La Iglesia administrará directamente la subvención del Estado

El Gobierno destina 6.252.671.000 pesetas en contribuciones a la Iglesia católica en el presupuesto general que acaba de remitir a las Cortes. La Dirección General de Asuntos Eclesiásticos es la que recibe la partida, que por primera vez, se entregará globalmente a la Iglesia católica para que ésta la administre de acuerdo con sus criterios eclesiales, sin tener en cuenta las discriminaciones de carácter político que aplicaba el régimen anterior para subvencionar a esta institución.En círculos relacionados con la Iglesia católica se estima que la decisión gubernamental de globalizar la ayuda e...

El Gobierno destina 6.252.671.000 pesetas en contribuciones a la Iglesia católica en el presupuesto general que acaba de remitir a las Cortes. La Dirección General de Asuntos Eclesiásticos es la que recibe la partida, que por primera vez, se entregará globalmente a la Iglesia católica para que ésta la administre de acuerdo con sus criterios eclesiales, sin tener en cuenta las discriminaciones de carácter político que aplicaba el régimen anterior para subvencionar a esta institución.En círculos relacionados con la Iglesia católica se estima que la decisión gubernamental de globalizar la ayuda es una respuesta a reivindicaciones eclesiales que datan del siglo XIX. Ha sido posible ahora cumplir ese deseo dentro de lo que se llama «el buen clima creado por las conversaciones sobre el Concordato». Fuentes que han estudiado el estado de opinión que hay en los partidos políticos con respecto al nuevo sistema de contribución aseguran que, en líneas generales, los comunistas aprueban la idea, los socialistas y los sectores socialdemócratas de Unión de Centro la rechazan, el ala conservadora de UCD la apoya y la derecha intransigente no la considera viable. La Iglesia no se ha portado bien con sus ideas en un futuro hipotético. Lo que se pretendería hacer es recaudar impuestos para obras de Beneficencia. El Estado administraría ese dinero y haría llegar a la Iglesia católica la cantidad presupuestada para esa institución.

A partir de la nueva actitud en las relaciones Iglesia-Estado, la iglesia católica pretende usar esta oportunidad para replantear de raíz la vida económica que ha seguido desde la época de la desamortización. El tema de la globalización de la ayuda y del carácter de administrador que se le da a la Iglesia será uno de los principales de la asamblea que el Episcopado español celebrará en Madrid desde el próximo 21 al 26 de noviembre. Antes, el viernes, el Consejo de Economía y la comisión permanente del Episcopado habrán realizado un estudio de cómo debe ser contemplada la nueva situación. La decisión de la asamblea será vinculante para todas las diócesis.

Una nueva etapa

La cuestión se planteó por primera vez a principios de este año La Dirección General de Asuntos Eclesiásticos y ciertas jerarquías eclesiásticas llegaron entonces a la conclusión de que sería positivo que la dotación del Estado a la Iglesia pasara de ser pormenorizada para convertirse en global. El carácter arbitrario del anterior sistema lo explican fuentes seguras señalando que mientras algunas diócesis recibían del Estado veintitrés millones de pesetas, a otras de mayor densidad de población y trabajo les llegaban tan sólo doce millones de complementos a lo que les correspondían de las 36.240 piezas dotadas en este país, de acuerdo con las cláusulas concordatarias. Las diócesis a las que se aplicaba un número determinado depiezas cobraban también por las que permanecían vacantes y estas vacantes las repartía discrecionalmente el poder político de acuerdo con afinidades ideológicas.En concreto, en España hubo hasta hace muy poco veintidós diócesis que fueron castigadas y sus retribuciones les fueron limitadas porque sus seminarios no se atenían al acuerdo Iglesia-Estado de 1946 sobre enseñanzas a impartir en esa clase de centros. Se trataba de preservar la ortodoxia de los seminarios. Una de las primeras tareas del director general de

Asuntos Eclesiásticos, señor Zulueta, fue, según fuentes seguras, la de acabar con esta discriminación que está a punto de cesar por completo.

Seguridad social para los curas

En la nueva partida presupuestaria hay 1.100 millones más que en el presupuesto del presente año. El incremento obedece a una cláusula de la que, al parecer, se habló en los contactos Iglesia-Gobierno y en la que se incluiría una referencia al hecho de que el Estado consigna a la Igiesia católica los 6.000 millones de los que hemos hablado para que cumpla sus fines y para que afronte cualquier obligación que en circunstancias normales sería de las autoridades públicas. Es una alusión a la capacidad que, gracias a aquel incremento, va a tener la Iglesia Católica para pagar las cuotas de la Seguridad Social de sus miembros españoles, que se darían de alta el 1 de enero de 1978.En esta partida de la que hablamos no se incluyen órdenes religiosas, aunque en el apartado de universidades eclesiásticas las facultades de Teología y Derecho de la Universidad de Navarra siguen estando subvencionadas.

Con la nueva subvención, que regiría a partir de 1978 si el Parlamento no se opone, la Iglesia pretenderá remediar la que sus responsables consideran que es una situación de auténtica pobreza tanto de los sacerdotes como de un gran número de obispos. Se trata de redistríbuir la subvención, de hacer un censo para ver si de verdad en este país hay cerca de 25.000 sacerdotes, de lograr una racionalización global de los cimientos económicos de la principal institución católica española. Uno de los datos que pueden ilustrar esa definición que se le da a la situación de los sacerdotes podría ser el de lo que recibe el primado para gastos de representación: 1.600 pesetas que se extraen del 1.300.000 que en presupuestos anteriores el Estado destinaba para esas obligaciones.

Mientras tanto, la Renfe percibe cincuenta millones de pesetas por los servicios que en sus ferrocarriles pueda prestar a los sacerdotes.

Como es lógico, la Iglesia esperaba la decisión estatal. Ya se ha puesto en contacto con las 64 diócesis del país y es seguro que cuando la Asamblea Episcopal se reúna tenga un análisis del que salga el sistema de redistribución, administración y fiscalización de lo que ahora se ha incluido en el presupuesto general del Gobierno. Como en el caso de los partidos políticos, fuentes eclesiales aseguran que hay sectores del clero a los que no agradará la nueva fórmula. Se confía en que tales sectores serán minoritarios y que se someterán a la decisión final del Episcopado. A partir de ella, y hasta que se resuelvan las conversaciones concordatarias, esas fuentes a las que hemos aludido creen que el camino iniciado es el de la independencia en las relaciones Iglesia-Estado.

Lo que se piensa es que, a partir de la racionalización económica, la Iglesia podrá alcanzar más fácilmente esas cotas de libertad frente al Estado que le han faltado de manera especial en las últimas cuatro décadas. El régimen por el que tales relaciones se van a regir ahora se califica de transitorio. Se insiste en el carácter histórico de la demanda que se cumple: en 1843 la Santa Sede insistió en que ningún sacerdote debía estar en una nómina estatal y quiso que eso se cumpliera en España. En 1859 el Estado español decidió abonar a la Iglesia católica los efectos de la desamortización de Mendizábal mediante papeles de deuda pública que pagaba mensualmente. Con lo que se pondría en práctica a partir del 1 de enero de 1978 empezaría a difuminarse una mala costumbre que, como han dicho las autoridades civiles y eclesiásticas, no ha hecho ningún bien ni a unos ni a otros.