La policía podrá parar un partido para evitar otro ‘caso Vinicius’

El Ministerio del Interior ha decidido mover pieza en la lucha contra el racismo y la xenofobia en los recintos deportivos tras los graves insultos sufridos por el futbolista brasileño del Real Madrid Vinicius Junior el 21 mayo en el estadio de Mestalla, en Valencia. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha elaborado una instrucción, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, por la que refuerza el papel de las fuerzas de seguridad del Estado en estos eventos y, en concreto, del mando policial qu...

El Ministerio del Interior ha decidido mover pieza en la lucha contra el racismo y la xenofobia en los recintos deportivos tras los graves insultos sufridos por el futbolista brasileño del Real Madrid Vinicius Junior el 21 mayo en el estadio de Mestalla, en Valencia. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha elaborado una instrucción, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, por la que refuerza el papel de las fuerzas de seguridad del Estado en estos eventos y, en concreto, del mando policial que realiza las labores de coordinación de seguridad en cada recinto deportivo. Este podrá ahora instar a los árbitros a no iniciar, paralizar o suspender un partido de manera temporal o definitiva cuando los incidentes racistas sean graves e, incluso, podrá decidir de modo unilateral el desalojo del estadio o una parte de él “en supuestos urgentes de alteración de la seguridad pública o grave riesgo para la misma”.

Hasta ahora, el protocolo que rige en los campos de fútbol españoles, elaborado en 2017 por la FIFA y aplicado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), deja en manos del colegiado del encuentro la decisión de suspender. Con esta norma, y a pesar de que LaLiga ha contabilizado 14 casos similares al sufrido por Vinicius en Valencia, solo en una ocasión se ha interrumpido en España un partido. Fue el que disputaban en Segunda división Rayo Vallecano-Albacete en diciembre de 2019 y en el que la afición local llamó “nazi” de manera reiterada a un jugador del equipo rival. En el caso de los incidentes de Mestalla, el partido continuó tras una interrupción y, posteriormente, el Comité de Competición impuso al Valencia CF una multa y el cierre parcial del estadio. Días más tarde, la policía detuvo a tres jóvenes por los insultos al futbolista brasileño acusados de un delito de odio.

La nueva instrucción de Interior, que será remitida en los próximos días a la Policía Nacional, la Guardia Civil y las delegaciones del Gobierno para su entrada en vigor, detalla “los criterios principales que deben regir la actuación del coordinador de Seguridad”, una figura que fue creada en la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, de 2007, y sobre la que recae desde entonces la responsabilidad del dispositivo de seguridad de los espectáculos deportivos. Obligatoria en todas las instalaciones donde se celebren encuentros “de la máxima categoría de competición profesional de fútbol y baloncesto”, sus funciones se incrementaron tres años más tarde con un real decreto que le otorgó amplias competencias “destinadas a garantizar el orden y la seguridad del evento deportivo, tanto en el interior como en el exterior del recinto”.

Es precisamente a partir de estas funciones sobre las que ahora Interior sustenta el refuerzo de las atribuciones de la policía para evitar nuevos caso Vinicius. Así, el documento detalla que el mando policial podrá “proponer” al árbitro la suspensión de un encuentro cuando aprecie entre los espectadores “actos o conductas violentas, racistas, xenófobas o intolerantes” u otras que considere “el incumplimiento por el público de las condiciones de permanencia en el recinto”. En este sentido, la instrucción detalla que si los incidentes tienen “carácter grave”, el responsable policial propondrá incluso “la suspensión definitiva”. Esta circunstancia se dará, por ejemplo, cuando ya se hubiera producido con anterioridad en el encuentro una suspensión temporal “por motivos similares”.

Si los incidentes que provocaron la paralización provisional del partido persistieran, el mando policial podrá “proponer el desalojo parcial o total de la grada o de un grupo determinado de espectadores, para la continuación posterior de la competición”. Esta medida deberá ser tomada en común acuerdo entre el coordinador de seguridad y el árbitro, y deberá tener en cuenta diferentes factores antes de tomarse. Entre ellos, calibrar “la gravedad de los hechos acaecidos”, “la previsible evolución de los acontecimientos que pudiera suponer entre el público la orden de desalojo” o cómo afectaría al desarrollo de la competición.

En este punto, el departamento de Grande-Marlaska va un paso más allá al contemplar la posibilidad de que el responsable del dispositivo policial tenga la capacidad de “decretar por propia iniciativa” el desalojo del estadio “una vez agotados los llamamientos a restablecer el orden y cuando no exista posibilidad inmediata de dicho restablecimiento”. En este caso, el agente no consultará la medida con el árbitro, sino que se limitará a informarle de la misma y a solicitarle, “si fuera necesario”, la suspensión temporal o definitiva del encuentro.

El documento detalla también qué “conductas” de los organizadores del evento pueden ser sancionables. Así, destaca que cometerán infracción cuando tengan una actitud de “permisividad” ante estos comportamientos o presten “apoyo a actividades de peñas, asociaciones, agrupaciones o grupos de aficionados” que incumplan la ley contra la violencia y el racismo en el deporte, en clara referencia a los grupos ultras del fútbol. En el caso de suspensión del encuentro, el organizador también será sancionado si no presta su colaboración “o esta no hubiera sido satisfactoria”. En ese caso, el mando policial recogerá en un informe “la gravedad de los acontecimientos” para que posteriormente se depuren responsabilidades “en el ámbito penal, administrativo o disciplinario”.

El responsable policial también perseguirá y sancionará las conductas racistas que se produzcan tanto en los aledaños de los estadios, como en los medios de transporte que se dirijan al mismo, y la difusión de imágenes de los mismos a través de redes sociales. Con ello, el departamento de Grande-Marlaska pretende combatir situaciones como la vivida en los alrededores de Mestalla en los instantes previos al partido en el que Vinicius sufrió los insultos racistas y en los que, como se vio en diversos vídeos subidos a internet, grupos de aficionados lanzaron gritos ofensivos contra el jugador cuando este llegaba al campo. Algo parecido ocurrió a la llegada del Barcelona de baloncesto al Wizink Center de Madrid para la final de la Liga Endesa: el jugador azulgrana James Nnaji recibió insultos racistas al bajar del autobús y esos vídeos publicados sobre el recibimiento al equipo rival se hicieron virales en las redes sociales. El documento de Interior recuerda que este tipo de incidentes pueden “constituir la antesala de la posterior comisión de delitos de odio o de otros actos antisociales y violentos”.

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