Desidia

Pocas veces como en los informativos de ayer se ha comprobado uno de los efectos colaterales más inquietantes del “problema catalán”: la prioridad de cualquier detalle del tema sobre hechos constatados del segundo problema que más preocupa a la ciudadanía: la corrupción. El primero, ya se sabe, es el paro.

 Incomprensible es, por ejemplo, que con todos los dictámenes de los letrados del Parlamento español y catalán afirmando la ilegalidad de una investidura telemática del próximo president, más la advertencia del jefe del Gobierno de que persistiría en tal caso en la aplicación...

Pocas veces como en los informativos de ayer se ha comprobado uno de los efectos colaterales más inquietantes del “problema catalán”: la prioridad de cualquier detalle del tema sobre hechos constatados del segundo problema que más preocupa a la ciudadanía: la corrupción. El primero, ya se sabe, es el paro.

 Incomprensible es, por ejemplo, que con todos los dictámenes de los letrados del Parlamento español y catalán afirmando la ilegalidad de una investidura telemática del próximo president, más la advertencia del jefe del Gobierno de que persistiría en tal caso en la aplicación del artículo 155, los partidos independentistas mantengan un pulso que saben ya han perdido de antemano. La única explicación racional ante ese talante de kamikazes es la de anteponer los intereses de partido a los de la ciudadanía desde la convicción de que “cuanto peor, mejor”. Y ahí chirría una vez más la decisión abstencionista de Catalunya en Comú-Podem al mantener una postura equidistante entre quienes respetan las leyes y quienes las incumplen.

Un “problema catalán” que ha relegado en los telediarios a un lugar secundario las declaraciones en la Audiencia Nacional de Francisco Correa y diversos empresarios en las que explicaban las prácticas corruptas del PP valenciano, un mecanismo de financiación que en cualquier país democrático conllevaría automáticamente su ilegalización. Añádanle que uno de los responsables de la trama Púnica entregó al juez facturas y apuntes contables en los que se detalla el reparto de una mordida de 3,6 millones por una obra pública entre dos empresarios y el ex secretario general del PP de Madrid y pregúntense por qué no se ha ilegalizado aún a dicho partido.

Hechos concretos, facturas falsas y apuntes contables frente a agotadoras vueltas de tuerca de un tornillo pasado de rosca que potencia la desidia ante los escándalos del partido en el poder.