RTVE pone en marcha un ‘plan antifiltración’ para las oposiciones: solo el presidente del tribunal conocerá todas las preguntas

Tras el fiasco de las pruebas a informador de RTVE canceladas el pasado domingo por una filtración del examen, la corporación de medios públicos españoles empieza a modificar el proceso que se repetirá en noviembre. Durante la Comisión de Empleo reunida este miércoles, los responsables de recursos humanos han compartido con distintos representantes sindicales algunas de las modificaciones en marcha, según fuentes conocedora...

Tras el fiasco de las pruebas a informador de RTVE canceladas el pasado domingo por una filtración del examen, la corporación de medios públicos españoles empieza a modificar el proceso que se repetirá en noviembre. Durante la Comisión de Empleo reunida este miércoles, los responsables de recursos humanos han compartido con distintos representantes sindicales algunas de las modificaciones en marcha, según fuentes conocedoras del encuentro. Entre las novedades está que el tribunal, compuesto por 10 vocales, contará con un presidente entre sus integrantes que será elegido por la empresa y se convertirá en la única persona que conozca todo el contenido de las preguntas y respuestas. Hasta ahora, todos los vocales proponían una treintena de preguntas y conocían el cribado final de 100 realizado por sorteo.

Durante la reunión de este miércoles se ha propuesto además que la elaboración de las preguntas permita contar con un cuestionario extra como caución ante filtraciones del examen principal, algo que tampoco estaba previsto en la anterior convocatoria, salvo una veintena de preguntas de reserva. El espacio temporal entre la confección definitiva de ambos cuestionarios será de 24 horas, dejando así al tribunal para reunirse la tarde anterior a la celebración de la prueba a la misma hora prevista el día siguiente (en principio, a las 17 horas del 2 de noviembre). De ese modo, se daría margen para la impresión de los cuadernillos del examen en la misma mañana previa al examen y acercar así la composición del mismo al momento de su realización.

Los estragos de los sucesos del domingo han dejado un tribunal de oposiciones dimitido al día siguiente de la frustrada convocatoria, que se comunicó oficialmente tan solo tres minutos antes de su celebración prevista a las 11 horas. Un proceso en tela de juicio que se prolonga desde su anuncio hace dos años y que ahora requiere de modificaciones para garantizar su seguridad. Cientos de afectados entre los aproximadamente 5.000 candidatos, muchos de ellos llegados a Madrid desde distintos puntos de España y también desde el extranjero. Una investigación interna. Y una denuncia de los hechos ante la policía.

La denuncia policial se interpuso por parte de la corporación pocos minutos antes de las tres de la tarde del domingo en la comisaría de Pozuelo de Alarcón, a las afueras de Madrid. En calidad de denunciante compareció el director jurídico de RTVE, Ernesto Real Millán, en compañía de la persona que constató la filtración a través de “una llamada de un compañero de profesión” y del cual no quiso aportar más datos “por miedo a que pueda sufrir futuras represalias”, según consta en el escrito policial adelantado por El Mundo y confirmado por este periódico.

Entre los documentos aportados a la denuncia se detallan, además del examen que iba a realizarse, el acta del tribunal de oposiciones donde se relatan los hechos acontecidos desde que fueron conocidos en la noche del sábado anterior a la prueba, así como el aviso realizado a los responsables de RTVE por parte de cinco de los diez integrantes de dicho tribunal designados por la dirección de la empresa. El resto del tribunal lo componían cinco representantes sindicales, repartidos entre UGT (con dos miembros), Comisiones Obreras, SI y USO, además de una secretaria encargada de custodiar las preguntas que todos los vocales conocían y fueron enviadas a una imprenta encargada de confeccionar los cuadernillos de la prueba escrita. Los 10 vocales dimitieron durante el pasado lunes, un día después de la cancelación de las pruebas.

Antes de la reunión de la Comisión de Empleo de este miércoles, todos los sindicatos con representatividad en RTVE, salvo UGT y SI, han firmado a propuesta de CGT un documento de compromiso en el que afirman no haber sido responsables de la filtración. Las secciones sindicales firmantes, Comisiones Obreras, USO y CGT (esta última no aporta integrantes al tribunal de oposiciones) manifiestan en dicho escrito hacerse “corresponsables económicamente de las consecuencias derivadas” si el origen de la filtración fuera de un miembro del tribunal propuesto por sus correspondientes siglas.

El caos del domingo provocó escenas de desolación e incertidumbre entre los opositores. Los aspirantes no recibieron explicaciones sobre las razones de la cancelación ni lograron justificante de presencia alguno para posibles reclamaciones, mientras que el director de recursos humanos de RTVE anunció a viva voz desde una ventana del primer piso de la facultad de Económicas de la Universidad Complutense: “Lo que queremos transmitir es que para garantizar la igualdad y la transparencia del proceso nos vemos obligados a aplazar el examen”. Los últimos días han sido particularmente intensos en el ya de por sí intenso devenir de la corporación de medios públicos españoles, que cuenta con más de 6.500 trabajadores y un presupuesto anual de 1.200 millones de euros.

“Somos conscientes del daño”

Su presidenta interina, Concepción Cascajosa, hizo declaraciones al respecto este lunes ante decenas de trabajadores concentrados para protestar a la entrada de la sede madrileña de RTVE en Prado del Rey. Ante ellos, afirmó: “Somos conscientes de todo el daño que la decisión de aplazar las pruebas ha hecho a muchos niveles”. Y añadió: “Era una decisión que se tuvo que tomar para mantener el proceso transparente en igualdad de condiciones”.

Cascajosa reunió este martes al consejo de administración para mantener una sesión informativa, centrada en los sucesos de los días anteriores. Al encuentro también acudieron integrantes de la dirección corporativa y recursos humanos. Allí se certificó la apertura de una investigación interna y se apuntó a que el delito al que se expone quien haya participado en la filtración corresponde a la revelación de secretos.