La demolición del hotel del Algarrobico llega hasta Estrasburgo

El intrincado laberinto judicial en el que está enredado el hotel del Algarrobico, en el Parque Natural de Cabo de Gata (Almería), que impide su demolición suma un nuevo hito: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Este órgano judicial internacional ha admitido a trámite la denuncia que interpuso Greenpeace el pasado mes de febrero e investigará las irregularidades que rodean a este complejo, autorizado por el Ayuntamiento de Carboneras en 2003 y que se ha convertido en un símbolo del urbanismo salvaje de la costa Mediterránea.

“Es una buena noticia que puede suponer el punto y final de décadas de incumplimientos de resoluciones judiciales”, se congratula en conversación telefónica con este diario José Ignacio Domínguez, abogado de Greenpeace. La ONG ecologista llevó hasta Estrasburgo la última sentencia del Tribunal Supremo de 2022 en la que se establecía que en tanto que el Ayuntamiento de Carboneras no cumpliera con el fallo de 2018 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que obligaba al consistorio a clasificar el paraje del Algarrobico como no urbanizable en su Plan General de Ordenación Urbana, había que considerar esos terrenos como urbanizables. Greenpeace solicitó amparo al TEDH alegando que no se puede supeditar una sentencia firme —como es la de 2018 del TSJA― a la voluntad de cumplimiento de un gobierno municipal. “El fallo del Supremo atribuye competencias judiciales al Ayuntamiento de Carboneras, mientras no modifique su PGOU y eso es inconcebible”, argumenta Domínguez.

El TEDH ha dictaminado que debe investigarse la legalidad de la decisión del alto tribunal español. “Es un principio fundamental, en todo Estado de Derecho, que las sentencias firmes anulan una disposición de carácter general, como es el PGOU, tienen efecto desde el día en que se publica el fallo”, explica Greenpeace en la nota de prensa en la que han informado de la decisión de Estrasburgo. La ONG considera que la decisión del Supremo puede suponer una violación del artículo 6.1 del Convenio de Derechos Humanos porque priva a la ciudadanía del derecho a tener un juez independiente y una tutela judicial efectiva.

Si el alto tribunal europeo fallara a favor de Greenpeace también se pondrá fin de facto a la batalla soterrada que llevan librando en los últimos meses el TSJA y el Ayuntamiento de Carboneras a cuenta precisamente de esa sentencia de 2018, cuyo incumplimiento esgrime el Supremo para considerar que los terrenos donde se levanta el hotel son urbanizables. El tribunal andaluz ha remitido varios ultimátums al gobierno municipal de la localidad almeriense para que modifique su PGOU y acredite que incluye la calificación de “suelo no urbanizable y de especial protección” de la zona en la que se levanta el complejo. El consistorio —donde en todo este tiempo han gobernado socialistas, independientes y el PP, hasta que la pasada primavera fue apeado por una moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos— ha ido dando largas y esgrimiendo diferentes excusas, la última a finales de este mes de julio, donde aseguró al TSJA que el vigente PGOU tiene incluida como nota accesoria el fallo de 2018, una respuesta que no ha satisfecho al alto tribunal andaluz.

“Todo esto está siendo una tomadura de pelo”, resume Domínguez, sobre la inejecución de la sentencia por parte del Ayuntamiento de Carboneras. En estas dos últimas décadas el hotel del Algarrobico ha ido acumulando hasta medio centenar de pronunciamientos judiciales, 20 de los cuales han constatado su ilegalidad. De todas ellas, la única que decisión de los tribunales que ha tenido un efecto real fue la paralización cautelar decretada por un juzgado de primera instancia de Almería el 23 de febrero de 2006.

El TEDH también deberá pronunciarse sobre la revocación del nombramiento como ponente del TSJA de la magistrada María del Mar Jiménez, que en 2014 declaró urbanizable el hotel. “Consideramos que no puede ser imparcial”, sostiene el abogado de Greenpeace, que advierte de que otro de los firmantes de esa sentencia, Jorge Muñoz Cortés, está asesorando jurídicamente al Ayuntamiento de Carboneas a través del despacho de abogados Martínez-Echeverría, en el que actualmente trabaja.

“Por primera vez en la historia de Greenpeace España, y tras casi 20 años luchando contra el símbolo del maltrato al litoral español, el Tribunal de Estrasburgo va a investigar nuestra denuncia. Son casi dos décadas batallando de tribunal en tribunal y esta decisión manda un mensaje claro y contundente a quienes siguen perpetrando ilegalidades para que no desaparezca la ruina del Algarrobico”, concluye en el comunicado de Greenpeace, María José Caballero, portavoz de la entidad ecologista.