La jueza cita a declarar como imputado a Piqué por el ‘caso Supercopa’ y pide nuevos datos a Arabia Saudí

La investigación sobre las supuestas irregularidades en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la presidencia de Luis Rubiales pone ahora el foco principal en el exfutbolista del FC Barcelona y la selección española Gerard Piqué. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Majadahonda (Madrid), Delia Rodrigo, que instruye la Operación Brodie, ha dictado una providencia en la que cita por primera vez a declarar como investigado a Piqué para el próximo 14 de marzo por su participación en el contrato bajo sospecha que llevó la celebración de la Supercopa de España de fútbol a Arabia Saudí. La jueza ya le había dado al exjugador y empresario la condición de imputado en un auto del pasado mayo, aunque hasta ahora no le había llamado para interrogarlo.

En otra resolución judicial dictada este jueves, y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la magistrada también acuerda enviar una comisión rogatoria (solicitud de ayuda judicial) a las autoridades de este país asiático para recabar información sobre cuentas corrientes abiertas en entidades financieras saudíes del exfutbolista y otras 11 personas ―entre ellas Rubiales― así como de una quincena de empresas, entre las que hay nueve ligadas a Piqué , incluido el FC Andorra. De localizarse, la jueza pide todos los movimientos “entre el 1 de enero de 2018 hasta la actualidad, con el mayor nivel de detalle posible”.

La magistrada hace esta solicitud a instancias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que el pasado noviembre entregó en el juzgado un informe de 96 páginas en el que planteaba que esta información bancaria era fundamental “para la completa averiguación de los hechos investigados” y, en concreto, “para dilucidar no solo todo lo concerniente a la negociación para la celebración de la Supercopa de España de fútbol, sino también aquellos negocios ―ejecutados o intencionados― por algunos de los investigados con presumible ocasión de esta”.

En ese mismo documento policial, la UCO concluía que Piqué había sido “parte activa” en el contrato que acordaba llevar la Supercopa de España de fútbol ―que enfrenta a los dos finalistas de la Copa del Rey y a los dos primeros clasificados de la Liga de cada año― a Arabía Saudí a cambio de 264 millones de euros. Aquel acuerdo fue firmado en 2019 entre el entonces mandatario de la Federación, una empresa saudí y la mercantil Kosmos Football SL, de la que es fundador y presidente Piqué, que cobró una comisión por ello. La jueza ya acordó en abril el bloqueo de una cuenta en España de esta sociedad ―que figura en la causa como investigada por los delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales― “con el fin de garantizar las eventuales responsabilidades civiles dimanantes del presente procedimiento” en la que hubiera podido incurrir esta sociedad.

En aquel mismo documento policial, los agentes reconstruían “de manera cronológica lo ocurrido en la negociación llevada a cabo entre SELA [la empresa pública saudí que se encarga de organizar la competición] y la RFEF para la celebración de la Supercopa de España, materializada con la participación de Kosmos [una de las sociedades ligada a Piqué] en condición de intermediaria”. “Entre los diferentes intermediarios que ofrecieron sus servicios para negociar, es preciso destacar que Piqué fue parte activa en el proceso a través de la sociedad de su representante [Arturo Canales] AC Talent”, detallaba el informe, que destacaba que esta empresa “recibió un mandato de exclusividad” firmado por la Federación para buscar “opciones de negocio” por la Supercopa en Estados Unidos, China y Japón. “En este contexto, se establecieron contactos con Amazon y con Sony sobre diferentes alternativas para la celebración del torneo”, añadían los investigadores.

Mientras esto ocurría, en enero de 2019 la RFEF recibió un mensaje de otro empresario, Alfonso Roberes, en el que le informaba del interés de SELA por hacerse con los derechos del torneo con una oferta que su emisario calificó de “muy atractiva que nunca antes han hecho por un partido de Supercopa”. La UCO destacó que la propuesta recibió una respuesta negativa, aunque tan solo unos días después la propia Federación se reunió directamente con la empresa saudí con la intermediación de Kosmos, la sociedad de Piqué, “terminando por acordar el inicio de las negociaciones”. Finalmente, el acuerdo se firmó el 11 de septiembre entre ambas partes.

El informe policial recogía que de la sucesión de acontecimientos “se ha podido inferir que la intermediación realizada por Kosmos habría sido realmente ejercida en favor de la RFEF y no de SELA”, como inicialmente se presentó. En anteriores informes policiales ya se destacaba que en el acuerdo, la Federación se atribuyó “una posición de garante” para que la empresa de Piqué recibiera la denominada “prima de éxito”. Esta consistía en tres millones de euros que la empresa saudí se comprometía a pagar a Kosmos cada año si entre los equipos que disputaban la competición se encontraban el Real Madrid y el FC Barcelona.

La UCO también detallaba que la pandemia provocada por la covid-19 impidió que se celebrara el torneo en 2021, lo que “obligó a la RFEF y a SELA a plantear un nuevo escenario de negociación dada la inviabilidad de cumplimiento del contrato”. Según concluyeron los investigadores de los mensajes intervenidos, “en estas nuevas negociaciones en las que se llegó a barajar la posibilidad de rescisión del acuerdo y la búsqueda de una nueva sede, volvió a intermediar Kosmos” en un proceso en el que “se sucedieron los contactos entre Piqué y Rubiales”. La Federación terminó firmando unas adendas al contrato original para extenderlo con las mismas condiciones hasta 2029. “De este modo, la RFEF se garantizaba el cobro de 40 millones de euros anuales durante tres años más, así como Kosmos el cobro de su comisión anual de 4 millones de euros”, recalcaba el documento policial.