Lentitud y falta de información en la aplicación de la amnistía

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha hecho pública una relación en la que, sin citar nombres, se informa de las circunstancias de los 25 amnistiados habidos desde que, hace una semana, la fiscalía del Tribunal Supremo emitió la circular con las normas de aplicación del decreto-ley. Con estos se sumarían ya 209 amnistiados, pero fuentes de abogados defensores indican, que según los cálculos, los ex delincuentes políticos incluidos en esta última cifra no pasan de 60. Por otra parte, aumentan las quejas por la extrema lentitud de aplicación y las deficiencias de información al...

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha hecho pública una relación en la que, sin citar nombres, se informa de las circunstancias de los 25 amnistiados habidos desde que, hace una semana, la fiscalía del Tribunal Supremo emitió la circular con las normas de aplicación del decreto-ley. Con estos se sumarían ya 209 amnistiados, pero fuentes de abogados defensores indican, que según los cálculos, los ex delincuentes políticos incluidos en esta última cifra no pasan de 60. Por otra parte, aumentan las quejas por la extrema lentitud de aplicación y las deficiencias de información al respecto.

Según una relación facilitada por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, son 209 los reclusos beneficiados por la amnistía que hasta el pasado martes, bajo la jurisdicción de este organismo.Desde el pasado viernes, día 20, tras comenzarse a aplicar las normas de la circular de la fiscalía del Tribunal Supremo, se han beneficiado de la amnistía 25 reclusos, que se suman a los 184 habidos hasta esa fecha. Entre estos 25 figuran algunos condenados en juicios relacionados con actividades de terrorismo, lo cual indica que se están aplicando algunas de las normas de la circular, en cuanto a una interpretación generosa del decreto-ley de amnistía.

El sábado, día 21, salieron siete reclusos, dos de ellos acusados de terrorismo, uno de tenencia ilícita de armas y otro más de tenencia de explosivos. Dos fueron ex carcelados en Madrid, otros dos en Valencia, y uno en Palencia, Jaén y Zamora respectivamente.

El día 23, lunes fueron ex carcelados ocho reclusos. De ellos, cinco estaban en Madrid por asociación ¡lícita y tenencia ¡lícita de armas, mientras los otros estaban en Córdoba, Cartagena -ambos por tenencia ilícita de armas- y Alcalá de Henares, de donde salió una majer, acusada de terrorismo.

Por último, el martes, día 24, hubo 10 amnistiaes, cuatro de los cuales estaban en la prisión de San Sebastián por terrorismo y propaganda ilegal, tres en la de Madrid, por terrorismo, tenencia de explosivos y asociación ilícita y terrorismo, y los tres restantes en Bilbao, Jaén y Palencia todos ellos por terrorismo.

Entre los liberados se cuentan cinco miembros de ETA, que fueron excarcelados de la prisión de Carabanchel. Se trata de Mikel Arregui Roldano, Antón Iruretagoyena Martín, Ramón Jaúregui Elizondo, Jesús Gómez Uranga y Vicente Isasi Aramburu.

Quejas por la deficiente información oficial

Fuentes de abogados defensores han informado a EL PAIS, que entre el total de 209 excarcelados de instituciones civiles, tan sólo unos 60 pueden ser considerados, según sus cálculos, como presos políticos, mientras el resto serían amnistiados de delitos tales como rebelión, deserción, objeción de conciencia, etcétera.Las mismas fuentes se quejan de las deficiencias en la información al respecto de los amnistiados. En primer lugar, han señalado la ausencia de nombres en las relaciones de excarcelados que se facilitan, lo que juzgan como un intento de que no se conozcan las causas que se están revisando, y por tanto, los criterios específicos con que se aplica la amnistía.

Además de la lista de excarcelados de centros civiles, las informaciones facilitadas hasta el momento por las capitanías generales con sede en Burgos, Barcelona y Sevilla dan cuenta de que un total de 229 amnistiados entre quienes se hallaban bajo jurisdicción militar. Ahora bien, ambas listas no se excluyen entre sí, pues tan sólo los militares han de cumplir prisión en instituciones militares, mientras los civiles juzgados por esta jurisdicción pueden ser recluidos en centros civiles. De este modo se explicaría la diferencia entre los 209 amnistiados de centros penitenciarios civiies y la cifra de 60 amnistiados políticos que se baraja.

Por otra parte, fuentes informativas oficiales comunican que se están realizando gestiones para que las autoridades militares de las distintas regiones faciliten regularmente información centralizada sobre el proceso de aplicación de la amnistía, a fin de aclarar los puntos confusos que hasta ahora existen. En este aspecto, la mayor dificultad informativa resulta de la autonomía organizativa que concurre en la estructura judicial militar.

Así pues, la aplicación de la amnistía se está desarrollando en un proceso confuso, de cara a la opinión pública, además de notoriamente lento. Según los cálculos arriba apuntados, hasta ahora habrían salido 60 presos políticos de prisión, en función de la amnistía, frente a la cifra de los 336 que en principio se esperaba que fueran beneficiados, cuando ha transcurrido ya casi un mes desde la publicación del decreto-ley.

Además, desde que hace una semana llegó a los fiscales la circular de la fiscalía del Tribunal Supremo, han sido 25 los reclusos amnistiados, frente a una cifra total de unos 400 casos que el TOP ha de revisar. Si el ritmo continúa siendo el mismo, la terminación del proceso de amnistía podría retrasarse por un tiempo extremadamente largo, mientras se van resolviendo los trámites burocráticos.

Igual es la situación respecto a los exiliados, muchos de los cuales esperan desde el mismo día de promulgación de la amnistía que se les conceda el pasaporte para volver al país, en muchos casos tras cuarenta años de ausencia de él, mientras aún no se han dado razones claras que expliquen el retraso en las gestiones burocráticas.

Por otra parte, ha sido detenido el antiguo exiliado Pablo-Istueta, que huyó a Francia en 1969, al ser acusado de encubrimiento de un sobrino suyo, presunto miembro de ETA y volvió a España siendo ministro de la Gobernación Manuel Fraga. Istueta fue detenido al ir a renovar un documento y ha ingresado en la prisión de Martutunes, en el País Vasco.