Punta Peuco, la cárcel para criminales de la dictadura de Pinochet, recibe a su primer preso por delitos comunes

El jueves, cerca de las 23:00 horas de Chile, ha ingresado el primer prisionero por cometer un delito común al recinto penal de Punta Peuco, inaugurada en 1995 para albergar a condenados por violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que cambió oficialmente su estatus de especial a una cárcel común a inicios de noviembre de este 2025, una promesa del Gobierno de Gabriel Boric.

Se trata de Clemente Espinoza, un chileno de 75 años, que hasta esta semana se encontraba desde 2012 cumpliendo una condena 15 años de presidio por abuso sexual de un menor de edad en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur. El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, aseguró que el perfil del prisionero no implica riesgos de convivencia para la población penal.

La reconversión de Punta Peuco, localizada en la comuna de Til Til, a 44 kilómetros de Santiago, se ha realizado en la recta final de las elecciones de este domingo, 16 de noviembre, donde el principal adversario de la comunista Jeannette Jara, candidata presidencial de la izquierda, es el republicano José Antonio Kast, de la derecha radical, que en su candidatura de 2021 defendió a la dictadura de Pinochet, pero que en la actual contienda ha esquivado ante la posibilidad de que este tema puede complicar su ascenso al Palacio de La Moneda. Sin embargo, Kast criticó a Boric, con quien ha sostenido tensos cruces en esta campaña presidencial, cuando a inicios de noviembre el mandatario confirmó que la cárcel para reos que cometieron crímenes de lesa humanidad dejaría su carácter especial: “El presidente está de salida y todo lo que hace es pensando en su supuesto legado, pero es tarde”.

Más incómodo se había mostrado el ultra Johannes Kaiser, candidato del Partido Nacional Libertario (PNL) y hasta hace unos años un aliado de Kast, que 11 días atrás dijo que Boric estaba “transformando un geriátrico, porque es eso, un hospicio donde la gente se está muriendo, en una cárcel común” y que dudaba que la Corte Suprema permitiría esta medida “o se lo va a aguantar, porque por lo demás está cometiendo una violación a los derechos humanos”. El presidente del Senado, Manuel José Ossandón, de Renovación Nacional, de la derecha tradicional, dijo entonces que la medida “más que un acto de justicia, parece un acto de venganza. Yo creo que eso no ayuda en nada, porque estamos hablando de puros reos que son sobre 80 años, un tema que pasó hace 50 años, y lo que va a causar es más polémica y más violencia interna en la discusión”.

La oficialización del decreto de modificación de la prisión ocurrió el 4 de noviembre. Según Gendarmería, este penal tiene capacidad para 133 internos y los reos actualmente son 141, lo que representa una ocupación del 106%. “Estamos hablando de un recinto de baja capacidad y que, comparativamente, con la mayor parte de los 82 recintos penitenciarios de la misma categoría existente en Chile, se encuentra en un estado de poblamiento mucho menos complejo”, señaló Pérez.

La autorización de la construcción de Punta Peuco, en la Administración del democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), provocó desde el principio grandes controversias en gran parte de la izquierda chilena, que consideraba que un centro detención especial para exuniformados condenados por violar los derechos humanos, era un privilegio. De hecho, Ricardo Lagos, quien fue ministro de Obras Públicas de Frei —entre 2000 y 2006 fue electo el primer presidente socialista tras Salvador Allende— se negó a firmar el decreto de creación de la cárcel. Y, en 2018, cuando Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) terminó su segundo Gobierno, ordenó el cierre del penal, pero Jaime Campos, quien era su ministro de Justicia, se negó a hacerlo porque creía que se transgredía la Constitución.

Entre los detenidos, que promedian los 80 años, se encuentra el brigadier retirado del Ejército, Miguel Krassnoff, quien suma más de mil años de condena por crímenes de lesa humanidad. Recientemente, a este exuniformado se le sumaron otros 20 años de presidio por su responsabilidad como autor de secuestro calificado de unas 13 personas y por la sustracción de dos menores durante la dictadura. Otro de los reclusos en Punta Peuco es Álvaro Corbalán Castilla, exjefe operativo de la ahora disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI), condenado por decenas de delitos; entre ellos, las muertes de Alejandro Salgado Troquián y Hugo Ratier Noguera, militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), una organización que proponía el camino armado en Chile para salir de la dictadura militar, en un “falso enfrentamiento” en septiembre de 1983 en la comuna de Quinta Normal.