Los convenios entre la Iglesia y el Estado son útiles
La Iglesia no quiere el poder político y deberá someterse a la legislación general justa, pero ha de exigir el reconocimiento de sus derechos, y para regular las dificultades que puedan surgir son útiles ciertos convenios entre las dos partes. Esta es la idea central de la quinta carta sobre la Iglesia y el poder, publicada por el cardenal arzobispo de Madrid, Vicente Enrique y Tarancón, a través de Iglesia en Madrid.
Monseñor Enrique y Tarancón comienza citando un texto del Concilio Vaticano II en el que se justifica la mayor intervención de los poderes públicos en materi...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
La Iglesia no quiere el poder político y deberá someterse a la legislación general justa, pero ha de exigir el reconocimiento de sus derechos, y para regular las dificultades que puedan surgir son útiles ciertos convenios entre las dos partes. Esta es la idea central de la quinta carta sobre la Iglesia y el poder, publicada por el cardenal arzobispo de Madrid, Vicente Enrique y Tarancón, a través de Iglesia en Madrid.
Monseñor Enrique y Tarancón comienza citando un texto del Concilio Vaticano II en el que se justifica la mayor intervención de los poderes públicos en materia social, económica y cultural, con base en la complejidad de nuestra época, y recuerda que la palabra socialización fue estrenada por Juan XXIII para referirse a este fenómeno irreversible.
Tras aludir a épocas anteriores en las que la Iglesia ejerció «un patronazgo altamente beneficioso,especialmete en la creación de hospitales y en la asistencia social, en la creación de colegios y difusión de la cultura ... », el cardenal de Madrid señala que la mayor intervención del poder político en campos que antes eran propios de la iniciativa privada o de las sociedades intermedias «crea una poblemática nueva que incide también en las relaciones de la Iglesia con el poder político».
Expresó la conveniencia de que tal Intervención no sea absorbente ni pretenda ser exclusiva, «sino que respete la iniciativa privada -de individuos o de grupos sociales- y apoye las soluciones que en los distintos campos puedan aportar esas sociedades intermedias».
«La Iglesia no quiere el poder político ni se opone a esa intervención mayor del poder en esos ámbitos. Pero la Iglesia puede y debe exigir al poder político, porque es de justicia, como subraya el Concilio -añadió-, que pueda "predicar la fe con auténtica libertad, enseñar su doctrina sobre la sociedad, ejercer su misión entre los hombres sin traba alguna y dar su juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas".
«El cardenal Enrique y Tarancón insiste en precisar que exigir esa libertad, que incluye la utilización de «todos los medios necesarios para realizar su labor», no es ambicionar el poder ni servirse de él.