Los cinco euros perdidos de Eufemiano Fuentes

Quizás afectado por un brote súbito de celeridad y optimismo, o quizás por llevar la contraria a la maldición que parece envolver y enrevesar hasta el absurdo el caso, el juez Eduardo González del Campillo decidió, desafiando al fracaso que parecía inevitable, resolver en cinco días un asunto que llevaba cuatro años durmiendo en su juzgado, el 21 de lo Penal en Madrid, y, de paso, convertirse en el magistrado que escribiera el punto final, el definitivo punto final judicial, a la historia de la Operación Puerto, la mayor operación contra el dopaje jamás llevada a cabo en todo el mundo.

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Quizás afectado por un brote súbito de celeridad y optimismo, o quizás por llevar la contraria a la maldición que parece envolver y enrevesar hasta el absurdo el caso, el juez Eduardo González del Campillo decidió, desafiando al fracaso que parecía inevitable, resolver en cinco días un asunto que llevaba cuatro años durmiendo en su juzgado, el 21 de lo Penal en Madrid, y, de paso, convertirse en el magistrado que escribiera el punto final, el definitivo punto final judicial, a la historia de la Operación Puerto, la mayor operación contra el dopaje jamás llevada a cabo en todo el mundo.

Para ello, el 25 de noviembre pasado ordenó que la petición de Eufemiano Fuentes y otros absueltos en el juicio a su servicio de transfusión de sangre a deportistas de que se le devolvieran los bienes que se les incautaron el 23 de mayo de 2006, en el curso de su detención y del registro de sus domicilios, fuera atendida el 2 de diciembre a las 10 de la mañana, en las oficinas de su juzgado, en las que en ese momento no había aún ninguno de los objetos reclamados. Por eso, en el mismo auto de convocatoria, ordenaba al juzgado 31 de la Plaza de Castilla, el que instruyó la causa, que le enviara todo lo que conservara de la lista remitida –maletas con documentos, agendas, un calentador de agua, un sellador de bolsas de sangre, un neceser con 100 jeringuillas, una nevera portátil, tarjetas con anotaciones y tres llaveros con 10 llaves y dos mandos de garaje–, recordaba al IMIM de Barcelona (la sede del laboratorio antidopaje) que ya en abril de 2019 le había ordenado destruir las 219 bolsas de sangre incautadas, pero aún estaba esperando que le informara de que hubiera ejecutado lo acordado, y oficiaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuyos agentes habían llevado a cabo la operación, para que de una vez devolviera lo que aún conservaba en sus dependencias: tres teléfonos móviles Nokia y la ACP 215 Haemonetics, la joya, la máquina para congelar hematíes (glóbulos rojos) cuya adquisición le permitió a Fuentes revolucionar y multiplicar su empresa y sus ganancias, pues, congelada, la sangre que extraía a sus clientes se podía conservar más de tres meses antes de ser reinfundida, y no solo tres semanas, como ocurría con las bolsas simplemente refrigeradas. Así, los ciclistas que corrieran el Tour, por ejemplo, podrían dejar varias bolsas preparadas ya en abril o mayo, antes de reinyectárselas en julio, sin necesidad de más viajes, extracciones y reinfusiones que ponían en peligro la clandestinidad de las operaciones, prohibidas por la legislación deportiva. En el mercado de segunda mano esa máquina se vende por unos 10.000 euros.

Por último, pedía también a la Guardia Civil que informara acerca del destino de un billete de cinco euros y otro de 10 francos suizos incautados a Fuentes el 23 de mayo de 2006, que no aparecían por ninguna parte.

El juicio se celebró en febrero de 2013. La absolución de todos los juzgados la pronunció la Audiencia Provincial de Madrid en junio de 2016. Un mes después, el 11 de julio de 2016, Fuentes solicitó por primera vez la devolución de lo incautado. Dos años más tarde, en julio de 208, el juez ordenó a la Guardia Civil que le remitiera los efectos. La institución respondió en mayo de 2019 que ya había devuelto todo al juzgado 31 salvo la ACP y los Nokia, que continuaban en sus dependencias. De los billetes no decía nada.

El martes 1 de diciembre de 2020, ninguna de las órdenes emitidas cinco días antes había sido cumplida, ni el juzgado 31 había enviado al 21 los efectos, ni la UCO había remitido la ACP ni había encontrado los billetes, según fuentes cercanas al 21, que ese mismo día recibió un escrito de Tomás Valdivielso, el abogado de Fuentes, informándoles de que había sido avisado con tan poco tiempo (el auto del 25 de noviembre le llegó a su oficina el 27, el viernes pasado) que no podía organizarse para volar de Las Palmas a Madrid a recoger unos efectos que, además, dudaba que estuvieran esperándole en el juzgado. Calculaba el letrado en su escrito que el viaje le supondría a su representado unos 600 euros, que no pensaba gastarse si no estuviera seguro del éxito de la expedición, de cuyo fracaso sí que estaba seguro, y solicitaba que una vez que el juzgado 21 tuviera todo en su poder, y también el dinero, se procediera a citar a Fuentes “con antelación suficiente que le permita buscar un billete de avión económico”.

Si judicialmente la Operación Puerto no puede calificarse de éxito, tampoco deportivamente acabó donde deseaban las autoridades antidopaje, que cuando han logrado identificar a los dueños de algunas de las bolsas incautadas (solo siete de los más de 30 sospechosos, cuatro en activo y tres retirados, encontró la Agencia Mundial Antidopaje, que hasta 2017, y después de variadas batallas judiciales, no pudo conseguir muestras para sus análisis de ADN) se han encontrado con que los casos han prescrito y no solo no pueden sancionar a nadie, sino ni siquiera hacer públicos sus nombres.