Boric, Kast y el conflicto como estado permanente

La disputa entre las Administraciones de Gabriel Boric y José Antonio Kast reabre la pregunta sobre cuán descompuesta está nuestra convivencia política. El escenario es lamentable: el Gobierno saliente ha gestionado particularmente mal la controversia sobre el cable submarino que conectaría Chile y China. El caso desnuda sus falencias recurrentes. A lo largo de todo su mandato, desde el presidente para abajo han tenido problemas serios al abordar temas sensibles: informaciones contradictorias que aparecen a cuentagotas, que son reveladas por la prensa y que solo se admiten una vez que están atrapados; eso, sin contar las veces en que la gestión ha sido derechamente negligente.

Ahora bien, si miramos la refriega puntual como parte de un proceso más amplio, la discusión deja de ser sobre los detalles de una llamada —una disputa semántica e infantil que no le hace justicia a la importancia del asunto—. Es preocupante que el presidente saliente y el entrante no sean capaces de mantener una relación de trabajo razonable más allá de sus discrepancias. Más todavía si, para el observador externo sin acceso a los detalles internos, el traspaso había operado de manera aceptable pese a dificultades puntuales. Es posible que esa percepción externa estuviera equivocada; algo que las autoridades del nuevo Gabinete harían bien en explicar con cierto detalle. Si no, el quiebre de las relaciones es desconcertante.

Veamos el cuadro mayor, entonces. ¿Cómo llegamos aquí? El candidato Gabriel Boric, entre varias afirmaciones maximalistas, hizo una particularmente dura respecto a su antecesor: “Señor Piñera, está avisado, se le va a perseguir por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas bajo su mandato”. La amenaza carecía de sustento político y jurídico, pero muestra como pocas la profundidad del deterioro de la discusión. Pero ese no fue un incidente aislado: hay que leerlo en el contexto de la andanada de acusaciones constitucionales que hubo durante el periodo 2018-2022 y, más aún, de la deslealtad institucional de la oposición durante el estallido de octubre de 2019, que apostó por la caída del Gobierno en lugar de la estabilización del orden público. Por esos días, el país transitó por la cornisa, mientras las izquierdas preferían empujar con un entusiasmo apenas disimulado la salida de Piñera. Ese tono que privilegia la denuncia y la moralización de las diferencias, dispuesto a mucho con tal de sacar al adversario político del frente, es probablemente el peor de los legados de esta primera etapa del Frente Amplio.

El Partido Republicano no es ajeno al fenómeno, tiene su propia trayectoria adversarial. Es cierto que ese tono bajó luego del triunfo, pero hasta hace poco, los epítetos de derechita cobarde eran moneda corriente; y el propio Kast se declaró opositor al Gobierno de Piñera en plena crisis social e irrupción de la pandemia. No son actores inocentes en este cuadro, particularmente respecto a la deslegitimación del adversario. No es casual, entonces, que la temperatura del debate político suba constantemente y que las soluciones a problemas complejos se vean más lejanas que antes.

El Gobierno entrante tiene una posibilidad real de cortar la dinámica de enfrentamiento permanente en que estamos sumidos. No se trata de promover una retórica inocentona que sueña con neutralizar los conflictos, un retorno a los consensos noventeros, o la estabilidad a cualquier costo. Al contrario, buena parte de los problemas de Chile requiere que esas diferencias se expresen —de manera civilizada y honesta— para resolverse. Sin embargo, a ratos, el relato del Gobierno de emergencia sugiere que hay un solo culpable del deterioro nacional —Gabriel Boric y su gente— y eso ayuda poco a rehabilitar las instituciones y condiciones que nos permitirán, paradójicamente, construir una salida a todas esas crisis.