Prohibido un acto de homenaje a un fusilado del FRAP
El gobernador civil de Madrid ha prohibido el acto programado para el día de hoy, en el cementerio de Hoyo de Manzanares, en el que se pretendía colocar una lápida sobre la tumba de uno de los miembros del FRAP fusilados en septiembre de 1975, tras ser condenados en consejo de guerra celebrado en El Goloso.La denegación, según una nota del Gobierno Civil, se debe al incumplimiento del artículo cuarto de la ley reguladora del Derecho de Reunión, por no especificarse claramente los fines del citado acto. El acto había sido programado por el Comité pro Amnistía Total, con el fin de colocar una lá...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El gobernador civil de Madrid ha prohibido el acto programado para el día de hoy, en el cementerio de Hoyo de Manzanares, en el que se pretendía colocar una lápida sobre la tumba de uno de los miembros del FRAP fusilados en septiembre de 1975, tras ser condenados en consejo de guerra celebrado en El Goloso.La denegación, según una nota del Gobierno Civil, se debe al incumplimiento del artículo cuarto de la ley reguladora del Derecho de Reunión, por no especificarse claramente los fines del citado acto. El acto había sido programado por el Comité pro Amnistía Total, con el fin de colocar una lápida en la tumba de Ramón García Sanz, fusilado en el campo de tiro militar El Palancar, en Hoyo de Manzanares, tras el consejo de guerra sumarísimo celebrado en septiembre de 1975 en El Goloso.
De los tres miembros del FRAP fusilados en aquella ocasión, sólo el cuerpo de Ramón García Sanz continúa en el cementerio de Hoyo de Manzanares. El cadáver de José Luis Sánchez-Bravo fue trasladado por su familia a Murcia, y el de José Humberto Baena, a Vigo. El primer intento de colocar una lápida en la sepultura de Ramón García Sanz corrió a cargo del que fue su abogado defensor, quien intentó en diciembre pasado colocar una lápida con la inscripción: Ramón García Sanz. Fusilado el 27 de septiembre de 1975. El sepulturero manifestó al abogado que no podía colocarla y que debía presentarse ante el comandante del puesto de la Guardia Civil. El comandante le indicó que debería solicitar la correspondiente autorización de la autoridad competente.