"En justicia, los presos beneficiados por la amnistía no pueden seguir en la cárcel"

«La aplicación de la amnistía está siendo muy lenta, y es necesario que se active su aplicación porque, en justicia, los presos beneficiados no pueden seguir en la cárcel», han declarado a la agencia Logos abogados de presos políticos.Desde que el día 4 de agosto se publicara el decreto-ley de amnistía, el total de presos amnistiados asciende a 262, pero sólo una fracción minoritaria de ellos son de condición política, frente a los aproximada mente 400 casos que el Tribunal de Orden Público tenía por revisar después de aparecer la circular de la fiscalía del Tribunal Supremo. Entonces ya había...

«La aplicación de la amnistía está siendo muy lenta, y es necesario que se active su aplicación porque, en justicia, los presos beneficiados no pueden seguir en la cárcel», han declarado a la agencia Logos abogados de presos políticos.Desde que el día 4 de agosto se publicara el decreto-ley de amnistía, el total de presos amnistiados asciende a 262, pero sólo una fracción minoritaria de ellos son de condición política, frente a los aproximada mente 400 casos que el Tribunal de Orden Público tenía por revisar después de aparecer la circular de la fiscalía del Tribunal Supremo. Entonces ya habían sido amnistiados 162 reclusos, por lo que el número de casos a revisar por el TOP aún asciende a un mínimo de 300.

En esta situación, el TOP no se ha reunido para dictaminar desde el pasado martes, día 24 de agosto, y no se espera que vuelva a reunirse al menos hasta el próximo 2 de septiembre, jueves, pues su presidente, señor Matéu, estará de vacaciones hasta el miércoles por la tarde.

Mientras tanto, las fuentes oficiales de información siguen facilitando, día a día, referencias de nuevos excarcelados de las prisiones civiles, aunque nunca se dan nombres, lo cual hace, muy difícil determir los criterios exactos de aplicación de la amnistía. Tampoco es posible saber si los ex carcelados eran dependientes de la justicia civil o militar, pues la mayoría de los juzgados por esta última jurisdicción cumplen prisión habitualmente en instituciones civiles.

Por otra parte, en fuentes informativas oficiales, esperan de las autoridades militares de las distintas regiones que comuniquen datos concretos acerca del proceso de aplicación de la amnistía en sus respectivas jurisdicciones, para de este modo, conseguir facilitar información centralizada que ayude a aclarar la confusión.

A este respecto, medios de abogados defensores han declarado que la aplicación de la amnistía en las jurisdicciones militares está resultando extremadamente confusa, ante la falta de datos. Las mismas fuentes han apuntado que las Regiones Militares, donde mayor número de amnistiados se ha producido corresponde a aquellas en que el delito de deserción se da con más frecuencia.

Nuevas relaciones de amnistiados

La autoridad judicial de la cuarta Región Militar, con capitanía en Barcelona, ha aplicado la amnistía hasta ahora a seis condenados bajo su jurisdicción. Se trata de Emilio Estévez, José Puig, Antonio Pérez, Esteban Garriga, Esteban Punset y Jesús Viñas.Por su parte, la dirección general de Instituciones Penitenciarias, informó ayer que los ex carcelados de centros civiles en función de la amnistía, durante el viernes y el sábado pasados, fueron 25 en total.

Doce lo fueron el viernes, día 27. El desglose por centros es el siguiente: uno de Cáceres (bandidaje), dos de Córdoba (uno por terrorismo y el otro por bandidaje), uno de Guadalajara (deserción), cinco de Madrid (asociación ilícita), uno de Murcia (deserción), uno del penal del Puerto de Santa María (terrorismo) y uno de Valencia (deserción).

El sábado, día 28, salieron trece reclusos. Cinco de ellos cumplían condena en Guadalajara (por deserción), otros cinco en Palencia (objeción de conciencia)y tres en el Puerto de Santamaría (dos por subversión social y el otro por terrorismo).

También en días pasados fue excarcelado José María Peguidistain, amnistiado de la condena de 48 años que le impuso el consejo de guerra celebrado en Burgos en 1968, en el que se pidió en principio la pena de muerte, bajo la acusación de haber prendido fuego a la casa del alcalde de Lazcano, en Vizcaya, del que se decía que era confidente.