Ultras, al amparo de los clubes

El 30 de noviembre de 2014, Álvaro C.G. le mandó un mensaje a su novia a las 9.26 de la mañana: “Le hemos reventado, sin porra me he quedado, le he pegado un palizón a uno”. Álvaro, conocido entre sus colegas como Kit-Kat, tenía entonces 17 años y formaba parte de “los cachorros” ultras del Frente Atlético, la peña colchonera bajo la que se oculta algo más de un centenar de radicales violentos de ideología neonazi. Aquella fría mañana de noviembre, entre varios, habían apaleado y tirado al río Manzanares a ...

El 30 de noviembre de 2014, Álvaro C.G. le mandó un mensaje a su novia a las 9.26 de la mañana: “Le hemos reventado, sin porra me he quedado, le he pegado un palizón a uno”. Álvaro, conocido entre sus colegas como Kit-Kat, tenía entonces 17 años y formaba parte de “los cachorros” ultras del Frente Atlético, la peña colchonera bajo la que se oculta algo más de un centenar de radicales violentos de ideología neonazi. Aquella fría mañana de noviembre, entre varios, habían apaleado y tirado al río Manzanares a Jimmy, Francisco Javier Romero Taboada (41 años), un ultra (de izquierdas) del Riazor Blues, la peña del equipo visitante, el Deportivo de La Coruña, que venía ese día a Madrid a disputar un partido en el Vicente Calderón. Jimmy murió horas más tarde reventado por dentro. Kit-Kat fue condenado —gracias al testimonio de un testigo protegido que participó en la reyerta— a seis años de internamiento en régimen cerrado y dos de libertad vigilada por los delitos de homicidio, riña tumultuaria y tenencia ilícita de armas. Pero el 23 de julio de 2016 la Audiencia Provincial de Madrid le absolvió del homicidio por falta de credibilidad del denominado “testigo protegido G-303″. El domingo pasado, Kit-Kat era uno de los ultras que lideraba los incidentes que casi llevan a suspender el derbi en el Civitas Metropolitano, por los insultos y el lanzamiento de objetos contra el portero del Real Madrid Thibaut Courtois.

En los vídeos y en las fotografías del jaleo en el fondo sur se le ve de pie sobre una valla, rapado, con camiseta negra ajustada, sobresale por encima de todas las cabezas de esa llamada grada de animación, micrófono en mano, con un papel preponderante en la revuelta, junto con su compañero de peleas, David. L. Briones, conocido dentro del grupo solo como Briones. Ambos son viejos conocidos de los agentes de la Policía Nacional de la Brigada Provincial de Información de Madrid (BPI), por su implicación en numerosas trifulcas. “Briones es algo más joven y escurridizo, hasta ahora trataba de mantenerse en segundo plano para evitar encuentros con la policía que pudieran afectar a sus ‘negocios’, su andadura en el Frente Atlético empezó tras la pandemia, en 2020, asumiendo el liderazgo del grupo junto a Álvaro Kit-Kat”, explican los investigadores. “Entre otras cosas, fue sancionado por darle una patada a un vigilante en la cabeza”, agregan.

“Los condenados por delitos violentos no pueden ser socios”, aseguran con rotundidad fuentes del club rojiblanco. “A la grada de animación no puede acceder nadie que no sea socio”, añaden. Pero ahí estaban.

Los dos, Kit-Kat (27 años) y Briones (24 años), han dejado de ser cachorros y han tomado el relevo de Barri, Juan María López Sánchez, un histórico de los 80, de la época de Bastión, cuando el asesinato del seguidor de la Real Sociedad Aitor Zabaleta, en diciembre de 1998. Kit-Kat y Briones ya conforman el tándem que lidera a los radicales del Frente Atlético, según fuentes policiales, que estos días revisan frame a frame el altercado que obligó a detener el partido del pasado domingo durante casi 20 minutos y que ha vuelto a evidenciar la ambigüedad que mantienen los clubes con sus hinchadas más radicales y violentas.

