Alianza Popular se opone a que el Gobierno prepare el proyecto de Constitución

«Decidida la elaboración de una nueva Constitución, no es función del Gobierno la preparación del proyecto, sino que éste debe ser hecho por las propias Cortes, a través de una comisión especial, que podría ser incluso una comisión mixta de senadores y diputados», se afirma al comienzo de una nota difundida por Alianza Popular (AP), en la que expone sus puntos de vista sobre la declaración programática del Gobierno.

La nota está redactada por la junta directiva de AP y añade que sobre el tema constitucional «el Gobierno representa a una coalición electoral que ha obtenido la tercera par...

«Decidida la elaboración de una nueva Constitución, no es función del Gobierno la preparación del proyecto, sino que éste debe ser hecho por las propias Cortes, a través de una comisión especial, que podría ser incluso una comisión mixta de senadores y diputados», se afirma al comienzo de una nota difundida por Alianza Popular (AP), en la que expone sus puntos de vista sobre la declaración programática del Gobierno.

La nota está redactada por la junta directiva de AP y añade que sobre el tema constitucional «el Gobierno representa a una coalición electoral que ha obtenido la tercera parte de los sufragios emitidos. No le corresponde, por tanto, tan sólo oír oficiosamente a los demás partidos, para pretender interpretar así «aspiraciones mayoritarias», ni acrecienta la credibilidad democrática del proyecto la intervención de una selección, siempre discutible, de especialistas. Las Cortes -añade el comunicado- sobre todo en materia constitucional, pueden y deben ejercer su propia iniciativa y el grupo parlamentario del Gobierno puede usar de las mismas oportunidades que los demás».Analizan después el tema referido a las regiones y afirman que «la declaración del Gobierno coincide básicamente con el programa de Alianza Popular», aunque añaden que debe hacerse «sin privilegios para nadie y excluyendo todo desenlace federalista».

Sobre las elecciones municipales entienden que «fue un error el aplazamiento» y que deben hacerse conociendo el nuevo texto articulado de la ley de Régimen Local.

También juzgan como aceptables las ideas básicas sobre política exterior, pero entienden que las Cortes no deben debatir sólo el tema de la OTAN, sino toda la política exterior. Consideran imprescindible un debate sobre la negociación con las comunidades europeas y que se mantenga la situación actual en la zona de Gibraltar «mientras no cambien efectivamente las razones que llevaron a su establecimiento».

Sobre el programa económico se lamenta AP acerca de la tardanza en adoptar medidas económicas. Advierten del riesgo de que las que se adopten «recaigan inmoderadamente sobre la clase media y trabajadora», del «peligro de que la inversión privada siga en una situación de estancamiento por falta de estímulo a los empresarios y de alicientes para el ahorro».

Añaden preocupación por la «omisión de referencias concretas al sector agrario, cuya situación crítica -dicen- es bien patente». Afirman la «conveniencia de que la claridad y seguridad jurídica presidan la institución del delito fiscal» y les preocupa que «los nuevos medios administrativos que se habiliten puedan ser excesivamente costosos», precipitados o representen duplicidad con otros ya existentes.

Acusan «la falta de concreción (...) en cuanto a la política de rentas y precios», «la falta de una política de contención y racionalización del gasto público», y «la ausencia de toda referencia al fundamental problema de la productividad y del fomento de la competencia».

AP termina afirmando que adoptarían «una actitud constructiva y de colaboración» y espera que «puedan cumplirse las ayudas apuntadas a la pequeña y mediana empresa y a los trabajadores modestos y en paro, que deben constituir -dicen- la primera prioridad en las actuales circunstancias».