"La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria"

El velo que cubría los trabajos de la ponencia del Congreso de Diputados encargada de elaborar el proyecto de Constitución. ha sido levantado por la revista Cuadernos para el Diálogo, que publicará en su número de esta semana los 39 primeros artículos del borrador, en primera lectura. Según su contenido, la futura Constitución española consagrará el pluralismo político, la soberanía popular y la Monarquía parlamentaria, así como reconocerá el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, declarará no confesional al Estado, garantizará la libertad religiosa, institucionalizará el der...

El velo que cubría los trabajos de la ponencia del Congreso de Diputados encargada de elaborar el proyecto de Constitución. ha sido levantado por la revista Cuadernos para el Diálogo, que publicará en su número de esta semana los 39 primeros artículos del borrador, en primera lectura. Según su contenido, la futura Constitución española consagrará el pluralismo político, la soberanía popular y la Monarquía parlamentaria, así como reconocerá el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, declarará no confesional al Estado, garantizará la libertad religiosa, institucionalizará el derecho a la propiedad y la economía de mercado y remitirá al Derecho Civil la regulación del divorcio.

La novedad del conocimiento de los primeros textos íntegros del proyecto constitucional -a pesar dé su carácter no definitivo- reside en la revelación de su redacción exacta, ya que el contenido de la mayoría de los preceptos fue dado a conocer por los portavoces rotatorios de la ponencia, que desde el 22 de agosto hasta el 17 de noviembre celebró numerosas sesiones de trabajo, al término de las cuales el portavoz de turno se reunió con los informadores.El próximo martes, día 29, la ponencia. iniciará su segunda lectura en la que pueden ser reconsiderados muchos de los preceptos redactados, si bien sobre los temas más importantes la posición de las fuerzas políticas está fijada en un texto mayoritariamente aprobado (no hay que perder de vista que UCD cuenta con tres ponentes y con uno sólo los socialistas, los comunistas, Alianza Popular y la minoría catalana) y en los correspondientes votos particulares sobre los puntos de discrepancia.

Por otra parte, algunos temas aparecen pendientes de redacción, al menos en el borrador que se ha filtrado a la prensa.

Los cuarenta primeros artículos del borrador de Constitución no se encuentran divididos en títulos, si bien esta sistemática está prevista por la ponencia, pero no decidida definitivamente en su primera lectura. De ahí que los temas abordados por la parte conocida del borrador de Constitución se refieran a temas tan heterogéneos como la forma del Estado, los derechos sociales y económicos, la protección de la salud y el deber a contribuir económicamente al erario público.

Con todo, los artículos dados a conocer, sobre todo los que se refieren a los derechos y libertades, fueron, según reiteradas declaraciones de los portavoces rotatorios de. la ponencia, los de más laboriosa redacción y en los que obtener el consenso mayoritario fue más difícil.

Entre los temas que la Constitución no afronta figura el de la mayoría de edad y el del divorcio. Ambos son diferidos a la regulación que realice una ley civil.

La Monarquía configurada por el texto conocido del borrador es apellidada de parlamentaria, sin que aparezca el concepto de hereditaria. Asimismo, la Monarquía se sitúa en el vértice de las autonomías, al establecerse que la Constitución reconoce y la Monarquía garantiza « el derecho a la autonomía de las diferentes nacionalidades -término este último cuya inclusión originó tensiones en algunos sectores militares- y regiones que integran España ... ».

Otro tema novedoso respecto a la legalidad vigente es la aconfesionalidad del Estado español y la garantía de la libertad religiosa y de cultos, «con la única limitación del orden público protegido por las leyes».

En el aspecto socio-económico, la Constitución establecerá, si prospera el texto conocido, la necesidad de que medie indemnización para que un español pueda ser privado de sus bienes, hecho que sólo se podrá producir «por causa justificada de utilidad pública o de interés social».

También obtienen la consagración constitucional los sindicatos de trabajadores, las organizaciones profesionales y las asociaciones empresariales. Los derechos laborales reconocidos para hacerse efectivos contarán con la asunción por los poderes públicos de la obligación prioritaria de fomentar una política que asegure el pleno empleo. La libertad de empresa, dentro de una economía de mercado, es otro de los derechos reconocidos. La posibilidad de empresas cooperativas o autogestionarias queda muy diluida en el borrador, que alude al marco legislativo adecuado facilitado por los poderes públicos.