Niños extranjeros castigados sin competir por no tener papeles

Dorlan García lleva el nueve en la espalda, el mismo número de Erling Haaland, jugador del Manchester City, su delantero favorito. Es un jueves lluvioso y Dorlan, que tiene diez años, mira hacia el campo empapado desde las gradas del estadio del Club Deportivo Colonia Moscardó, ubicado en Usera, el segundo distrito con más extranjeros de Madrid. “Si hay partidos, veo fútbol todos los días, colecciono los cromos de La Liga y cuando juego al FIFA me pido al Real Madrid. Ahí me gustaría jugar, pero ...

Dorlan García lleva el nueve en la espalda, el mismo número de Erling Haaland, jugador del Manchester City, su delantero favorito. Es un jueves lluvioso y Dorlan, que tiene diez años, mira hacia el campo empapado desde las gradas del estadio del Club Deportivo Colonia Moscardó, ubicado en Usera, el segundo distrito con más extranjeros de Madrid. “Si hay partidos, veo fútbol todos los días, colecciono los cromos de La Liga y cuando juego al FIFA me pido al Real Madrid. Ahí me gustaría jugar, pero si no puedo, entonces en el Manchester City”, cuenta el niño. Cada martes y jueves, desde hace casi un año, cuando llegó con sus padres desde Cali, Colombia, Dorlan sale de la escuela y entrena con otros chicos de su edad, hace los mismos ejercicios y se esfuerza a la par, pero a él no lo convocan a los partidos.

No tiene que ver con su destreza, sino con un rival al que él y otros niños extranjeros no han podido driblar: Dorlan no tiene papeles, sus padres tampoco, y sin ellos no puede obtener la ficha que le permite competir. “Para que tenga la ficha —el documento con el que el deportista se registra en su respectiva federación —el niño debe tener residencia legal, igual que sus padres”, explica Antonio Marlasca, el encargado de tramitar estas licencias deportivas en el Moscardó.

Los niños sin residencia legal en España llevan años excluidos de las competiciones de fútbol, sin poder federarse. La razón, en esencia, es noble. Para evitar abusos a menores fichados en otros países, la FIFA exige desde 2001 una autorización de residencia a los pequeños, un documento aún inalcanzable para miles de chicos y chicas que ya viven en España. Pero el celo para evitar que niños provenientes principalmente de África y Sudamérica sean engañados, explotados y después abandonados bajo la promesa de convertirlos en messis, es a la vez una barrera para miles de menores.

Los jueces, sentencia tras sentencia, han ido permitiendo que los chavales, varios de ellos llegados en patera y sin documentación, se calzasen las botas y jugasen como uno más, hasta que la FIFA ha acabado incluyendo excepciones para que menores extranjeros no acompañados puedan competir en equipos amateurs. Pero la Ley del Deporte, aprobada el pasado mes de diciembre, ha complicado aún más el juego de los niños inmigrantes. Las trabas ahora trascienden al fútbol y a los menores.

Aunque el texto original de la ley permitía la inscripción de personas en situación irregular, la redacción de la norma cambió de tal manera durante el trámite legislativo que ahora impide federarse a cualquier extranjero que no tenga sus papeles en regla.

El artículo 9 reza que el Estado promoverá “la práctica deportiva de las personas extranjeras que tengan residencia legal en España, especialmente los menores, como vía de integración social”, dejando fuera a aquellos sin autorización de residencia. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones informó negativamente sobre la nueva redacción porque entendía que el intento de proteger a niños del tráfico internacional en el deporte, desprotegía y discriminaba a otros miles de chicos que no tienen residencia legal en España. El texto salió igualmente adelante gracias al apoyo de diversos grupos parlamentarios.

La redacción final, según el abogado José Luis Rodríguez Candela, vicepresidente de Extranjeristas en Red, es discriminatoria. “Los menores de edad extranjeros están viendo cómo no pueden seguir practicando deporte federado. Ya tenemos algunos casos de niños apartados de sus equipos”, denuncia el letrado. María Segurado Lozano, abogada de Cáritas Española muestra su preocupación ante la segregación de los niños en situación irregular en otros deportes. “La cuestión es que la Ley del Deporte podía haber puesto freno a esto y, sin embargo, se ha elegido otro modelo que es discriminatorio”, mantiene.

