Reforma al sistema político en Chile: proposiciones para un debate

Actualmente, al interior de la comisión de Constitución del Senado se discute una propuesta de reforma al sistema político, presentada por un grupo de parlamentarios. La propuesta hace hincapié en el fortalecimiento de los partidos, planteando un umbral superior al 5% de la votación y las sanciones al llamado discolaje de los parlamentarios electos. También se contempla la creación de federaciones de partidos, con el fin de evitar la proliferación de pequeñas agrupaciones. Así, se pretende revertir el problema de la fragmentación que viene afectando al actual sistema de partidos.

Existe un amplio consenso sobre la necesidad de revertir la fragmentación y el debilitamiento organizativo de los partidos. Se asume que los partidos son indispensables para el funcionamiento del sistema democrático. Además, se asume que no pueden ser reemplazables por otras formas asociativas, como los grupos de interés y los movimientos sociales, dado que los roles y funciones entre cada uno de ellos suelen ser diferentes. Pero una reforma al sistema político —que por cierto es una necesidad imperiosa— no puede quedar remitida únicamente en los partidos. Incluso, el fortalecimiento de los partidos, y el incentivo a una mayor competencia entre estos, así como entre los principales bloques y coaliciones, obedece a otros factores que van más allá de alcanzar el umbral del 5% y del problema de los parlamentarios díscolos.

1. Una reforma al sistema político debiese apuntar a la modificación del régimen de gobierno. En efecto, el presidencialismo imperante ha derivado en la conformación de gobiernos de minoría, como ha quedado demostrado desde la primera Administración de la presidenta Michelle Bachelet (2006-2010) hasta la actualidad. Desde esa época, todos los gobiernos carecieron de mayoría, o bien la fueron perdiendo en el transcurso de sus respectivas administraciones. A nivel latinoamericano, el presidencialismo ha sido caldo de cultivo para la emergencia de todo tipo de populismos y derivas autoritarias. Los estilos de gestión que han predominado en nuestro país, desde 2006 a la fecha, han debilitado los partidos al dejar espacio para la participación de independientes en los gabinetes, o bien por el excesivo papel que vienen asumiendo los asesores del presidente —en el llamado ‘segundo piso’—, por sobre las directivas de quienes integran sus respectivas coaliciones oficialistas.

2. Ampliar las posibilidades de reelección de quienes ostentan cargos de representación popular, desde parlamentarios, pasando por gobernadores hasta alcaldes y concejales. Las limitaciones en la reelección han afectado a los incumbentes de todos los partidos, con el consecuente problema de falta de experiencia en determinados cargos de elección popular. No se asume que la política moderna requiere de cierto grado de ‘profesionalización’, esto es, de figuras que hagan de la intervención en la esfera pública, y en el ámbito de la deliberación, algo permanente y no ocasional. La no relección debiera quedar reservada para quienes, habiendo ostentado cargos de elección popular, hayan incurrido en situaciones de corrupción, violencia intrafamiliar y otros delitos en contra de la probidad. A su vez, el reemplazo de los incumbentes debe ser el resultado de la competencia efectiva entre partidos o coaliciones.

3. Para una mayor competencia entre los partidos es fundamental que exista una alta participación, por lo que pasa a ser indispensable mantener la obligatoriedad del voto aumentando los montos de la multa por no concurrencia. Entre representantes de la izquierda, en particular del Frente Amplio (FA), se ha evidenciado durante este año la tentación por relativizar el voto obligatorio, al grado de llegar a plantear previo a las últimas elecciones la reducción de la multa, e incluso su eliminación, para convertirlo en una suerte de “voto voluntario encubierto”. Las últimas elecciones de alcaldes demostraron que, en realidad, el voto obligatorio afecta de manera indistinta el desempeño de cada una de las fuerzas políticas. Situación contraria a los efectos que trajo consigo el “voto voluntario”, vigente entre 2012 y 2022, que tendió a segregar socialmente a los electores.

4. Así como se plantea evitar el discolaje, también debiesen ser reducidos los espacios para la promoción de candidaturas independientes, tanto fuera de pacto como al interior de las listas partidarias, o correspondientes a determinadas coaliciones. Algo que ya ha sido planteado por varios analistas. En ocasiones, aparecer como “independientes” es un recurso que utilizan quienes pierden elecciones internas, o primarias, orientadas a escoger a quienes van a postular a cargos de representación popular, incluyendo incumbentes.

5. Considerar cada cierto tiempo los cambios en las dimensiones demográficas de distritos y circunscripciones senatoriales, para de ese modo evitar sobrerepresentar o subrepresentar determinadas realidades territoriales. Una alternativa factible sería establecer fórmulas mixtas, o que se combine la distribución proporcional de los cargos, en aquellas zonas con mayor densidad demográfica, con la lógica propia de los sistemas mayoritarios. También se podría pensar, en el caso de las elecciones para la Cámara Baja, en modificar los distritos, estableciendo algunos de tipo uninominal con otros en los que se distribuya una mayor cantidad de cargos.

Por último, una reforma que incluya un cambio del régimen político requiere en paralelo de una transformación sustantiva de la administración del Estado. Fomentar la carrera funcionaria, en la administración pública, pasa a ser tan importante como contar con políticos profesionales, con preparación y experiencia, por más que los roles de uno u otro sean de naturaleza completamente distinta. También requiere estar revisando, con cierta frecuencia, el tema del financiamiento y que existan condiciones para la difusión de ideas y de propaganda entre las distintas fuerzas políticas. En el caso particular de los partidos, se requiere que estos no solo superen la fragmentación, sino también el cuadro de desnacionalización que, en los últimos quince años, afecta a la totalidad del espectro.