La educación en el Gobierno actual: promesas incumplidas

De las áreas del Gobierno, la educación casi siempre resulta ser el objeto más frecuente de discursos enfáticos y prometedores. Sin ninguna duda, se trata del ámbito en que las medidas, ya sea a nivel global como en la sala de clases, tienen el efecto más duradero y, si se hacen mal, es muy difícil sanar el daño. Pero también es, por su naturaleza de extendido tránsito entre la niñez y la ciudadanía, un vehículo que se usa para promesas de aliento demasiado largo y medidas complacientes con quienes efectivamente pueden modificar los resultados de las elecciones. Ellos, por supuesto, no son los niños que cursan estudios en el sistema educativo.

En la política educativa es difícil evaluar inmediatamente la eficacia de las medidas, por lo que la misión del gobernante es aún más valiosa, así como la confianza que en él se deposita. Se espera más de quien toma las decisiones en la educación, porque cualquier cambio u omisión que en ella exista afectará fundamentalmente el resto de la vida de alguien.

El ministerio de Educación del actual Gobierno no ha honrado esa confianza y, a cerca de un año de que termine su gestión, no parece ser su intención hacerlo.

Cuando asumió el presidente Gabriel Boric, en marzo de 2022, era muy clara la gran urgencia del sistema educacional. Los aprendizajes habían perdido muchísimo terreno. Los niños y niñas en cursos avanzados de educación básica no sabían leer ni escribir bien. Los problemas de convivencia estaban en aumento explosivo, con la vuelta a clases y la reanudación de los vínculos educativos. El ministro de Educación prometía $250 mil millones de pesos para la reactivación educativa y convocaba a un Consejo, que estudiaría como enfrentar el mayor desafío de la educación chilena en este siglo.

Dos años después del inicio del Plan de Reactivación Educativa, es necesario revisar estos eventos. Recientemente, la Contraloría General de la República (CGR), encargada de llevar la contabilidad del Estado, en su informe número 455, de 2024, anunció que los $250 mil millones que mencioné en el párrafo anterior no estaban totalmente destinados para la recuperación educativa. Más bien, el ministerio usó un aparato discursivo para esconder que tan solo $17 mil millones (un 6,8%) eran para ese propósito.

Como resultado, los indicadores principales de la educación, como la convivencia, la deserción, la asistencia escolar y la calidad de los aprendizajes, han quedado en niveles muy insatisfactorios respecto a lo observado antes de la pandemia. Ahora parece “normal” que un niño vaya a menos del 85 % de las clases, algo que en la normativa es causal de repitencia. Tan “normal”, que se ha recortado el gasto en la Ley de Presupuestos para las subvenciones, porque “es esperable” que los niños vayan menos a clases.

Hace cerca de una década, algunas reformas del sistema educativo chileno estancaron la evolución de su calidad, porque fijaron su mirada en variables que no tenían que ver con ella. Hoy, es nuevamente la omisión adrede de la verdadera urgencia del sistema la que ha dañado gravemente a quienes transitan por él.

Así, mientras la comprensión lectora y las habilidades matemáticas de los estudiantes de 4° básico siguen en el mismo y deficiente nivel que hace 10 años, el ministerio de Educación busca que, a través de un proyecto de condonación del crédito CAE, muchos profesionales que hoy se encuentran en el 5% de mayores ingresos de la población reciban sobre $1,5 millones en una transferencia de riqueza neta.

Al mismo tiempo que las denuncias por conflictos de convivencia escolar —nuevamente— alcanzan un máximo histórico y constituyen el problema que más preocupa a las comunidades educativas, el proyecto de ley que el Ejecutivo ha presentado en la materia no se hace cargo del problema central ni aporta nuevos recursos para enfrentarlo. En cambio, el Gobierno prefiere destinar recursos al pago de la “deuda histórica”, que, sin ser una causa por sí misma perjudicial, dista de tener la misma urgencia que lo que afecta actual y gravemente a la mayoría de los niños del país.

Mientras en todos los niveles el Ejecutivo presiona por limitar y/o suprimir la autonomía de las instituciones educativas, quienes estudian en ellas son perjudicados, ya sea por el ausentismo crónico, por la deserción, por la violencia en la escuela o por los problemas de gestión en temas básicos de la tarea del Estado en la educación (i.e. útiles escolares).

Solo queda pensar que el ministerio de Educación del Gobierno ha equivocado el camino desde el principio. Desde un programa que erró gravemente en prioridades, e hizo promesas tanto irresponsables como imposibles de cumplir, hasta una gestión que durante todo su período ha mostrado falencias importantes. Es difícil pensar que, con su agenda actual, esto mejore.