Roja Directa tendrá que pagar 31,6 millones de euros a Mediapro por piratear partidos de fútbol
Un juzgado de A Coruña fija los daños y perjuicios causados por la emisión ilegal de partidos en la temporada 2014-2015 que ya condenó el Tribunal Supremo en 2022. El fraude audiovisual le cuesta al fútbol profesional español la pérdida de más de 600 millones al año
Roja Directa, la histórica web de contenido deportivo ilegal, deberá abonar 31,6 millones de euros al grupo Mediapro por los daños y perjuicios causados por el pirateo de contenidos de fútbol propiedad del grupo. El Juzgado Mercantil número dos de A Coruña ha fijado la indemnización que Puerto 80 y su administrador, Igor Seoane, deben resarcir a Mediapro por la emisión ilegal de partidos de LaLiga cuyos derechos afines de propiedad intelectual pertenecían al grupo audiovisual durante la temporada 2014-2015.
Previamente, en 2022 el Tribunal Supremo declaró a Puerto 80 Projects y a su administrador, Igor Seoane, responsables de las actividades ilícitas llevadas a cabo por la web Roja Directa al distribuir ilegalmente partidos de LaLiga y obtener grandes beneficios económicos por ello. Ahora, el Juzgado de A Coruña ha establecido una indemnización por los daños y perjuicios causados de 31,6 millones; de ese total, el administrador, Igor Seoane, es responsable solidario de 15,8. El cálculo de la indemnización se ha hecho en base a la contraprestación económica que Puerto 80 debería haber abonado a Mediapro para tener acceso a la señal. Casi 10 años después del inicio de las actuaciones judiciales, el grupo audiovisual, con sede en Barcelona, ha conseguido cerrar la web en España y fijar una indemnización por la infracción de derechos afines de propiedad intelectual.
La web Roja Directa daba acceso en España a contenidos ilegales: vulneraba los derechos de propiedad intelectual a través de enlaces que permitían ver en directo los partidos de la liga española y otros contenidos deportivos que se emitían en televisión de pago. Si bien para el usuario el acceso era gratuito, Puerto 80 obtenía ingresos millonarios a través de la publicidad y del cobro de comisiones por desviar tráfico a webs de casas de apuestas deportivas. Informes periciales judiciales de 2022 evidenciaron ingresos de más de 11 millones de euros en una sola de las cuentas de la sociedad.
El fraude audiovisual le cuesta al fútbol profesional español la pérdida de entre 600 y 700 millones de euros al año. De ahí que LaLiga haya desarrollado una estrategia para acabar con la piratería con acciones globales; además, la empresa que dirige Javier Tebas pide a las grandes tecnológicas del ecosistema de internet, como Google, Cloudflare, X y VPN, que “dejen de ser los cómplices de los piratas”.
Esta sentencia que condena a Roja Directa por las emisiones ilegales de hace más de diez años es el ejemplo más destacado. LaLiga inició en 2013 su guerra contra el fraude audiovisual a través de distintas herramientas tecnológicas que permiten detectar cualquier tipo de emisión ilegal, tal y como se explicaba el pasado octubre en este diario. El delito se comete desde páginas web con cientos de dominios que ofrecen la señal de los partidos hasta redes sociales como Telegram, X, Tik Tok o Twitch en las que hay grupos con miles de usuarios donde se pueden ver los encuentros.
Las pérdidas para el fútbol profesional han ido aumentando en los últimos años a medida que la piratería se ha extendido como un negocio ilegal que genera miles de millones para los piratas y para algunos gigantes tecnológicos. Guillermo Rodríguez, director de Operaciones Antifraude Digital y Audiovisual de LaLiga, señalaba el pasado octubre que “Google, X, Cloudflare o los proveedores de VPN facilitan, directa o indirectamente, el acceso ilícito a los contenidos al poner a disposición de los piratas herramientas tecnológicas para la promoción, distribución y consumo de piratería”.
En los últimos meses, tres juzgados de Madrid, Málaga y Barcelona condenaron a varios vendedores de decodificadores fraudulentos por un delito continuado contra el mercado y los consumidores. Las penas impuestas fueron de entre seis meses y un año de cárcel, además de multas que oscilaron entre los 15.000 y los 20.000 euros a los culpables. Y previsiblemente no serán las últimas, como adelantaba Rodríguez. “Estamos preparando una estrategia legal a nivel mundial. Este es el problema número uno que tiene la industria audiovisual”. España se encuentra en el top tres a nivel europeo de países en los que se comete más piratería.