La Fiscalía cree que la gestión del exdirector de la agencia antidopaje es susceptible de ser delito

La Fiscalía General del Estado ha remitido a la Fiscalía de Madrid la denuncia contra miembros de la agencia antidopaje (CELAD), entre ellos el ya expresidente José Luis Terreros, que le envió el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes. La ...

La Fiscalía General del Estado ha remitido a la Fiscalía de Madrid la denuncia contra miembros de la agencia antidopaje (CELAD), entre ellos el ya expresidente José Luis Terreros, que le envió el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes. La Fiscalía de Madrid deberá abrir diligencias de investigación y decidir si los hechos denunciados son delito y qué tipo de delito, y, en caso afirmativo, llevar a cabo las investigaciones y actuaciones que crea necesarias para formular una acusación y presentar una denuncia o querella ante el juzgado. “La Fiscalía general no puede instruir. Nuestra misión es estudiar las denuncias que nos llegan y si apreciamos que los hechos son susceptibles de ser delito se los remitimos a la Fiscalía correspondiente”, señalan fuentes de la Fiscalía General, que recibió la denuncia la segunda semana de enero y tras estudiar el gran número de documentos que la acompañaba y ordenarlos, decidió que siguiera adelante.

Se cubre así una etapa más del recorrido de un caso que puede llevar al procesamiento de José Luis Terreros, destituido como director de la CELAD el 26 de enero a raíz de la denuncia de una exfuncionaria de la agencia de determinados hechos y disfunciones que podrían ser delictivos. El mismo día, el consejo rector de la agencia nombró directora a la médica y economista Silvia Calzón.

La denunciante, que trabajó como jefa de servicio en la CELAD, denuncia, en primer lugar, el uso irregular de fondos públicos para el abono a empresas privadas de servicios de tomas de muestras realizados con un solo agente de control cuando la ley, según la denunciante, exige que sean dos los agentes, con el consiguiente perjuicio para el erario público y las demás empresas licitantes. Estos contratos fueron adjudicados entre 2013 y 2021 a la empresa alemana Professional Worlwide Controls (PWC), que presentaba siempre la oferta más ventajosa económicamente, aun a sabiendas, como explicaban cuando se les reclamaba, que no sería rentable y sostenible, a menos que no se hicieran los controles con dos agentes. Solo en 2022, a raíz de una sentencia de la Audiencia Nacional que dejaba implícita la necesidad de dos agentes para dar validez a los controles antidopaje, insertó la CELAD en los contratos la cláusula de la obligatoriedad de la doble presencia de agentes. Entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2022, la CELAD dejó sin abonar 16 controles a PWC porque habían sido efectuados por un solo agente, según declaró la agencia en respuesta a una pregunta parlamentaria.

“Siempre se hicieron algunos controles con un solo agente, y no se consideraba que era un defecto que invalidaba”, explica un extrabajador de la agencia. “Pero hay un momento en el que el tema de un agente, dos agentes empieza a estar encima de la mesa. Es en el segundo semestre de 2019. Es cuando empieza a llegar eso a los tribunales, que resuelven de forma contradictoria en ocasiones. A veces la Audiencia Nacional confirmaba sanciones tras controles con un solo agente, y otras veces las anulaba”. En la agencia sostienen, además, que PWC nunca solicitó permiso para hacer controles con un solo agente ni se les autorizó en ningún momento. Mientras que yo sepa, ni se solicitó permiso para hacer los controles con un solo agente. “Hubo discusiones tremendas con PWC y se empezó a trocear los contratos y los concursos para que también pudieran licitar empresas españolas más pequeñas”, explican las mismas fuentes. “Al final se logró torcer su brazo sin denunciar el contrato, porque si se hubiera hecho, ellos podrían decidir no hacer ningún control y se habría estado meses sin poder hacer ninguno”. Inmediatamente en la agencia se procedió a revisar los miles de controles de años anteriores para ver en cuántos solo había habido un agente.

Como la ley antidopaje española obliga a la presencia de dos agentes en los controles, la agencia se encontró con el problema de que algunos de los positivos sancionados fueron anulados por el Tribunal Arbitral del Deporte y los tribunales ordinarios. Para evitarlo, y para no causar un mal mayor a los deportistas, la agencia decidió entonces no sancionar los positivos detectados tras controles con un solo agente. “Lo que no se podía hacer era sacar casos adelante sabiendo que no van a llegar a ninguna parte. Amargándole la vida a la gente”, explica, para justificar la inacción el antiguo trabajador en la entonces AEPSAD (el cambio a CELAD llegó en 2023, con la aprobación de la nueva ley antidopaje). “O tienes una prueba con la que puedas llegar hasta el final, o qué estás haciendo”.

El caso más llamativo es el del velocista Patrick Chinedu, positivo por nandrolona en 2019, que siguió compitiendo como si nada. Solo después de que se hiciera público el caso, decidió la CELAD abrirle expediente sancionador. Y este es el segundo hecho denunciado.

El tercer hecho denunciado se refiere a la concesión irregular de autorizaciones de uso terapéutico a deportistas con efecto retroactivo, en particular el caso de la maratoniana y plusmarquista nacional Majida Maayouf. Finalmente, la denuncia remitida por el CSD incluye la presunta concesión irregular de habilitaciones administrativas para actuar como agentes de control a determinadas personas sin cumplir los beneficiados los trámites y requisitos previstos legalmente para realizar tal actividad.

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