vida local española, en manos no solamente del Gobierno, sino de su parte más reaccionaria, de los alcaldes, concejales, diputados provinciales y toda suerte de falsos representantes artificialmente mantenidos en sus puestos durante esta etapa crucial de construcción de la democracia, herederos directos del autoritarismo pasado.

Una propuesta de Felipe González anteayer, en el Club Siglo XXI, viene a añadirse a la polémica. El líder socialista ha sugerido que se celebren a un tiempo el referéndum sobre la Constitución y las municipales. Es una propuesta que puede parecer sorprendente y hasta arbitrista, pero que, sin duda, ofrece también un atisbo de solución posible. El argumento de algunos sectores de que no se deben mezclar habas con guisantes, Constitución y elecciones municipales, resulta bastante arbitrario. De hecho están mezcladas ya, y no se entiende por qué los ciudadanos no pueden discernir al mismo tiempo sobre los problemas generales de la convivencia nacional y los concretos de la comunidad en que viven. En resumidas cuentas, lo primero y más urgente es la radical renovación democrática de nuestra vida municipal. El Gobierno ha incumplido su promesa, y la Constitución no debe ser utilizada como un obstáculo más para este retraso imperdonable que pone en peligro cada día que pasa el edificio de la democracia española.

Por último, cabe decir que las responsabilidades se hallan bastante compartijas. La culpa de este retraso no es achacable solamente al Gobierno, sino que los partidos también mantuvieron la boca cerrada durante los meses en que hubieran podido hablar, en los que el planteamiento de esta reivindicación hubiese sido, tal vez, más sencillo. Nos hubiera gustado entonces ver al PSOE, que con tantos nervios ha iniciado la campaña desde primeros de enero, reclamar con la misma energía la instauración de la democracia municipal.