Pirquineo

No, no vamos a analizar el contenido de la megarreforma presentada este miércoles por el presidente José Antonio Kast. El cliché ríos de tinta aplica al momento de decidir si vale la pena seguir sobre pensando y analizando un proyecto respecto del que, pese a sumar adherentes y detractores, todos parecen coincidir que algo había que hacer para darle más competitividad económica al país.

Pero, así como el expresidente Gabriel Boric vivió su propio (doble) momento constitucional, cuando en su Administración se rechazaron dos propuestas de reformulación de la Carta Magna, el presidente Kast se juega hoy su propio momento político.

Vamos por parte. Casi en paralelo a la presentación de la denominada megarreforma el Gobierno anunciaba un acuerdo con el Partido de la Gente para garantizar los 14 votos de esta agrupación que nació al alero de la candidatura de Franco Parisi, y que suma más descuelgues que parlamentarios en su corta existencia. Una promesa que buscaba garantizar una tributación de 12,5% para las pymes y la devolución del IVA (primo hermano de la fijación de precios, como dijo un amigo) a remedios y pañales.

¿Cuál habrá sido el pánico de la Administración, cuando a escasas horas el mismo PDG anunció con bajarse del acuerdo? Tal que el propio presidente Kast debió salir a contener una arremetida de ministros de Gobierno que buscaron sincerar la negociación política.

¿Por qué el nerviosismo? Que un Gobierno se atreva a mezclar urgencia social, seguridad, reconstrucción de viviendas y una reforma tributaria en el mismo texto legislativo es, al menos, audaz.

Esto ya lo hemos hablado, pero creo vale la pena recordarlo. En teoría política, la pregunta relevante no es si se negocia, sino con quién y a qué precio, el ‘pirquineo político’, cómo lo podríamos denominar.

De manera más formal, George Tsebelis, uno de los politólogos más influyentes de las últimas décadas, desarrolló la teoría de los vetos players —actores con poder de bloqueo— para explicar por qué los gobiernos muchas veces no pueden hacer lo que quieren, aunque tengan mayoría nominal.

Un veto player no necesita ser poderoso en términos electorales; necesita, simplemente, ser imprescindible. Y en parlamentos fragmentados, donde los márgenes son estrechos, un partido con el 4% de los votos puede tener el 100% del poder en el momento decisivo.

Eso es, en esencia, lo que describe la concesión al Partido de la Gente: un estatuto para pymes y beneficios para la clase media que el Gobierno no había priorizado en su diseño original. No es que esas medidas sean malas en sí mismas —de hecho, pueden ser razonables y políticamente populares—. El problema es el mecanismo que las produjo. No emergieron de un diagnóstico técnico ni de una demanda ciudadana mayoritaria, sino de la aritmética parlamentaria. Y eso importa, porque las políticas que nacen como moneda de cambio rara vez llegan bien diseñadas al territorio.

La lógica del veto player crea un incentivo perverso: cuanto más fragmentado está el Parlamento, más poder acumulan los actores minoritarios, y más dispuesta está cualquier Administración en hacer concesiones asimétricas. Un partido con cinco escaños puede arrancar beneficios que un partido con 20 no se habría atrevido a pedir, precisamente porque su voto es el que falta. Pirquinear voto a voto. Acuerdos frágiles pero efectivos.

El resultado, en el largo plazo, es una legislación sobrecargada de parches, excepciones y compromisos que satisfacen a todos en el momento de la firma y a nadie en el momento de la implementación.

El anuncio de la megarreforma vino además acompañado de que la negociación se procesará “a nivel de coalición”, una señal interesante para los tiempos que corren, pues sugiere que el Gobierno quiere institucionalizar el proceso, evitando que cada actor minoritario negocie bilateralmente y en secreto.

Lo que está en juego con la megarreforma no es solo la rebaja tributaria ni el estatuto pyme. Es, en un sentido más amplio, la capacidad del Gobierno de José Antonio Kast de demostrar que puede reformar sin fragmentarse.

Pero la apuesta esconde otro riesgo real: que el Gobierno aprenda a negociar siempre hacia abajo. Que cada vez que necesite un voto, lo compre con una excepción, un beneficio o un estatuto. Que la coherencia técnica de la reforma ceda ante la aritmética de la supervivencia política.

Cuando eso ocurre, los ciudadanos terminan pagando dos veces: una, con los impuestos que financian políticas mal diseñadas; otra, con la desconfianza que acumulan frente a un sistema (’la cocina’, como se conoce en el país) que parece funcionar solo para quienes saben en qué momento del proceso aparecerse.

Y el valor presente de este riesgo es el que cuesta medir: cuánto se estuvo dispuesto a transar con el afán de legislar.