Uno de esos casos de discriminación que denuncian es el de Wassim, de nueve años y de padres marroquíes, que fue expulsado de su club en Melilla. “Me gusta regatear, marcar goles. Soy delantero, pero ya no estoy en ningún equipo porque no tengo papeles”, dice el niño al otro lado del teléfono. Si falta algún papel “estamos obligados a excluirlos”, reitera Antonio Marlasca, del Moscardó.

Los abogados de Extranjeristas en Red, junto a Cáritas Española, pidieron al Defensor del Pueblo que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra tres artículos de la ley, pero la institución consideró que no tienen un carácter excluyente. Aun así, el Defensor reconoció que estos artículos podrían “generar confusión y provocar situaciones injustas” y recomendó al Ministerio de Deportes que se contemplase una “reforma legislativa” de esos puntos de la norma.

El Consejo Superior de Deportes mantiene que “en ningún caso se prohíbe que un niño practique deporte”, aunque admite “limitaciones para competir” en el federado. “El Consejo entiende que los grupos políticos actuaron con responsabilidad cuando se introdujo el artículo 9. Si no se hubiese regulado con esa redacción, España sería el único país del mundo donde se legalizarían las mafias de trata de menores en el deporte. De manera inconsciente e involuntaria, pero real, se estaría favoreciendo a las mafias de trato de menores”, explica en un comunicado. No era posible, asegura, dictar una ley en contra de los estatutos de la FIFA y la UEFA, dos instituciones privadas.

Pablo Cuesta, presidente de la Escuela de Fútbol Usera, explica que, en realidad, estas restricciones surgieron para evitar abusos de los clubes grandes en la contratación de menores, pero que a quien perjudican es a los “equipos modestos”, los del barrio. “Somos nosotros los que pagamos al tener tantas barreras para inscribir a los niños. Les pido a los que toman las decisiones que se sienten a ver el daño que están haciendo a los niños, independientemente de que tengan o no papeles”.

En otros deportes, menos populares y fuera del foco, la situación varía, aunque los expertos vaticinan que habrá cada vez más casos de niños excluidos. La Real Federación Española de Balonmano, por ejemplo, solo pide a los menores el DNI o el pasaporte y la autorización de su tutor legal —con su documento de identificación —para tramitar la ficha. La Federación Española de Baloncesto, por su parte, afirma que para poder obtener la autorización no es necesario demostrar residencia legal, salvo para los Special Case (jugadores menores de edad que han competido en sus países de origen y vienen ya “fichados”). La Federación, sin embargo, matiza que “es posible que en las federaciones autonómicas sí se exija un permiso de residencia en vigor”.

Seguía lloviendo cuando Dorlan bajó al campo de juego. Su padre, Estiben García, no lo perdía de vista. Mientras miraba cómo pateaba la pelota, rumiaba su frustración. “Dorlan estaba acostumbrado a competir en Cali todas las semanas, y ahora nada. Si fuera solo por él, ya habría tirado la toalla, pero estamos para darle ánimo. Decirle que no es solo él, sino que uno de sus amigos está en la misma situación, lo ayuda a seguir”. Casi todos los niños del Moscardó son del barrio y de zonas aledañas como Carabanchel o Arganzuela, provienen de 26 países. De los más de 300 que entrenan, alrededor de 20 no tienen residencia legal. En julio se abre un nuevo periodo para gestionar fichajes. Antonio Marlasca asegura que la de Dorlan será la primera ficha que intentará tramitar, aunque si para entonces sigue sin su permiso de residencia, seguirá viendo el partido desde la grada.

Este reportaje ha sido publicado como parte del proyecto “re:framing Migrants in European Media”, apoyado por la Comisión Europea. El proyecto está coordinado por la Fundación Europea de Cultura.

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