De momento, ni el presidente del club, Enrique Cerezo, ni su principal propietario, Miguel Ángel Gil Marín (hijo de Jesús Gil), han abierto la boca al respecto, pese a que el club ha sido sancionado por el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol con el cierre de ese fondo del estadio donde se produjeron los incidentes para los tres próximos partidos y con una multa de 45.000 euros. El viernes por la tarde, en un comunicado, el club anunciaba que habían sido identificados otros dos ultras que “van a ser expulsados de forma permanente”.

Aplicando el zoom en las imágenes captadas por las cámaras y registradas en la sala de la Unidad de Control Organizativo (UCO) del estadio el pasado domingo, aparecen las caras de otros viejos conocidos para los agentes de Información de la policía. Su trabajo ahora es distinguirles entre las 4.000 personas que llenan ese graderío y después cotejar la lista de DNIs registrada por el club. “A la grada de animación solo se puede acceder con abono y mostrando el carné de identidad, el abono es intransferible en esa zona del campo”, explican en el club.

Los investigadores creen ver, entre los ultras, a “los que insultaron y se encararon con Mario Hermoso (”¡Madridista hijo de puta!“) en agosto de 2022, “a los que se enfrentaron con dos de los vigilantes de la seguridad privada” del club, o “al que insultó a Nico [Williams]” el 27 de abril en un encuentro contra el Athletic Club. En este último caso, La Fiscalía de Madrid entendió que los gritos proferidos contra el futbolista (“uh, uh, uh”, imitando el sonido de un mono) podrían ser constitutivos de “un delito de lesión a la dignidad”, y en mayo abrió diligencias de investigación para averiguar la identidad de la persona o personas que profirieron esos insultos. El autor fue localizado, también por las cámaras, y propuesto para sanción por la Policía.

“El club sanciona a todos los socios que las autoridades nos identifican como implicados en infracciones, que tienen abiertos expedientes, condenados por algún delito, además de sancionar a los que la seguridad del club detecta realizando alguna infracción o falta recogida en nuestra normativa interna y se le aplica el régimen sancionador que tenemos”, aseguran fuentes rojiblancas. Pero ahí estaban.

Por los insultos a Nico, el Atlético también fue sancionado con el cierre parcial del Metropolitano durante dos partidos, pero no cumplió la sanción porque el Comité de Apelación exculpó al club por “falta de responsabilidad”.

¿Hasta dónde llega esa “falta de responsabilidad” de los clubes? ¿Hasta qué punto son responsables de ese tipo de actos y actitudes, si permiten la entrada de esa clase de personas en sus estadios? ¿Qué relación establecen los equipos con esos hooligans y por qué?

La Ley 19/2007 “contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte”, deja claro en su artículo 3 (“medidas para evitar actos violentos”) que, con carácter general, le compete al club evitar este tipo de situaciones controlando a los violentos, su evolución individual y como grupo. Y en su artículo 7 (“condiciones de permanencia en el recinto”) detalla los comportamientos inadmisibles (insultos, lanzamiento de objetos, irrumpir en el terreno de juego…) que llevan a la “expulsión inmediata”. Pero es que, además, el artículo 9 (“libro de registro de actividades de seguidores”) de la misma norma recoge: “Los clubes deberán disponer de un libro de registro que contenga información genérica e identificativa sobre la actividad de la peñas, asociaciones, agrupaciones o grupos de aficionados, que presten su adhesión o apoyo a la entidad en cuestión”.

“Solo registran al presidente y al secretario de la peña”, señalan fuentes policiales, refiriéndose a la manera en la que los clubes elaboran ese registro de seguidores. “Los ultras siempre se camuflan en la masa”, advierten.

José Luis Tucho, el inspector de la Policía Nacional responsable de la coordinación de la Seguridad en el Atlético de Madrid, comentó al finalizar el encuentro que había sido “un partido complicado” y que se había expulsado a uno de los ultras que llevaba un arma (blanca). “En el acceso a la grada de animación se realiza un cacheo individual a cada uno de los asistentes”, aseguran en el club rojiblanco. Pero ahí estaba la navaja.

El inspector, de corazón colchonero, sabe perfectamente quiénes son esos ultras y tiene prohibido a los jugadores acercarse a los radicales en las inmediaciones de los estadios. Una vez, en un partido en Italia, Briones quiso que le firmara una camiseta el defensa César Azpilicueta y Tucho lo impidió. El ultra le insultó y luego mostró la camiseta firmada por el jugador en sus redes sociales con un mensaje: “¡Tucho, jódete!”. El desafío es constante, “porque, en realidad, el fútbol no es sino la excusa para poder dar rienda suelta a su adicción a la violencia”, advierten los investigadores.

No solo El Frente

Los del Frente Atlético se han ganado la fama de ser “los más cafres” en un panorama en el que, según los expertos, “el movimiento ultra está adquiriendo cada vez más fuerza en Europa”. En España, la policía se mueve con estimaciones de “unas 10.000 personas” en total, “en grupos de 200-250 en los que siempre son los mismos”. “Usan el fútbol para visibilizarse y lanzar su mensaje”, explican. La media está entre 80 y 90 incidentes con ultras al año en el fútbol en España y unas 1.600 propuestas de sanción, según datos de la Oficina Nacional del Deporte de la Policía Nacional.

En el polo opuesto al Frente Atlético están, por ejemplo, los ultras de extrema izquierda de Osasuna, autodenominados Indar Gorri (“Fuerza Roja”, en Euskera), que ocupan el fondo sur del su estadio, el Sadar. Allí está Eder Miji Avendaño, con otro dilatado historial de trifulcas y detenciones, haciendo las veces de speaker en la grada de animación de su equipo.

El enero pasado, los bukaneros (los ultras del Rayo, de extrema izquierda) protagonizaban una batalla campal en las inmediaciones de su estadio minutos antes de un partido con el Real Sociedad Deportiva Alcalá al toparse en un bar con ultras (de extrema derecha) de ese equipo, conocidos como Brigadas Alcalinas. Era un partido de Tercera División.

Y los Biris Norte, radicales del Sevilla de ultraizquierda, se enfrentaron en una pelea salvaje con los Indar Gorri hace ahora un año en Pamplona, pese a compartir ideología. Meses después los jugadores del equipo andaluz se reunían con los ultras a modo de privilegio.

Los clubes tienen muchas formas de perseguir a los violentos y, al mismo tiempo, mantener el ambiente festivo y la animación. Pueden quitarles el sitio en el estadio, como hicieron el Real Madrid y el Barça; pueden controlar la grada de animación estableciendo unas condiciones (tipos de cánticos, insignias y banderas, edad de los abonados…) a cambio de beneficios para esos aficionados, se pueden personar en los juicios para realizar un seguimiento de los procesados por delitos violentos… En este último aspecto, muchos se escudan en la Liga: “Nuestro departamento legal se siente amparado por la Liga, que nos representa”, aducen.

Ciertamente, la Liga comenzó hace unos años a optar por la justicia ordinaria para erradicar la violencia del deporte. “Los clubes han ido sumándose en mayor o menor medida”, apuntan fuentes de la patronal, que no tiene competencia sancionadora alguna (aunque lo ha solicitado). “Hay muchas medidas ahora encima de la mesa para acabar con esto”, aseguran las mismas fuentes, “pero tienen que ser aprobadas por los clubes en la comisión delegada y en la asamblea y, por el momento, no hay nada cerrado”, advierten.

El mes que viene se cumplirán 10 años de la muerte de Jimmy, que marcó un punto de inflexión en el tratamiento y la normativa contra la violencia en el deporte, pero lo cierto es que ese brutal crimen televisado sigue sin culpables, y los presuntos implicados siguen campando a sus anchas por los estadios y lideran aficiones radicales que arruinan la competición deportiva.